La causa de los derechos humanos debe continuar independientemente de los resultados macroeconómicos de los gobiernos, de los éxitos locales y de la popularidad de los acusados
Por Víctor de Currea-Lugo
Fecha: 07/21/2008 -
Augusto Pinochet estabilizó con políticas neoliberales la economía chilena, luchó contra el comunismo y se perpetuó en el poder. Cuando él dijo que: “la única solución que existe para el problema de los derechos humanos es el olvido”, cuando afirmó que “en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa", no sabía que años después la justicia internacional iba a estar cerca de hacerle pagar por sus crímenes contra la humanidad.
Alberto Fujimori derrotó a Sendero Luminoso, estabilizó los indicadores económicos (lo que no significa repartir la riqueza), modificó la Constitución para ser reelegido en medio de una constante popularidad, pero casi nadie imaginaba que años después iba a estar frente a un tribunal por violaciones a los derechos humanos.
Omar Ahmad Al-Bashir, el dictador sudanés en el poder desde 1989, ha controlado el mercado de hidrocarburos con una política a favor de China, creador de grupos paramilitares (las milicias janjaweed), responsable de la primera crisis de desplazamiento interno del mundo, quien acusó a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos de ser el verdadero enemigo, acaba de ser acusado de ser responsable de los crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI), también goza de una popularidad importante en muchos sectores de la sociedad sudanesa.
Los tres casos demuestran varias cosas: uno, la popularidad no mide nada más que la popularidad misma: Bush fue reelegido a pesar de su guerra en Irak, Putin tenía un gran respaldo (gracias al monopolio mediático, entre otras cosas) en medio de su guerra genocida contra Chechenia, Sharón lo fue hasta el momento de su muerte política, más popular cuando más criminal contra los palestinos.
Dos, los resultados macroeconómicos no significan en ninguno de los tres casos una disminución de la pobreza, ni un aumento en la justicia social: Sudán casi dobló en 5 años el PIB gracias al petróleo pero la pobreza sigue siendo la misma o peor; el Chile de la transición se vio obligada a multiplicar por ocho los recursos para el sector público para recuperar (y no del todo) la red nacional de salud destruida por la política de Pinochet.
Y tres, la causa de los derechos humanos debe continuar independientemente de los resultados macroeconómicos de los gobiernos, de los éxitos locales y de la popularidad de los acusados. Los desaparecidos chilenos no pueden dejarse al olvido en aras de la reconciliación ni justificarse en la lucha contra el comunismo; los triunfos militares contra Sendero Luminoso no pueden justificar todos los métodos ni servir de excusa para la impunidad; los miles de mujeres violadas, de desplazados y de refugiados en Darfur (Sudán) no pueden negarse hablando de la conspiración de los derechos humanos contra el presidente de Sudán por parte “del hombre blanco”, ni invocando la mejora en las inversiones internacionales.
Estas coincidencias van más allá de que el nombre de los acusados empiece por “A”, tienen que ver con la puesta en escena de mecanismos de justicia internacional y/o de justicia universal. Estos procesos dependen de hechos reales, de pruebas, de documentación. No son la trampa de sus enemigos, al contrario, Pinochet murió en su cama precisamente por el respeto (exagerado diría yo) al debido proceso, por respetar el dictamen de unos médicos, sin ética alguna, que le facilitaron al dictador su regreso a Chile.
En el caso de Fujimori, el sistema chileno finalmente aprobó la extradición a Perú, luego de un largo proceso que buscaba, entre otras cosas, ser garantista: darle a Fujimori las garantías procesales que él le negó a miles de personas. Casi tres años tomó a las autoridades chilenas tomar tal decisión.
En el caso de Al-Bashir, éste ha desafiado la justicia internacional. La Corte Penal Internacional pidió en 2007 la detención por crímenes de guerra de dos de sus colaboradores: Ahmed Harun, quien, según el Fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo, “no está protegiendo los campos de desplazados, los está controlando”, y Musa Halil, líder de las milicias janjaweed. La respuesta de Al-Bashir fue clara: no entregó al primero y nombró asesor presidencial al segundo.
Pinochet finalmente murió sin responder por sus crímenes pero en medio del repudio político y la condena moral de la humanidad; Fujimori está bajo detención y enfrentará varios procesos por violaciones de derechos humanos; Al-Bashir no puede seguir negando el genocidio de Darfur, acusando a la CPI de ser un agente occidental que “no entiende” la realidad africana.
Así como ellos, otros, más o menos populares, más o menos criminales, un día se sentarán frente a la justicia a responder por sus crímenes. Todos ellos deberían de seguir la costumbre del “momento mori”: en la antigua Roma durante los desfiles triunfales, durante una muestra de popularidad, un siervo iba detrás del personaje en cuestión diciéndole al oído “recuerda que eres mortal”. Y, podemos añadir, si eres mortal, eres susceptible de que un día toque a tu puerta la justicia.
Estudiantes UPTC: Desde Boyacá pa' sumercé publicando fotos,vídeos y documentos que aporten a la construcción y la organización. yeldebate en los diferentes espacios políticos por la defensa de los derechos de las clases populares y la lucha por la construcción del poder popular.
