A las 11:30 de la mañana de ayer se produjo la captura de quien es considerado el más importante dirigente político conservador de Boyacá.
La orden de Captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, por vinculos con paramilitares, podría ser el comienzo del fin de la carrera política para el senador conservador Ciro Ramírez Pinzón.
La detención del parlamentario boyacense se produjo a las 11:30 de la mañana, cuando este se encontraba en la oficina de su abogado, el ex magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar.
Segundos después de que la Fiscalía lo capturara, el senador boyacense fue trasladado al Bunker de la Fiscalía.
Varios juristas consultados por Boyacá 7 días se mostraron extrañados de la forma como se produjo la detención de Ramírez y de tres parlamentarios más:Dixon Tapasco, liberal de Caldas; Luis Fernando Almario, conservador uribista de Caquetá, y Pompilio Avendaño, liberal del Tolima.
A diferencia de otros reconocidos casos de parlamentarios involucrados en parapolítica, en las capturas que se produjeron ayer, la Corte Suprema consideró que no era necesario escucharlos en indagatoria sino que determinó que existían suficientes pruebas para ponerlos a buen recaudo.
Ramírez, oriundo de Moniquirá, fue electo al Senado en el año 2006 por cerca de 60 mil votos, muchos de los cuales fueron obtenidos en regiones donde este no ha tenido ninguna influencia política y en las que los paramilitares respaldaron varias campañas.
Sin embargo, las investigaciones contra Ramírez Pinzón empezaron en 1998. En el 2003 fue relacionado con procesos de tráfico de influencias y presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes.
Luego la DEA remitió a la Corte Suprema de Colombia un expediente de 200 páginas en el que se señala que el paramilitar Gilberto Saavedra alias 'El Doctor', sirvió de enlace para encuentros entre el senador boyacense con el presunto narcotraficante Fernando Montenegro y el paramilitar Henry de Jesús Gómez, alias 'Mi Sangre', quien se desmovilizó en el 2005.
En el 2007 Ramírez había rendido versión libre ante la Corte Suprema.
La Sala Penal de la Corte posee grabaciones que demostrarían la cercanía de Ramírez con personas vinculadas al narcotráfico.
En declaraciones varios medios de comunicación Ramírez había dicho recientemente que estaba tranquilo , pues fue él quien le solicitó a la Corte que lo investigara.
En declaraciones Boyacá 7 días, Ramírez dijo recientemente que esperaba demostrar su inocencia, salir avante en la investigación que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia y volver a aspirar al Senado de la República en las elecciones del 2010.
¿Quién es Ciro Ramírez Pinzón?
Ramírez es el parlamentario boyacense que en los últimos 40 años más ha alcanzado honores a nivel nacional. Ingeniero agrónomo de la Uptc, comenzó su carrera política como gerente de la Caja de Previsión Social de Boyacá.
Fue diputado a la Asamblea de Boyacá, tres veces representante a la Cámara, en tres periodos continuos ha sido senador, fue vicepresidente del Senado de la República y presidente del Directorio Nacional Conservador.
Es muy reconocida su amistad con el ex presidente Pastrana y con el presidente Uribe.
Estudiantes UPTC: Desde Boyacá pa' sumercé publicando fotos,vídeos y documentos que aporten a la construcción y la organización. yeldebate en los diferentes espacios políticos por la defensa de los derechos de las clases populares y la lucha por la construcción del poder popular.
24 feb 2008
¿Y la sangre colombiana no vale? (tomado de {el tiempo)
Acumuló una inmensa fortuna a costa de la sangre y el sudor de la gente de trabajo honrado. Gastó a manos llenas en vanidades, a sabiendas de la ruina en la que él y su banda de matarifes sumieron a sus paisanos. Se paseó por su Valledupar natal con la arrogancia de un virrey encargado de cuidar las posesiones de su señor, al tiempo que engrandecía las suyas.
