El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero pasado que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.
Parte de la confesión de Villalba, cuya credibilidad Uribe atacó esta semana, fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, ocurrida en el caserío El Aro en 1997, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.
Villalba no comprometió al mandatario ni a su hermano en los testimonios ante la CIDH, pero su relato fue parte de las pruebas que sirvieron al tribunal para concluir que en la matanza de El Aro agentes de la fuerza pública colaboraron con grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a sangre fría a por lo menos 15 campesinos "en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento’’, según el fallo, de 160 páginas.
El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo del hoy presidente Uribe, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente.
"Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’, expresa la sentencia del CDIH.
Hasta ahora sólo se conocían indirecta y fragmentariamente alguno aspectos de la declaración de Villalba ante la fiscalía colombiana revelados por Uribe sorpresivamente durante una entrevista radial esta semana para rechazar los señalamientos del ex paramilitar.
Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.
"[Alvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Alvaro y Santiago Uribe.
La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.
Villalba denunció la muerte de funcionarios de la fiscalía que investigaban la masacre, el asesinato de activistas de derechos humanos que colaboraban con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y tres atentados, uno de ellos con cianuro que le pusieron en una bebida de malta.
La declaración contiene por los menos dos inconsistencia: que uno de los militares que Villalba mencionó como participante en una reunión a finales de 1997 había fallecido en abril de ese año y que la fecha de la masacre no fue en noviembre, como él sostuvo, sino en octubre de ese año.
Cuando los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500 habitantes en una zona montañosa del norte del departamento de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas, relató Villalba al diario El Colombiano de Medellín.
A unos los mataron de un tiro en la nuca, bocabajo, en la plaza del pueblo; también ultimaron a un joven de 14 años, pero en el caso del dueño del almacén de abarrotes Marco Aurelio Areiza Osorio, un comerciante de 64 años, apreciado en la región por su generosidad, los paramilitares se ensañaron con una pasmosa frialdad.
Según los testimonios obtenidos por Human Rights Watch y periodistas colombianos, le ordenaron al comerciante que preparara un sancocho, y después que lo sirvió lo amarraron a un naranjo y, vivo, le sacaron el corazón, luego los ojos y después le arrancaron los testículos.
Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo vieron todo
"El bujaba [mujía] duro y luego chillaba como un niño’’, le dijo uno de los menores a los periodistas Carlos Giraldo y Miguel Garrido, de El Colombiano.
Los paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre, un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120 paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron unas 900 cabezas de ganado, según documentos judiciales.
Villalba, de 36 años, confesó que había participado en ésta y otras masacres de las AUC.
Tres meses después de los hechos de El Aro, se presentó ante las autoridades judiciales porque estaba cansado de tantas muertes y se habían planeado atentados con los que no concordaba, dijo. Hoy cumple una pena de 33 años de prisión en la penitenciaría La Picota de Bogotá.
Según sus declaraciones a la policía, el Ejército y las AUC planearon la toma de El Aro para escarmentar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y rescatar a unos ocho ganaderos y comerciantes que los rebeldes tenían secuestrados.
Villalba aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunió en una finca de un hacendado —que no identificó— en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó.
"Estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso’’, dijo el testigo.
A la pregunta de si conocía anteriormente a los Uribe, Villalba respondió que en el caso de Alvaro no, pero que Santiago "siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos’’.
Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
"Supe que era Alvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos’’, dijo Villaba. "Ahí llegó con un escolta, de apellido Serna’’, agregó.
Los ocho secuestrados fueron liberados.
Esta semana Uribe aseguró que jamás he estado en La Caucana.
Villaba declaró a la fiscalía que años después vio de nuevo al escolta Serna, pero esta vez como guardia del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la cárcel de La Picota de Bogotá. Serna lo reconoció y lo saludó, agregó.
En la reunión previa a la masacre estuvieron presentes los cabecillas de las AUC Carlos Castaño, entonces máximo jefe de la organización y quien fue asesinado; Salvatore Mancuso, segundo al mando, y otros que identificó con los alias ‘Noventa’’, "Cobra’’, el Negro Ricardo y Junior.