21 jul 2008
Y la libertad para los desaparecidos cuándo? (tomado de semana)
Del secuestro sabemos mucho: cifras, grupos responsables, modalidades, nombres de las víctimas, tiempo de cautiverio. Pero es poco lo que conocemos de la desaparición forzada: las estadísticas no son precisas y no está en boca de las sociedades generadoras de opinión y de información.
Por Juan Diego Restrepo*
Fecha: 07/21/2008 -
¿Y los que sufren el flagelo de la desaparición forzada cuándo regresan a la libertad? La pregunta me sigue rondando después de presenciar las multitudinarias marchas que recorrieron este 20 de julio las principales calles de decenas de ciudades del país y del extranjero protestando contra el secuestro y clamando por la liberación de los cautivos en poder de las guerrillas.
Debo aceptar que la pregunta es inoportuna en este momento de efusividad patriótica, pero es justo tener en cuenta a todos aquellos que hoy están desaparecidos de manera forzada y reclamar por su libertad. Y admito que no tiene respuesta optimista, entre otras razones porque gran parte de la sociedad colombiana y mundial se han ocupado de darle la espalda a quienes padecen desde hace décadas esta modalidad delictiva, considerada como crimen de lesa humanidad por el derecho internacional y cuya acción punitiva no prescribe en el tiempo.
En esa perspectiva, Medellín vive una tragedia. Mientras en el primer trimestre del año se presentó un solo caso de secuestro en la ciudad, las desapariciones forzadas sumaron 21.
Una revisión de registros de personas desaparecidas adelantada por funcionarias de la Personería a las bases de datos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Medicina Legal y a los comandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Antioquia, detectó que entre enero 1 y marzo 31 de este año se reportaron 85 desapariciones de personas; de ellas, 12 ya aparecieron vivas y una más muerta.
Lo que impresiona de ese informe es que no sólo en un trimestre continúen desaparecidas 72 personas, sino que en por lo menos 21 casos se haya evidenciado un perfil violento que clasifica la desaparición como forzada y que, según el informe de la Personería, no son tratadas como tales por las autoridades.
Entre los casos más dramáticos ocurridos en la capital antioqueña quisiera destacar el que involucró a tres muchachos afrodescendientes – Ángel David Buenaños, Jesús Daniel Robledo Zea y Jhon Emilio Robledo Zea –, obreros de la construcción, desplazados del departamento del Chocó y habitantes del barrio 8 de Marzo, un populoso sector de las laderas orientales de la ciudad.
Este caso de desaparición forzada múltiple ocurrió al anochecer del 27 de enero de este año. Sus parientes me contaron que a eso de las 8 de la noche llegaron a la humilde vivienda cerca de 10 hombres vestidos de negro y encapuchados, retuvieron a los muchachos, los sindicaron de “guerrilleros” y se los llevaron. Desde ese día no se volvió a saber nada de ellos.
Un aspecto de este hecho que sorprende es el argumento que expuso un comandante barrial de la Policía Nacional, quien sostuvo que los desmovilizados de las Auc están pendientes de la gente que llega nueva al barrio, y con relación a los tres chocoanos dijo que los ex paramilitares “estaban muy 'tocados' porque esos muchachos a pesar de ser tan nuevos en el barrio se 'movían' con mucha propiedad”.
Del secuestro sabemos mucho: cifras concretas, grupos responsables, modalidades, clasificación de las víctimas, nombres de los afectados, tiempo de cautiverio. Frente a este delito, la sociedad siempre se ha manifestado y los medios de información lo han destacado de manera reiterada. Pero es poco lo que conocemos de la desaparición forzada: las estadísticas no son precisas, no es un tema que esté en boca de las sociedades generadoras de opinión y de información, y, por lo tanto, no es agendado por los medios de comunicación.
Un estudio reciente sobre un conjunto de titulares referidos a dichos crímenes y publicados en un medio impreso regional entre 1995 y 2005 determinó que el 75 por ciento correspondió al tema del secuestro y 25 por ciento a la desaparición forzada. Comparativamente, esa tendencia se ha reflejado en las marchas del 4 de febrero, del 6 de marzo y de este 20 de julio.
Tanto el secuestro como la desaparición forzada son dos prácticas aberrantes que subyugan la libertad del individuo y la de sus familias, pero la mirada sobre el segundo delito es, tal vez, más benévola por parte de un amplio sector social, como si consideraran que es políticamente legítima y conveniente, dado que a las víctimas se les acusa de “ser guerrilleros”, sin que puedan defenderse.
Cuando concebí la idea de escribir esta columna, hablé con una señora que hace parte de la Corporación Madres de la Candelaria y quien lucha por el regreso de su hijo desaparecido. Al preguntarle qué hay que hacer para devolverle la libertad a los desaparecidos me contestó: “debemos devolverle su dignidad, conservar su memoria, ponerle voz y rostro a todos ellos, y no olvidarlos, porque al olvidarlos se mueren”.