Hugues Rodríguez Fuentes tendría que pagar muchos crímenes y atropellos, comenzando por su cuota de responsabilidad en los mil muertos que confesó su patrón esta semana con un hiriente cinismo. Y pensar que esa aterradora cifra corresponde a una correría sanguinaria de tan sólo quince días.
Sin embargo, no responderá por los daños causados a sus compatriotas. El 'comandante Barbie', lugarteniente de 'Jorge 40', que asesinó, extorsionó, robó fincas y ganado, desplazó gentes y amasó un voluminoso patrimonio, está negociando su impunidad en el Imperio, al que no le preocupan las lágrimas ni la sangre de los campesinos, comerciantes y ganaderos colombianos, sino las rutas y la plata del narcotráfico.
A cambio de echar al agua a algún traqueto y de entregar unos millones de los muchos que ganó traficando con '40', silenciará sus infinitos crímenes, sus muchos testaferros y las conexiones con la clase política, militar y policial que le ayudó a construir su tenebroso reino.
Hugues representa el prototipo del colombiano acosado por la violencia metido a paraco. Las Farc secuestraron y asesinaron de forma vil a una de sus hermanas, con la abulia de las autoridades que nada hacían entonces por esa región. El muchacho no se aguantó la rabia y se unió a 'Jorge 40'. Proclamaba que había aniquilado a todos cuantos tuvieron que ver con aquel episodio trágico, asesinatos que no lograron apaciguar ni su sed de venganza ni su voraz e insaciable apetito de plata.
Ponía el ojo en una finca y asfixiaba a sus propietarios a fin de expulsarlos y anexar las tierras a su hato. Les robaba ganado, amenazaba a los trabajadores, les exigía vacunas impagables por medio de sus cobradores habituales, Manuel Gutiérrez, 'Tolemaida', '39' o él mismo.
Esa actividad era tan sólo una de sus áreas delincuenciales, quizá la más personal y apreciada, porque ansiaba convertirse en un gran terrateniente y ganadero, siguiendo la estela de su papá. Sólo que el progenitor era pacífico y el hijo salió matón.
Pero no sufra, 'comandante Barbie'. Desde esta columna quisiera tranquilizarle y permitir que negocie sin temores con esa Justicia norteamericana mercantilista que premia a los capos y castiga a inocentes y lavaperros. Nadie le va a perjudicar acá. Usted tuvo la habilidad de entregar a mucho finquero ganado al partir, convirtiéndoles en sus cómplices, y la suerte de formar parte de esa sociedad frívola vallenata que disculpa y justifica sus tropelías. Ni señalarán a su administrador, Víctor Fuentes, que le cuida las espaldas financieras.
Cómo de fresco estaría usted antes de huir hacia Venezuela y luego a USA que su empresa, Inversiones Rodríguez Fuentes LTD, aportó dos millones de pesos a la campaña electoral del liberal José Luis Urón, a pesar de que ya sabíamos entonces de sus andanzas. Una módica cantidad que refleja la impunidad con que ustedes actuaban.
Y tampoco se preocupe por los políticos y satélites afines de la región. Sus secretos quedan a buen recaudo. Los gringos no están interesados en conocer sus amistades peligrosas con Mauricio Pimiento, el prófugo Álvaro Araújo Noguera, su hijo Sergio, los Cuello y un largo etcétera de personajes con quienes mantuvo una estrecha relación.
El escuálido arsenal -granada y pistola- encontrado el otro día en Itagüí me hizo pensar en usted. Pudiera tener el fin de enviar a jefes paracos al norte para que negocien sus penas, salven la vida porque aquí tienen demasiadas culebras y oculten las verdades que comprometen a determinados nombres.
Salud Hernández-Mora
Hugues Rodríguez Fuentes tendría que pagar muchos crímenes y atropellos, comenzando por su cuota de responsabilidad en los mil muertos que confesó su patrón esta semana con un hiriente cinismo. Y pensar que esa aterradora cifra corresponde a una correría sanguinaria de tan sólo quince días.