También acudió un hombre a quien identificó, vacilando, como José Ardila, de las organizaciones de autodefensas campesinas legalizadas por el gobierno y conocidas como las Convivir.
Al referirse al paradero de Ardila, Villalba dijo:
"[Ardila] estaba declarando en contra de Alvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a 60 años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’.
Mancuso fue condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión por la masacres de El Aro y La Granja. En esta última fueron torturadas y asesinadas cinco personas el 11 de julio de 1996.
Según el declarante, Alvaro Uribe "fue invitado por Carlos Castaño’’ a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes.
En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.
"‘Alvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, dijo el testigo.
En cuanto a la finca donde se realizaron las reuniones, el ex paramilitar señaló que "a mano izquierda hay unos corrales y una caballeriza, esa finca no tenía nombre pero todavía existe, nosotros llegamos un día antes [de la reunión], con mis 22 hombres’’.
Villalba declaró ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno especializado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que el encuentro ‘‘fue de día, empezó como a las 10 de la mañana y terminó [a las] 3 de la tarde, después que almorzaron y todo’’.
Según el testigo, Mancuso y Castaño llegaron "en un helicóptero gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente’’ y en la zona ‘habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía’’.
Cuando el fiscal le preguntó si los escuadrones de la muerte recibieron ayuda de de la fuerza pública, Villalba declaró: "Sí doctor, de la IV Brigada [de Ejército]. Lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión; hubieron (sic) retiradas de tropas de los retenes [de control militar en el área], suspendido los retenes de tropa en la carretera’’.
Villalba le dijo al fiscal que con anterioridad a sus declaraciones de febrero de este año había entregado a la justicia detalles de ésta y otros masacres a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Medellín.
También declaró sobre la participación de los hermanos Uribe, de lo cual quedaron grabaciones en cintas magnetofónicas, indicó.
Pero "las grabaciones resultaron en manos de Mancuso’’, explicó Villalba, y los funcionarios del CTI fueron asesinados en septiembre de 1999.
‘A ellos los mataron en Medellín, los mató la gente de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me callara’’, dijo.
La Terraza es una enorme agencia de asesinos a sueldo de Medellín que ha operado bajo la dirección de poderosos narcotraficantes y paramilitares.
Sobre la reunión en la que participaron los hermanos Uribe Vélez, dijo Villalba, también habló varias veces con el director del CTI de Medellín, "un señor de gafitas, joven, y le comenté lo de [la reunión] de La Caucana y no dijo nada, se quedó callado’’.
El testigo aseguró que también habló sobre estos temas con María Teresa Gallo, fiscal especializada de terrorismo y derechos humanos.
"Me prometió muchas cosas, como cambio de identidad, sacarme de la cárcel y mandarme a otro país’’, dijo.
En enero de 2007 Villalba trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por otra masacre cometida por paramilitares en noviembre de 1997 en La Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia.
En esa oportunidad fueron asesinadas 15 personas y entre los responsables, asegura, "también estaba el hermano de Alvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados [sicarios] para eso’’.
Villalba tiene una segunda condena de 37 años de prisión por la masacre de La Balsita. Los ‘‘pelados’’ que habría prestado el hermano del presidente Uribe, pertenecían a la banda paramilitar Los Doce Apóstoles’’, que según varias versiones judiciales comandaba directamente Santiago Uribe.
Villalba afirmó que el 13 de febrero de 1998 decidió entregarse voluntariamente a la Fiscalía, pues militares activos, narcotraficantes y paramilitares planeaban varios crímenes con los que no estaba de acuerdo.
Los planes se cumplieron. Según el testigo, este grupo asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón, al abogado Jaime Umaña y al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Valle había advertido desde 1996 que narcotraficantes, militares y escuadrones de la muerte se disponían a cometer la masacre de El Aro. En respuesta, el hoy presidente Uribe, entonces gobernador de Antioquia, acusó públicamente a Valle de ser enemigo de las fuerzas armadas y el ejército lo enjuició por calumnia.
Luego fue asesinado en Medellín.