Ojalá el triunfalismo patriótico que siente un amplio sector social, tanto dentro como fuera del país, no les nuble la razón y acaben matando con su amnesia a quienes sufren la desaparición forzada. Sus familias reclaman solidaridad nacional e internacional porque también los quieren de regreso a la libertad.
(*) Periodista y profesor universitario
Por Juan Diego Restrepo*
Fecha: 07/21/2008 -
¿Y los que sufren el flagelo de la desaparición forzada cuándo regresan a la libertad? La pregunta me sigue rondando después de presenciar las multitudinarias marchas que recorrieron este 20 de julio las principales calles de decenas de ciudades del país y del extranjero protestando contra el secuestro y clamando por la liberación de los cautivos en poder de las guerrillas.
Debo aceptar que la pregunta es inoportuna en este momento de efusividad patriótica, pero es justo tener en cuenta a todos aquellos que hoy están desaparecidos de manera forzada y reclamar por su libertad. Y admito que no tiene respuesta optimista, entre otras razones porque gran parte de la sociedad colombiana y mundial se han ocupado de darle la espalda a quienes padecen desde hace décadas esta modalidad delictiva, considerada como crimen de lesa humanidad por el derecho internacional y cuya acción punitiva no prescribe en el tiempo.
En esa perspectiva, Medellín vive una tragedia. Mientras en el primer trimestre del año se presentó un solo caso de secuestro en la ciudad, las desapariciones forzadas sumaron 21.
Una revisión de registros de personas desaparecidas adelantada por funcionarias de la Personería a las bases de datos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Medicina Legal y a los comandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Antioquia, detectó que entre enero 1 y marzo 31 de este año se reportaron 85 desapariciones de personas; de ellas, 12 ya aparecieron vivas y una más muerta.
Lo que impresiona de ese informe es que no sólo en un trimestre continúen desaparecidas 72 personas, sino que en por lo menos 21 casos se haya evidenciado un perfil violento que clasifica la desaparición como forzada y que, según el informe de la Personería, no son tratadas como tales por las autoridades.
Entre los casos más dramáticos ocurridos en la capital antioqueña quisiera destacar el que involucró a tres muchachos afrodescendientes – Ángel David Buenaños, Jesús Daniel Robledo Zea y Jhon Emilio Robledo Zea –, obreros de la construcción, desplazados del departamento del Chocó y habitantes del barrio 8 de Marzo, un populoso sector de las laderas orientales de la ciudad.
Este caso de desaparición forzada múltiple ocurrió al anochecer del 27 de enero de este año. Sus parientes me contaron que a eso de las 8 de la noche llegaron a la humilde vivienda cerca de 10 hombres vestidos de negro y encapuchados, retuvieron a los muchachos, los sindicaron de “guerrilleros” y se los llevaron. Desde ese día no se volvió a saber nada de ellos.
Un aspecto de este hecho que sorprende es el argumento que expuso un comandante barrial de la Policía Nacional, quien sostuvo que los desmovilizados de las Auc están pendientes de la gente que llega nueva al barrio, y con relación a los tres chocoanos dijo que los ex paramilitares “estaban muy 'tocados' porque esos muchachos a pesar de ser tan nuevos en el barrio se 'movían' con mucha propiedad”.
Del secuestro sabemos mucho: cifras concretas, grupos responsables, modalidades, clasificación de las víctimas, nombres de los afectados, tiempo de cautiverio. Frente a este delito, la sociedad siempre se ha manifestado y los medios de información lo han destacado de manera reiterada. Pero es poco lo que conocemos de la desaparición forzada: las estadísticas no son precisas, no es un tema que esté en boca de las sociedades generadoras de opinión y de información, y, por lo tanto, no es agendado por los medios de comunicación.
Un estudio reciente sobre un conjunto de titulares referidos a dichos crímenes y publicados en un medio impreso regional entre 1995 y 2005 determinó que el 75 por ciento correspondió al tema del secuestro y 25 por ciento a la desaparición forzada. Comparativamente, esa tendencia se ha reflejado en las marchas del 4 de febrero, del 6 de marzo y de este 20 de julio.
Tanto el secuestro como la desaparición forzada son dos prácticas aberrantes que subyugan la libertad del individuo y la de sus familias, pero la mirada sobre el segundo delito es, tal vez, más benévola por parte de un amplio sector social, como si consideraran que es políticamente legítima y conveniente, dado que a las víctimas se les acusa de “ser guerrilleros”, sin que puedan defenderse.
Cuando concebí la idea de escribir esta columna, hablé con una señora que hace parte de la Corporación Madres de la Candelaria y quien lucha por el regreso de su hijo desaparecido. Al preguntarle qué hay que hacer para devolverle la libertad a los desaparecidos me contestó: “debemos devolverle su dignidad, conservar su memoria, ponerle voz y rostro a todos ellos, y no olvidarlos, porque al olvidarlos se mueren”.
Ojalá el triunfalismo patriótico que siente un amplio sector social, tanto dentro como fuera del país, no les nuble la razón y acaben matando con su amnesia a quienes sufren la desaparición forzada. Sus familias reclaman solidaridad nacional e internacional porque también los quieren de regreso a la libertad.
(*) Periodista y profesor universitario
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