Sin embargo, no responderá por los daños causados a sus compatriotas. El 'comandante Barbie', lugarteniente de 'Jorge 40', que asesinó, extorsionó, robó fincas y ganado, desplazó gentes y amasó un voluminoso patrimonio, está negociando su impunidad en el Imperio, al que no le preocupan las lágrimas ni la sangre de los campesinos, comerciantes y ganaderos colombianos, sino las rutas y la plata del narcotráfico.
A cambio de echar al agua a algún traqueto y de entregar unos millones de los muchos que ganó traficando con '40', silenciará sus infinitos crímenes, sus muchos testaferros y las conexiones con la clase política, militar y policial que le ayudó a construir su tenebroso reino.
Hugues representa el prototipo del colombiano acosado por la violencia metido a paraco. Las Farc secuestraron y asesinaron de forma vil a una de sus hermanas, con la abulia de las autoridades que nada hacían entonces por esa región. El muchacho no se aguantó la rabia y se unió a 'Jorge 40'. Proclamaba que había aniquilado a todos cuantos tuvieron que ver con aquel episodio trágico, asesinatos que no lograron apaciguar ni su sed de venganza ni su voraz e insaciable apetito de plata.
Ponía el ojo en una finca y asfixiaba a sus propietarios a fin de expulsarlos y anexar las tierras a su hato. Les robaba ganado, amenazaba a los trabajadores, les exigía vacunas impagables por medio de sus cobradores habituales, Manuel Gutiérrez, 'Tolemaida', '39' o él mismo.
Esa actividad era tan sólo una de sus áreas delincuenciales, quizá la más personal y apreciada, porque ansiaba convertirse en un gran terrateniente y ganadero, siguiendo la estela de su papá. Sólo que el progenitor era pacífico y el hijo salió matón.
Pero no sufra, 'comandante Barbie'. Desde esta columna quisiera tranquilizarle y permitir que negocie sin temores con esa Justicia norteamericana mercantilista que premia a los capos y castiga a inocentes y lavaperros. Nadie le va a perjudicar acá. Usted tuvo la habilidad de entregar a mucho finquero ganado al partir, convirtiéndoles en sus cómplices, y la suerte de formar parte de esa sociedad frívola vallenata que disculpa y justifica sus tropelías. Ni señalarán a su administrador, Víctor Fuentes, que le cuida las espaldas financieras.
Cómo de fresco estaría usted antes de huir hacia Venezuela y luego a USA que su empresa, Inversiones Rodríguez Fuentes LTD, aportó dos millones de pesos a la campaña electoral del liberal José Luis Urón, a pesar de que ya sabíamos entonces de sus andanzas. Una módica cantidad que refleja la impunidad con que ustedes actuaban.
Y tampoco se preocupe por los políticos y satélites afines de la región. Sus secretos quedan a buen recaudo. Los gringos no están interesados en conocer sus amistades peligrosas con Mauricio Pimiento, el prófugo Álvaro Araújo Noguera, su hijo Sergio, los Cuello y un largo etcétera de personajes con quienes mantuvo una estrecha relación.
El escuálido arsenal -granada y pistola- encontrado el otro día en Itagüí me hizo pensar en usted. Pudiera tener el fin de enviar a jefes paracos al norte para que negocien sus penas, salven la vida porque aquí tienen demasiadas culebras y oculten las verdades que comprometen a determinados nombres.
Salud Hernández-Mora
18 feb 2008
PACTO CON EL DIABLO
SEMANA revela documentos recién desclasificados en Washington que dejan en evidencia la relación de la CIA con los nacientes grupos paramilitares colombianos.
Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás, cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escobar . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".
¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
Vicente Castaño después de la creación de los Pepes prosiguió alimentando su ejército que se transformó con el tiempo en las AUC.