A Valle, dice Villalba, "lo mató la banda de La Terraza y a mí me mandaron a que me callara [...] lo mandaron a matar por las investigaciones que llevaba sobre la masacre del Aro. Era uno de los que me ayudaba porque supo cuando yo me entregué y me iban a matar para que no dijera nada’’.
El fiscal que estaba encargado de la investigación de Valle, tuvo que salir del país, dijo.
Además del presidente Uribe y su hermano Santiago, en los expedientes judiciales figuran el ex general Carlos Alberto Ospina —comandante de las fuerzas armadas durante el primer gobierno de Uribe—, quien en el momento de los hechos era comandante de la Cuarta Brigada de Ejército, acantonada en Medellín, y el general de Ejército Alfonso Manosalva Florez, quien según testigos como Villalba y Mancuso entregó a los escuadrones de la muerte la lista de las personas que debían matar en La Granja y El Aro.
El presidente Uribe señaló como una de las inconsistencias de la declaración de Villalba que la afirmación que Manosalva estaba presente en una reunión en noviembre de 1997 con líderes paramilitares cuando éste había fallecido en abril de ese año.
Villalba relató que ha sido víctima de tres atentados. El primero ocurrió en la cárcel de la ciudad de Palmira después de haber hablado con la fiscal Gallo.
"Un muchacho de las autodefensas, Edison Parra, [condenado por un homicidio en el Llano, me dio una puñalada del lado izquierdo, a la altura del pecho’’.
Dos meses después, "en el mismo patio me hicieron otro atentado con cianuro en una Pony Malta [marca de bebida de malta]. Me la hizo Edwin Tirado, también de las AUC, que ahora está en la cárcel de Montería, él era un ex trabajador de Mancuso’’.
"Los atentados se los atribuyó a Mancuso, en esos días yo estaba declarando contra la Fuerza Pública’’, agregó.
Estudiantes UPTC: Desde Boyacá pa' sumercé publicando fotos,vídeos y documentos que aporten a la construcción y la organización. yeldebate en los diferentes espacios políticos por la defensa de los derechos de las clases populares y la lucha por la construcción del poder popular.
24 abr 2008
La verdad y la guerra de Irak
Un largo reportaje del diario The New York Times, escrito por el periodista David Barstow, reveló esta semana un nuevo detalle de la enorme operación que orquestó el actual gobierno de Washington para desorientar a la opinión pública norteamericana.
La investigación fue hecha a lo largo de dos años, tras examinar más de 8000 documentos reservados del Pentágono (la secretaría de defensa de Estados Unidos) obtenidos con abogados mediante la Freedom Information Act (la norma que rije el acceso a la información oficial de Estados Unidos). Y el hallazgo es sorprendente, a pesar de que la capacidad para manipular la realidad de la actual administración ya es ampliamente conocida.
Barstow revela que desde comienzos de 2002, la subsecretaria de asuntos públicos del Pentágono, Victoria Clarke, lanzó un programa para entrenar analistas militares destinados a servir de comentaristas en las cadenas de television y radio. Aprovechaba así la costumbre de los medios electronicos, iniciada desde la primera guerra del golfo, de contratar militares retirados para ese efecto. Barstow afirma que se trataba de convertir a esos personajes en una especial de caballo de Troya, para que posando como analistas independientes, dieran una visión de los hechos acorde con los intereses de Washington.
Para empeorar las cosas, muchos de los más de 70 ex militares entrenados trabajan o tienen intereses en empresas contratistas relacionadas con el sector defensa. De tal manera que al tener acceso a las cámaras y a los microfonos, sus mensajes no solamente podían favorecer los intereses de la Administración, sino los suyos propios.
Los documentos del Pentágono se refieren a los participantes como “fuerza de multiplicadores de mensaje”. El artículo revela cómo los exmilitares eran entrevistados personalmente por el secretario de defensa Donald Rumsfeld, y atendidos con especial deferencia para asegurar su colaboración irrestricta, en reuniones en las que recibían instrucciones sobre la línea más conveniente a seguir en sus comentarios. Con frecuencia eran invitados a viajes pagados en los que obtenían acceso no solo a instalaciones y operaciones reservadas, sino a los personajes clave para sus propios intereses comerciales.
