CASANARE: EXHUMANDO EL GENOCIDIO

Los pasados dias 31 de octubre y 1º de noviembre ocurrió algo que muchos no esperaban. Las víctimas de Casanare han decidido no continuar en el estado de temor que les inmovilizaba y han empezado a pedir justicia, a contar al mundo entero lo que ocurrió en el departamento, a señalar los responsables y pedir justicia, una justicia que no consiste en una indemnización económica, trivial intento de mercantilizar hasta la muerte de seres insustituibles en cuanto seres humanos, sino de la justicia por la que en su ausencia, tantas personas perdieron sus vidas.

Cientos de personas, procedentes de diferentes partes del país, de varios municipios del departamento Casanare y hasta delegados de otros países se ha unieron en un único grito: ¡nunca más!

Participaron a la peregrinación organizaciones de familiares de desaparecidos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, estudiantes, organizaciones de víctimas. Pero los verdaderos protagonistas del evento fueron las víctimas del Casanare, estas mujeres, hombres, ancianos y jóvenes que con una fotografía o a veces solo una silueta de sus seres queridos asesinados o desaparecidos por el terrorismo de Estado, se han reunido para llorar sus seres queridos, solidarizarse con las demás victimas y por ende reivindicar su legítimo y sagrado derecho a la verdad, la justicia y a una reparación, adecuada, verdadera y llena de contenido político.

Hablar de Casanare nos obliga a contar una historia de viejas raíces, fundadas sobre un neocolonialismo que no se distancia de forma sustancial de lo que fueron las masacres y el saqueo cometido contra toda América Latina en tiempos de la mal llamada colonización.

Como entonces, se trataba de sacar los recursos naturales del territorio para beneficio de un sistema injusto y -aunque los economistas afirmen lo contrario- absolutamente irracional, si por racional entendemos el alcance de un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza en la búsqueda del más alto y difuso nivel de felicidad para toda la especie.

Pero esta historia la contamos desde un tiempo más cercano, desde lo que pasó hace 20 años.

El conflicto colombiano, un conflicto con profundas raíces económicas, políticas y sociales, se manifiesta en todos los rincones del país incluso en los más olvidados y lejanos de los ruidos de la capital. Fue así que en Chámeza, pequeño municipio casanareño, colindante con el departamento de Boyacá empieza esta historia.

En el año 1989 la insurgencia entra al municipio y en una acción militar dirigida contra al Ejército Nacional, cae un teniente. Inmediatamente el Ejército como retaliación contra la población civil coge y desaparece a los hermanos Luís y Jairo Antonio Acosta, estudiantes de colegio de 16 y 19 años respectivamente. A los tres o cuatro días un poblador halla los cuerpos de los dos jóvenes sin vida, con evidentes rasgos de tortura. Durante el entierro, no satisfechos de la barbarie cometida, los militares apuntan con sus fusiles al pueblo en luto.

Pasan 15 años, años en los cuales los municipios de Chámeza y Recetor son olvidados por el estado y se vuelven territorio de la insurgencia. Farc y Eln sustituyen el gobierno hasta cuando no ocurre un hecho que volverá a ensangrentar estos dos infelices pueblos: el hallazgo de importantes yacimientos de petróleo.

Y el petróleo, en vez que traer bienestar y riqueza trae consigo la militarización del territorio y con ello la llegada de los grupos paramilitares, las ACC, quienes, según sus pobladores, en evidente alianza con la fuerza pública desaparecen decenas de campesinos de los municipios de Chámeza y Recetor.

Lo mismo pasa en todo el departamento, donde fuerza pública y paramilitares se unen en la macabra tarea de exterminar toda forma organizativa supuesta o real presente, todo lo que pueda de alguna u otra forma considerarse un obstáculo a los planes de explotación de los hidrocarburos en Casanare. Explotación que, cabe precisar, es en la mayoría de las veces realizada por empresas foráneas, donde Ecopetrol aparece nada más en papeles.

Desapariciones, asesinatos y torturas se alternan con los montajes judiciales y las ejecuciones extrajudiciales, que realmente son crímenes de estado. Nuevamente los responsables son la fuerza pública y los grupos paramilitares.

Frente a semejante tragedia e insulto a la dignidad humana, el gobierno de Uribe Vélez confunde intencionalmente, la reconciliación con la impunidad, ignorando que no es posible de ninguna manera olvidar lo ocurrido.

Desatender la urgente necesidad de verdad sobre esos hechos, que es necesario el castigo para los culpables y hacer cambios sustanciales en el sistema político y económico, así como en las instituciones estatales que han propiciado este genocidio.

Pero esta confusión no es casual, no es síntoma de escasa capacidad intelectual, ni se puede adscribir a una falta de claridades sino, si de claridades se trata se debe considerar como una inequivocable toma de posición entre lugares irreconciliables entre víctimas y verdugos, explotadores y explotados, saqueadores y saqueados. Este gobierno como muchos más en la historia de este país se ha colocado con los unos y no con los otros.

Pero, el pueblo víctima, explotado y saqueado no se calla. No obstante periodos de aparente inmovilidad sigue siendo atropellado y a pesar de estar asustado todavía se organiza para resucitar de sus cenizas.

El camino ha comenzado, será largo y seguramente llevará dificultades y nuevos dolores. Sin embargo hay que hacerlo, si se quiere reapropiarse del derecho al futuro para nosotros y las generaciones venideras.

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria -COSPACC
Banco de Datos del CINEP
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP
Red Antorcha

Casanare, noviembre de 2009