Una de las revelaciones más sorprendentes de los documentos desclasificados es que reconoce que Estados Unidos espiaba al presidente Gaviria. A la derecha, Morris Busby, embajador de ese país en Bogotá en aquella época
Fidel Castaño fundó Los Pepes y, según los informes ahora desclasificados, recibió ayuda de la DEA y de la CIA para matar a Escobar.
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Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".
Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".
Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".
La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".
El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".
Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".
El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".
The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".
Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentando se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.
Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado.
Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás, cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escobar . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".
¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
Vicente Castaño después de la creación de los Pepes prosiguió alimentando su ejército que se transformó con el tiempo en las AUC.
Una de las revelaciones más sorprendentes de los documentos desclasificados es que reconoce que Estados Unidos espiaba al presidente Gaviria. A la derecha, Morris Busby, embajador de ese país en Bogotá en aquella época
Fidel Castaño fundó Los Pepes y, según los informes ahora desclasificados, recibió ayuda de la DEA y de la CIA para matar a Escobar.
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Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".
Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".
Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".
La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".
El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".
Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".
El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".
The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".
Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentando se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.
Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado.
17 feb 2008
Homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado
POR LOS DESAPARECIDOS
POR LOS DESPLAZADOS
POR LOS MASACRADOS
POR LOS EJECUTADOS
En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su "desmovilización", han asesinado 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como "positivos".
Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales. En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.
¡Nunca más fosas comunes - Nunca más desplazamientos forzados -
Nunca más paramilitares - Nunca más parapolíticos - Nunca más crímenes de Estado!
6 DE MARZO DE 2008
Convoca:El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
POR LOS DESPLAZADOS
POR LOS MASACRADOS
POR LOS EJECUTADOS
En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su "desmovilización", han asesinado 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como "positivos".
Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales. En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.
¡Nunca más fosas comunes - Nunca más desplazamientos forzados -
Nunca más paramilitares - Nunca más parapolíticos - Nunca más crímenes de Estado!
6 DE MARZO DE 2008
Convoca:El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
11 feb 2008
Feriando el patrimonio público
Muy equivocada, apresurada y tal vez ilícita, la forma como el Gobierno ha adelantado el proceso de privatización de las electrificadoras de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca. Además con el grave riesgo de producir un detrimento del patrimonio público, tal como lo denunció el Contralor General de la República.
La historia comenzó en el 2004, bajo Uribe I, cuando el Conpes, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario, aprobó la venta de las acciones de propiedad de la Nación en estas cinco electrificadoras regionales y se oficializó en julio del año pasado, bajo Uribe II, con la expedición de los decretos que definieron el programa de enajenación de las mismas, incluyendo la aprobación del avalúo ‘técnico’ de las empresas, según el cual el valor de las acciones estatales ascendía a $946.000 millones, siendo este el precio base para ofrecerlas en venta.
Desde el comienzo hubo críticas a estas privatizaciones. En esta misma columna denuncié que se estaba haciendo una trastada a los fondos de pensiones al prohibirles comprar más del tres por mil del total de acciones de cada empresa; el ex ministro Hommes coincidió en esta crítica y alertó sobre el peligro de fortalecer los monopolios en el sector eléctrico en desmedro del sector social. La mayoría de los parlamentarios de esas regiones, incluyendo los de los partidos uribistas, se opusieron a la privatización, lo mismo que los gobernadores de las regiones involucradas, quienes le plantearon al Gobierno la posibilidad de que las electrificadoras fueran vendidas a los entes territoriales.
La objeción más contundente a esta venta provino del contralor Julio César Turbay, quien en diciembre del 2007 formuló un “control de advertencia” y pidió al Ministro de Minas suspender el proceso de enajenación por considerar que la valoración estaba mal hecha. “Continuar el proceso bajo esas condiciones implicaría el riesgo de menores ingresos para el Estado, lo que podría configurar detrimento patrimonial”, afirmó en su documento y añadió que la Contraloría encontró “serias dificultades para obtener la información necesaria sobre los ejercicios de valoración adelantados por las bancas de inversión contratadas por ese Ministerio (…), lo cual va en detrimento de la transparencia que un proceso de esta magnitud debe tener”. Son críticas muy similares a las que hizo la misma Contraloría, cuando el presidente Uribe quiso entregarle Telecom a un empresario mexicano.