Revelaciones como esta tendrían que haber desatado en otras épocas un escándalo de grandes proporciones. Pero ello no ha sido así, porque los medios norteamericanos están muy ocupados cubriendo la competencia demócrata por la candidatura presidencial, y porque las mentiras y manipulaciones del gobierno actual, a pesar de lo graves, ya no son una novedad.
Pero sobre todo, porque las mismas cadenas de television y radio, no contentas con cargar con buena parte de la responsabilidad por lo ocurrido, le han aplicado un bloqueo informativo. Eso se entiende, porque fueron ellas quienes abrieron la puerta a que ex militares posaran como “analistas independientes”, haciéndose los de la vista gorda ante los obvios conflictos de intereses.
Tampoco ayuda que sea un periodista de The New York Times quien hace la denuncia, pues ese diario, considerado por muchos como el mejor del mundo, tampoco demostró independencia alguna cuando el gobierno de Bush se preparaba para llevar a cabo su viejo designio de invadir a Irak contra viento y marea. ¿O es que ya se les olvidó a sus directivos, para mencionar apenas uno de una lista enorme de ejemplos, el escándalo de la espía Valerie Plame? En esa ocasión quedó claro cómo el periódico neoyorquino contribuyó a difundir la falsa idea de que agentes de Saddam Hussein trataban de comprar uranio en Níger para producir las supuestas bombas atómicas para destruir a Estados Unidos y su ”american way of life”.
Porque la realidad es que, más allá de los esfuerzos que hoy hagan para limpiar su imagen, la inmensa mayoría de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos participaron por acción u omisión en ese inmenso complot informativo, ya fuera por su propia posición ideologica, o al menos por no quedar como antipatrióticos o “un-American”.
Pero no importa que hayan muerto más de un millón de civiles, ni más de 4000 soldados estadounidenses en Irak, en un conflicto inventado cuyas consecuencias aún son impredecibles. El juicio de responsabilidades ante la historia tal vez nunca se produzca.
La investigación fue hecha a lo largo de dos años, tras examinar más de 8000 documentos reservados del Pentágono (la secretaría de defensa de Estados Unidos) obtenidos con abogados mediante la Freedom Information Act (la norma que rije el acceso a la información oficial de Estados Unidos). Y el hallazgo es sorprendente, a pesar de que la capacidad para manipular la realidad de la actual administración ya es ampliamente conocida.
Barstow revela que desde comienzos de 2002, la subsecretaria de asuntos públicos del Pentágono, Victoria Clarke, lanzó un programa para entrenar analistas militares destinados a servir de comentaristas en las cadenas de television y radio. Aprovechaba así la costumbre de los medios electronicos, iniciada desde la primera guerra del golfo, de contratar militares retirados para ese efecto. Barstow afirma que se trataba de convertir a esos personajes en una especial de caballo de Troya, para que posando como analistas independientes, dieran una visión de los hechos acorde con los intereses de Washington.
Para empeorar las cosas, muchos de los más de 70 ex militares entrenados trabajan o tienen intereses en empresas contratistas relacionadas con el sector defensa. De tal manera que al tener acceso a las cámaras y a los microfonos, sus mensajes no solamente podían favorecer los intereses de la Administración, sino los suyos propios.
Los documentos del Pentágono se refieren a los participantes como “fuerza de multiplicadores de mensaje”. El artículo revela cómo los exmilitares eran entrevistados personalmente por el secretario de defensa Donald Rumsfeld, y atendidos con especial deferencia para asegurar su colaboración irrestricta, en reuniones en las que recibían instrucciones sobre la línea más conveniente a seguir en sus comentarios. Con frecuencia eran invitados a viajes pagados en los que obtenían acceso no solo a instalaciones y operaciones reservadas, sino a los personajes clave para sus propios intereses comerciales.
Revelaciones como esta tendrían que haber desatado en otras épocas un escándalo de grandes proporciones. Pero ello no ha sido así, porque los medios norteamericanos están muy ocupados cubriendo la competencia demócrata por la candidatura presidencial, y porque las mentiras y manipulaciones del gobierno actual, a pesar de lo graves, ya no son una novedad.