Inicialmente el Gobierno desestimó todas las objeciones y críticas, inclusive las del Contralor, y decidió seguir adelante con la privatización que debía culminarse a finales del año pasado. Sin embargo, no pudo hacerlo en ese mes, gracias a la afortunada intervención de jueces de la República que aceptaron las tutelas interpuestas contra la venta de las electrificadoras de Norte de Santander y Meta. Otra acción judicial en el caso de la empresa de Boyacá todavía está bajo estudio.
Lo extraño es que después de haber rechazado las críticas a la valoración de las electrificadoras y de haber estado listo a venderlas a los bajos precios definidos el año pasado, el Gobierno cambió súbitamente de posición y expidió los Decretos 242 a 246 del 2008, mediante los cuales subió el precio de venta de sus acciones, el cual ahora es de $1.157 millones, es decir $211.000 millones más que en el avalúo anterior.
El tardío reconocimiento de sus equivocaciones no exime al Gobierno de la responsabilidad política de las mismas. ¿Qué hubiera pasado si las acciones populares no hubieran demorado la subasta de las electrificadoras y éstas se hubieran hecho a un precio más bajo que su valor? ¿Quién hubiera respondido por el detrimento del patrimonio público?
Subsisten otros interrogantes sobre este oscuro proceso. ¿Por qué la prisa de vender estos bienes públicos y no esperar a que se definan todos los procesos judiciales? ¿Por qué no entregar la información necesaria a la Contraloría? ¿Por qué los límites ilegales a la compra por parte de los fondos de pensiones?. Ojalá el Congreso tome cartas en el asunto para evitar que se siga feriando el patrimonio público.
Mauricio Cabrera Galvis, El País, Cali, febrero 10 de 2008
La historia comenzó en el 2004, bajo Uribe I, cuando el Conpes, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario, aprobó la venta de las acciones de propiedad de la Nación en estas cinco electrificadoras regionales y se oficializó en julio del año pasado, bajo Uribe II, con la expedición de los decretos que definieron el programa de enajenación de las mismas, incluyendo la aprobación del avalúo ‘técnico’ de las empresas, según el cual el valor de las acciones estatales ascendía a $946.000 millones, siendo este el precio base para ofrecerlas en venta.
Desde el comienzo hubo críticas a estas privatizaciones. En esta misma columna denuncié que se estaba haciendo una trastada a los fondos de pensiones al prohibirles comprar más del tres por mil del total de acciones de cada empresa; el ex ministro Hommes coincidió en esta crítica y alertó sobre el peligro de fortalecer los monopolios en el sector eléctrico en desmedro del sector social. La mayoría de los parlamentarios de esas regiones, incluyendo los de los partidos uribistas, se opusieron a la privatización, lo mismo que los gobernadores de las regiones involucradas, quienes le plantearon al Gobierno la posibilidad de que las electrificadoras fueran vendidas a los entes territoriales.
La objeción más contundente a esta venta provino del contralor Julio César Turbay, quien en diciembre del 2007 formuló un “control de advertencia” y pidió al Ministro de Minas suspender el proceso de enajenación por considerar que la valoración estaba mal hecha. “Continuar el proceso bajo esas condiciones implicaría el riesgo de menores ingresos para el Estado, lo que podría configurar detrimento patrimonial”, afirmó en su documento y añadió que la Contraloría encontró “serias dificultades para obtener la información necesaria sobre los ejercicios de valoración adelantados por las bancas de inversión contratadas por ese Ministerio (…), lo cual va en detrimento de la transparencia que un proceso de esta magnitud debe tener”. Son críticas muy similares a las que hizo la misma Contraloría, cuando el presidente Uribe quiso entregarle Telecom a un empresario mexicano.
Inicialmente el Gobierno desestimó todas las objeciones y críticas, inclusive las del Contralor, y decidió seguir adelante con la privatización que debía culminarse a finales del año pasado. Sin embargo, no pudo hacerlo en ese mes, gracias a la afortunada intervención de jueces de la República que aceptaron las tutelas interpuestas contra la venta de las electrificadoras de Norte de Santander y Meta. Otra acción judicial en el caso de la empresa de Boyacá todavía está bajo estudio.
Lo extraño es que después de haber rechazado las críticas a la valoración de las electrificadoras y de haber estado listo a venderlas a los bajos precios definidos el año pasado, el Gobierno cambió súbitamente de posición y expidió los Decretos 242 a 246 del 2008, mediante los cuales subió el precio de venta de sus acciones, el cual ahora es de $1.157 millones, es decir $211.000 millones más que en el avalúo anterior.
El tardío reconocimiento de sus equivocaciones no exime al Gobierno de la responsabilidad política de las mismas. ¿Qué hubiera pasado si las acciones populares no hubieran demorado la subasta de las electrificadoras y éstas se hubieran hecho a un precio más bajo que su valor? ¿Quién hubiera respondido por el detrimento del patrimonio público?
Subsisten otros interrogantes sobre este oscuro proceso. ¿Por qué la prisa de vender estos bienes públicos y no esperar a que se definan todos los procesos judiciales? ¿Por qué no entregar la información necesaria a la Contraloría? ¿Por qué los límites ilegales a la compra por parte de los fondos de pensiones?. Ojalá el Congreso tome cartas en el asunto para evitar que se siga feriando el patrimonio público.
Mauricio Cabrera Galvis, El País, Cali, febrero 10 de 2008
6 feb 2008
Convocan a movilización contra el paramilitarismo este 6 de marzo
Sectores afectados por las acciones de los paramilitares y los parapolíticos colombianos convocan a una movilización contra estos grupos el próximo 6 de marzo, anunció el presidente del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, Iván Cepeda.
Asimismo, la organización envió una carta al director de Noticias RCN, canal de noticias colombiano, en la que solicitan la cobertura de esta actividad “con la misma vehemencia” con la cual han difundido informaciones sobre la movilización de este lunes 4 de febrero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En entrevista transmitida por TeleSUR, Cepeda explicó que la actividad impulsada por la organización que dirige se desarrolla ante la unidimensionalidad en el abordaje de los crímenes en Colombia, que obvia las acciones de los paramilitares.
Del mismo modo, señaló que la marcha convocada por partidarios uribistas para este lunes “tiene la intención de generar una reacción desde la manipulación con las imágenes”; sin embargo, destacó que una franja importante de la sociedad colombiana cree en un acuerdo humanitario.
Asimismo, consideró razonable la postura de los familiares de los retenidos por las FARC, quienes no acudieron a la actividad convocada por el gobierno de Álvaro Uribe y la derecha colombiana, “porque ellos son plenamente concientes de los mensajes que se quieren vehicular”.
Asimismo, la organización envió una carta al director de Noticias RCN, canal de noticias colombiano, en la que solicitan la cobertura de esta actividad “con la misma vehemencia” con la cual han difundido informaciones sobre la movilización de este lunes 4 de febrero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En entrevista transmitida por TeleSUR, Cepeda explicó que la actividad impulsada por la organización que dirige se desarrolla ante la unidimensionalidad en el abordaje de los crímenes en Colombia, que obvia las acciones de los paramilitares.
Del mismo modo, señaló que la marcha convocada por partidarios uribistas para este lunes “tiene la intención de generar una reacción desde la manipulación con las imágenes”; sin embargo, destacó que una franja importante de la sociedad colombiana cree en un acuerdo humanitario.
Asimismo, consideró razonable la postura de los familiares de los retenidos por las FARC, quienes no acudieron a la actividad convocada por el gobierno de Álvaro Uribe y la derecha colombiana, “porque ellos son plenamente concientes de los mensajes que se quieren vehicular”.