Pero sobre todo, porque las mismas cadenas de television y radio, no contentas con cargar con buena parte de la responsabilidad por lo ocurrido, le han aplicado un bloqueo informativo. Eso se entiende, porque fueron ellas quienes abrieron la puerta a que ex militares posaran como “analistas independientes”, haciéndose los de la vista gorda ante los obvios conflictos de intereses.
Tampoco ayuda que sea un periodista de The New York Times quien hace la denuncia, pues ese diario, considerado por muchos como el mejor del mundo, tampoco demostró independencia alguna cuando el gobierno de Bush se preparaba para llevar a cabo su viejo designio de invadir a Irak contra viento y marea. ¿O es que ya se les olvidó a sus directivos, para mencionar apenas uno de una lista enorme de ejemplos, el escándalo de la espía Valerie Plame? En esa ocasión quedó claro cómo el periódico neoyorquino contribuyó a difundir la falsa idea de que agentes de Saddam Hussein trataban de comprar uranio en Níger para producir las supuestas bombas atómicas para destruir a Estados Unidos y su ”american way of life”.
Porque la realidad es que, más allá de los esfuerzos que hoy hagan para limpiar su imagen, la inmensa mayoría de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos participaron por acción u omisión en ese inmenso complot informativo, ya fuera por su propia posición ideologica, o al menos por no quedar como antipatrióticos o “un-American”.
Pero no importa que hayan muerto más de un millón de civiles, ni más de 4000 soldados estadounidenses en Irak, en un conflicto inventado cuyas consecuencias aún son impredecibles. El juicio de responsabilidades ante la historia tal vez nunca se produzca.
22 abr 2008
Fiscalía ordena captura de primo del Presidente. ( tomado de noticias uno.com
El ex senador Mario Uribe pide asilo en la Embajada de Costa Rica en Bogotá, para evadir su detención.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, halló méritos para ordenar la medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, al ex presidente del Senado, Mario Uribe Escobar, investigado por concierto para delinquir dentro del proceso de la llamada parapolítica.
Mario Uribe, primo y aliado político del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, está sindicado del delito de concierto para delinquir.
Dentro de la investigación se encontraron algunas pruebas de la reunión entre Uribe Escobar y el desmovilizado ex-jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, para la compra de unas tierras.
El ex presidente del congreso había sido vinculado por la Corte Suprema, pero debido a su renuncia a su investidura, determinó que el proceso pasara a la justicia ordinaria. La fiscalía considera que hay suficientes indicios para ordenar la detención de Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe y fundador junto con él del llamado sector democrático del liberalismo en Antioquia.
El ente acusador tiene pruebas de dos reuniones en las que presuntamente Mario Uribe acordó una estrategia para beneficiarse políticamente del apoyo de paramiliatares, una de ellas con Mancuso en el 2006, y la otra a principios del 2000 con miembros de las llamadas autodefensas de Sucre y Córdoba, según la Fiscalía.
El ente acusador acogió la versión de Jairo Castillo, alias 'Pitirri', exparamilitar y testigo estrella en el proceso actualmente asilado en Canadá.
Tan pronto se conoció la orden de detención, el ex senador Mario Uribe Escobar fue a la Embajada de Costa Rica, en Bogotá, para solicitar asilo diplomático con el propósito de evadir su captura.
Uno de sus abogados, José del Carmen Ortega, le dijo a periodistas que Mario Uribe solicitará el asilo porque considera que no tiene garantías para ser procesado en Colombia.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, halló méritos para ordenar la medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, al ex presidente del Senado, Mario Uribe Escobar, investigado por concierto para delinquir dentro del proceso de la llamada parapolítica.
Mario Uribe, primo y aliado político del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, está sindicado del delito de concierto para delinquir.
Dentro de la investigación se encontraron algunas pruebas de la reunión entre Uribe Escobar y el desmovilizado ex-jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, para la compra de unas tierras.
El ex presidente del congreso había sido vinculado por la Corte Suprema, pero debido a su renuncia a su investidura, determinó que el proceso pasara a la justicia ordinaria. La fiscalía considera que hay suficientes indicios para ordenar la detención de Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe y fundador junto con él del llamado sector democrático del liberalismo en Antioquia.