4 feb 2008
Human Rights Watch acusa a Álvaro Uribe de 'socavar' a la Corte Suprema de Justicia
La ONG con sede en Washington rechazó la visión del Gobierno que reclama progresos en la protección y defensa de los derechos humanos en el país.
Según HRW, Uribe, personalmente, ha socavado el esfuerzo de la Corte Suprema por investigar los crímenes de la "parapolítica" al lanzar ataques contra la institución y acusarla de tener un tinte ideológico.
Según el reporte, incluido en la evaluación anual que hace HRW sobre los derechos humanos en el mundo, ha llegado hasta a llamar personalmente a miembros de la Corte para averiguar por el estado de investigaciones. Lo dijo en directa alusión al caso de su primo Mario Uribe, investigado por supuestos nexos con 'paras'.
Aunque el Presidente lo niega y en el momento existe un proceso judicial en curso, la organización lo menciona como un hecho. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de HRW, catalogó las acciones de Uribe como "intimidatorias" a lo menos.
Volvió sobre viejas críticas
En un cuestionamiento que no es nuevo, la organización rechaza la tesis del Gobierno según la cual terminó con el paramilitarismo y cita reportes de la OEA y la ONU de acuerdo con los cuales 'paras' de rango medio continúan delinquiendo.
También recoge un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el cual muchos de los desmovilizados no eran si quiera 'paras'.
"El problema -dijo Kenneth Roth, director de HRW- es que los esfuerzos del Gobierno no son serios y la impunidad sigue siendo la norma".
Roth insistió en que el Congreso de E.U. condicione la firma del TLC a que Uribe adopte las medidas necesarias. Muchas de ellas, incluidas en una extensa carta que envió recientemente al Gobierno de E.U. y que se puede consultar en su sitio web www.hrw.org.
Por otro lado, menciona un "preocupante" incremento de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. Y aunque reconoce una reducción en la muerte de sindicalistas, sostiene que el país sigue siendo el más peligroso del mundo para ellos.
Como positivo menciona la creación de una subunidad en la Fiscalía para investigar esos crímenes y los avances en las investigaciones sobre la desaparición de 10 personas en la toma del Palacio de Justicia, en 1985.
Finalmente, HRW acusó de secuestro y otros abusos contra la población civil a las Farc y al Eln. Y expresó alarma por el incremento de uso de minas antipersonales que "elevaron dramáticamente el número de víctimas".
Fuentes del Gobierno dijeron ayer que no se referirían al nuevo pero siempre duro informe de HRW sobre Colombia, porque no lo conocían.
Según HRW, Uribe, personalmente, ha socavado el esfuerzo de la Corte Suprema por investigar los crímenes de la "parapolítica" al lanzar ataques contra la institución y acusarla de tener un tinte ideológico.
Según el reporte, incluido en la evaluación anual que hace HRW sobre los derechos humanos en el mundo, ha llegado hasta a llamar personalmente a miembros de la Corte para averiguar por el estado de investigaciones. Lo dijo en directa alusión al caso de su primo Mario Uribe, investigado por supuestos nexos con 'paras'.
Aunque el Presidente lo niega y en el momento existe un proceso judicial en curso, la organización lo menciona como un hecho. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de HRW, catalogó las acciones de Uribe como "intimidatorias" a lo menos.
Volvió sobre viejas críticas
En un cuestionamiento que no es nuevo, la organización rechaza la tesis del Gobierno según la cual terminó con el paramilitarismo y cita reportes de la OEA y la ONU de acuerdo con los cuales 'paras' de rango medio continúan delinquiendo.
También recoge un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el cual muchos de los desmovilizados no eran si quiera 'paras'.
"El problema -dijo Kenneth Roth, director de HRW- es que los esfuerzos del Gobierno no son serios y la impunidad sigue siendo la norma".