El ente acusador tiene pruebas de dos reuniones en las que presuntamente Mario Uribe acordó una estrategia para beneficiarse políticamente del apoyo de paramiliatares, una de ellas con Mancuso en el 2006, y la otra a principios del 2000 con miembros de las llamadas autodefensas de Sucre y Córdoba, según la Fiscalía.
El ente acusador acogió la versión de Jairo Castillo, alias 'Pitirri', exparamilitar y testigo estrella en el proceso actualmente asilado en Canadá.
Tan pronto se conoció la orden de detención, el ex senador Mario Uribe Escobar fue a la Embajada de Costa Rica, en Bogotá, para solicitar asilo diplomático con el propósito de evadir su captura.
Uno de sus abogados, José del Carmen Ortega, le dijo a periodistas que Mario Uribe solicitará el asilo porque considera que no tiene garantías para ser procesado en Colombia.
La papa calienteLa papa caliente (tomado de semana)
Mario Uribe no es un primo cualquiera para el presidente Álvaro Uribe. Es más, a pesar de que en realidad son primos segundos, la vida política los ha convertido en hermanos de la vida pública. No sólo llegaron juntos al Congreso en 1986 –la fórmula era Álvaro al Senado y Mario a la Cámara–, sino que compartieron el mismo apartamento en Bogotá. Y, después, cuando Álvaro dejó su curul para lanzarse a la gobernación de Antioquia, Mario heredó toda su fuerza electoral.
El grado de cercanía de Mario Uribe con el Presidente más popular de la historia reciente hace que el caso del hoy ex senador sea el más complicado de las 51 investigaciones que están abiertas contra congresistas por el escándalo de la para-política. Hay todo tipo de interpretaciones mediáticas, simbólicas y políticas que van más allá de la órbita de la investigación judicial. Por eso, al fiscal Mario Iguarán se le ha convertido en una verdadera ‘papa caliente’. Con cara pierde y con sello, también.
Si decide precluir la investigación, de inmediato los opositores del gobierno o quienes, sin ser opositores, creen que hay razones para inculpar a Mario Uribe, dirán que no se podría esperar otra cosa de un fiscal que saltó de ser viceministro de Justicia del gobierno Uribe a investigador del primo del Presidente. No va a importar entonces lo que diga el expediente ni todas las muestras de independencia que Iguarán haya podido dar en los cuatro años de su gestión.
El fiscal Ramiro Marín Vásquez, que tiene en sus manos el proceso contra el ex senador Mario Uribe, es considerado como uno de los más serios del país. Mario Iguarán, lo comisionó en su momento para que capacitara a todos los fiscales de Colombia en el nuevo sistema penal acusatorio Salvatore Mancuso dio dos declaraciones contradictorias sobre una reunión que tuvo con Mario Uribe. Y se apoyó en Eleonora Pineda para aclarar las fechas. La ex congresista aseguró que, entre Mancuso y Uribe, hubo una reunión después de las elecciones de marzo de 2002 para hablar, no de votos, sino de un eventual proceso de paz con las autodefensas La sala penal de la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de abrir la investigación formal en contra del ex senador Mario Uribe. Eso sucedió el 26 de septiembre pasado, el mismo día en que el presidente Álvaro Uribe Vélez participaba en la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York . Arriba, el magistrado Iván Velásquez Gómez Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, testigo estrella de la Corte en el tema de la para-política
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Pero, por el otro lado, si el Fiscal decide dictarle una medida de aseguramiento a Mario Uribe, lo cual indicaría que hay razones para seguir investigando, tendría también que mostrar pruebas sólidas para hacerlo o, de otra manera, el malestar en la Casa de Nariño podría tener dimensiones de hecatombe.
No es la primera vez que un fiscal general se ve enfrentado a casos parecidos. A Alfonso Gómez Méndez le tocó vivir una presión similar cuando tuvo a su cargo la investigación contra tres ministros del presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000. Y ni qué decir de la época de Alfonso Valdivieso, cuando los congresistas también eran investigados a granel.