Roth insistió en que el Congreso de E.U. condicione la firma del TLC a que Uribe adopte las medidas necesarias. Muchas de ellas, incluidas en una extensa carta que envió recientemente al Gobierno de E.U. y que se puede consultar en su sitio web www.hrw.org.
Por otro lado, menciona un "preocupante" incremento de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. Y aunque reconoce una reducción en la muerte de sindicalistas, sostiene que el país sigue siendo el más peligroso del mundo para ellos.
Como positivo menciona la creación de una subunidad en la Fiscalía para investigar esos crímenes y los avances en las investigaciones sobre la desaparición de 10 personas en la toma del Palacio de Justicia, en 1985.
Finalmente, HRW acusó de secuestro y otros abusos contra la población civil a las Farc y al Eln. Y expresó alarma por el incremento de uso de minas antipersonales que "elevaron dramáticamente el número de víctimas".
Fuentes del Gobierno dijeron ayer que no se referirían al nuevo pero siempre duro informe de HRW sobre Colombia, porque no lo conocían.
3 feb 2008
¡NO MARCHAMOS EL 4 DE FEBRERO!
esde el dolor que viven miles de familias por la perdida de sus seres queridos en forma violenta, desde la indignación que produce escuchar las arengas de la extrema derecha, que asesina sindicalistas, desaparece, tortura, masacra, desplaza forzadamente y legisla para apoderarse de las tierras de los desplazados, mientras entrega el oro, el gas y el petróleo a las transnacionales; desde la vergüenza que nos causa este gobierno cuya única consigna es a “sangre y fuego” y que ha sepultado a cientos de colombianos. ¡NO MARCHAREMOS EL 4 DE FEBRERO!
La violencia y el terror en Colombia no se pueden reducir sólo a las prácticas de la guerrilla. Tampoco se pueden desconocer las causas que dieron origen al conflicto armado, ni mucho menos ocultar los genocidios, las masacres, el desplazamiento forzado, y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado y los poderes económicos. Pretender ocultarlo por medio de sofismas, es otra agresión contra cada uno de los habitantes de este país. La barbarie mafiosa a manos de paramilitares, parapolíticos, altos oficiales y narcotráfico, a nombre de intereses capitalistas es cada vez peor. Mientras, usurpan las arcas del país, el patrimonio público, las especies naturales, y en el TLC subastan como si fuera suyo el trabajo y la soberanía de los colombianos, aniquilando todo lo que se interponga. Por eso ¡NUNCA LE MARCHAREMOS A ESTE RÉGIMEN!
Parece que algunos sectores de la sociedad no toleran el diálogo, y en cambio apoyan frenéticamente las políticas de guerra del régimen. Con su asolapado sesgo ideológico buscan que se olvide que son los pueblos indígenas, afros y campesinos, las comunidades y los sindicatos, los que han puesto la cuota más alta de este conflicto, LA VIDA!.
La violencia y el terror en Colombia no se pueden reducir sólo a las prácticas de la guerrilla. Tampoco se pueden desconocer las causas que dieron origen al conflicto armado, ni mucho menos ocultar los genocidios, las masacres, el desplazamiento forzado, y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado y los poderes económicos. Pretender ocultarlo por medio de sofismas, es otra agresión contra cada uno de los habitantes de este país. La barbarie mafiosa a manos de paramilitares, parapolíticos, altos oficiales y narcotráfico, a nombre de intereses capitalistas es cada vez peor. Mientras, usurpan las arcas del país, el patrimonio público, las especies naturales, y en el TLC subastan como si fuera suyo el trabajo y la soberanía de los colombianos, aniquilando todo lo que se interponga. Por eso ¡NUNCA LE MARCHAREMOS A ESTE RÉGIMEN!
Parece que algunos sectores de la sociedad no toleran el diálogo, y en cambio apoyan frenéticamente las políticas de guerra del régimen. Con su asolapado sesgo ideológico buscan que se olvide que son los pueblos indígenas, afros y campesinos, las comunidades y los sindicatos, los que han puesto la cuota más alta de este conflicto, LA VIDA!.
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