La tensión en el caso de Mario Uribe ha llegado a su momento culminante, pues en unos 15 días la Fiscalía podría tomar una decisión. En la Casa de Nariño, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en el Congreso, en las ONG, en la academia que le sigue el rastro a la para-política y hasta en La Picota, en el patio de los congresistas presos, los rumores son el pan de cada día.
Con toda razón al Fiscal General se le ha oído decir que, desde el punto de vista de las presiones, el caso de Jorge Noguera, ex director del DAS, es una pera en dulce al lado del de Mario Uribe.
La atmósfera de tensión empezó hace seis meses cuando, el 26 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe. La noticia tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe en Nueva York, donde participaba en la Asamblea de Naciones Unidas. Desde allí dijo: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”.
Un mes después se supo que la incomodidad del mandatario no paró allí. No esperó a llegar a Colombia para llamar directamente, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia. El contenido de la conversación no está claro, pues es la médula de una denuncia penal que interpuso el propio Álvaro Uribe contra el magistrado Valencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
Como se recuerda, la chispa se encendió cuando el magistrado Valencia dijo en una entrevista en El Espectador que Uribe, cuando lo llamó desde Nueva York, le preguntó por el caso de su primo Mario. La Casa de Nariño ripostó de inmediato, señaló a Valencia de no decir la verdad y, a renglón seguido, instauró una denuncia en su contra.
Ese episodio, que en otras circunstancias se habría resuelto con una simple llamada entre las dos partes para aclarar lo ocurrido, demuestra la sensibilidad del caso Mario Uribe. Pocas veces en la historia del alto poder en Colombia un rifirrafe entre tan altos dignatarios había llegado a los tribunales en términos de polígrafos.
Lo cierto es que una semana después de ser llamado a indagatoria por la justicia, Mario Uribe hizo lo que sus amigos le habían recomendado que hiciera mucho antes: renunciar a su calidad de congresista para evitar que la tenaza de la Corte Suprema lo siguiera apretando.
El ‘chicharrón’ le cayó entonces a la Fiscalía Delegada ante la Corte. Aunque nadie lo acepta públicamente, lo cierto es que prácticamente ninguno de los fiscales delegados quería echarse encima la investigación en contra del primo del Presidente. El turno le tocó entonces a Ángela Buitrago, la fiscal que desenterró la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y que entre los pasillos del búnker es considerada como ‘de línea dura’. Sin embargo, unas horas después, el fiscal Mario Iguarán –para evitar sobrecargar a Buitrago con expedientes gordos, según dijo un alto vocero de la Fiscalía– le reasignó el caso a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal que es reconocido por su seriedad, que está a punto de jubilarse y que es conocido por muchos fiscales del país como el maestro del nuevo sistema penal acusatorio.
En diciembre pasado, Mario Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía. De ahí en adelante todo ha sido un verdadero calvario para el investigado y para los investigadores. Cuanto papel se mueve en ese expediente, de inmediato queda en el ojo del huracán. Desde luego que las presiones para la decisión final en el expediente número 11499 no son públicas, pero por debajo de la mesa la cosa es en serio. Es decir, presionan los amigos y los enemigos del Presidente de la República. En sectores de la Corte y de columnistas de prensa, por ejemplo, el jalón de orejas que Álvaro Uribe Vélez les pegó –el 8 de octubre– a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se interpretó como una respuesta al llamamiento a indagatoria de su primo.
Ese día, el primer mandatario, a través de un comunicado de prensa, denunció que la Corte estaba tratando de conseguir testigos en su contra y se refirió concretamente a ‘Tasmania’, un paramilitar del suroeste antioqueño, hoy preso. Al día siguiente se supo que la queja del Presidente estaba conectada con el caso Mario Uribe, pues el abogado de ‘Tasmania’ precisó que al testigo le habrían pedido que declarara también en su contra. En ese momento, el jefe de Estado acusó como responsable de este hecho al que para muchos es la piedra angular de la investigación de la para-política: el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. La denuncia del Presidente sigue en investigación.
Pero la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha quedado quieta. Algunos magistrados, sobre todo los de la sala penal, aún no se reponen de la andanada de Uribe Vélez contra ellos, el 8 y el 9 de octubre. No parece haber otra explicación para que los magistrados, haciendo caso omiso de la autonomía de la Fiscalía, se hayan dedicado a regañar al fiscal Mario Iguarán y, en dos comunicados públicos, darle a entender que la institución a su cargo no ha mostrado la celeridad que ellos quisieran en el tema de la para-política. El llamado de atención de la Corte a Iguarán por la supuesta lentitud en el proceso contra el ex senador Jorge Castro Pacheco también parecería llevar entre líneas un mensaje sobre el caso de Mario Uribe, que lleva seis meses de investigación sin tomar una decisión de fondo. Tampoco parece gratuito el hecho de que la Corte Suprema haya empezado la redada contra los congresistas antioqueños en el momento mismo en que la Fiscalía está a punto de pronunciarse sobre el expediente de Mario Uribe. Es más, personas cercanas al fiscal Mario Iguarán han comentado que desde la Corte Suprema le han llegado voces que le dicen que “para-política sin Mario Uribe no es para-política”.
Y como si fuera poca la tensión, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria enredó más la pita hace dos semanas, al decir en el programa Hora 20 que el tema de Mario Uribe iba por buen camino en la Fiscalía. La pregunta inmediata que suscitó fue: ¿Cómo podía saber la Presidencia en qué iba el proceso? Frente a ese comentario del vocero informal de la Casa de Nariño, el propio Fiscal dijo a la revista Cambio que la actitud de José Obdulio era “perversa”.
No se había acallado el eco de esta polémica cuando se desató otra crisis por cuenta de la columnista María Elvira Samper, quien dijo que Mario Uribe había ayudado a llegar a la Fiscalía al que hoy en día es el encargado de conocer su caso por la para-política, el fiscal Ramiro Marín.
El propio Marín, que nació en Segovia (Antioquia) hace 54 años y llegó en 1992 a la Fiscalía de Medellín, le contó a SEMANA cómo lo reclutaron para la Fiscalía en Bogotá. “A mediados de 2001, en Pereira, conocí al doctor Luis Camilo Osorio. En ese momento yo era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Creo que en Pereira, el doctor Osorio se llevó una buena impresión mía. Después de eso, él fue elegido por la Corte como fiscal general y entonces les pidió referencias mías a varios magistrados. Así fue como, a principios de 2002, el doctor Luis Camilo me invitó a trabajar con él como fiscal delegado ante la Corte”.
En síntesis, el proceso de Mario Uribe está como una olla a presión. Y el vapor político contenido no ha dejado ver los argumentos jurídicos en pro y en contra, que finalmente son aquellos sobre los cuales podrá hacer su valoración la Fiscalía, y la opinión pública su juicio.
¿Qué es lo que hay?
¿Qué tiene el expediente contra Mario Uribe? SEMANA tuvo acceso al informe y básicamente son dos los líos por los cuales se investiga al primo del presidente Uribe.
El primero parte de un testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, el ex paramilitar que trabajó con congresistas como Álvaro García y que se convirtió en el ‘ventilador’ de la para-política en Sucre. Algo parecido a lo que representó Guillermo Pallomari en el proceso 8000. ‘Pitirri’ le dijo a una comisión de la Corte Suprema –que fue a Canadá a tomarle la declaración– que en alguna oportunidad vio a Mario Uribe con paramilitares tratando de hacerse a tierras baratas en Caucasia (Antioquia) y en otra ocasión en reunión en Sahagún (Córdoba), para comprar terrenos en Sucre.
En su defensa, el primo del Presidente ha dicho que no tiene tierras en Caucasia ni en Sucre. Que su única finca queda entre Sahagún y Ciénaga de Oro (Córdoba), que la compró en 1991 y que con el paso de los años lo que ha hecho es comprar otras tierras aledañas. Así mismo, los testigos de esas reuniones han declarado a favor del primo del Presidente. Los informes del CTI dirán si en efecto hay títulos a nombre de Mario Uribe en Caucasia o en Sucre.
El segundo punto de la investigación contra Mario Uribe surgió por el testimonio dado el 15 de mayo del año pasado por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en Medellín. En esa ocasión, el jefe de las Autodefensas se despachó contra figuras clave para el gobierno de Uribe: dijo que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había conspirado con los paras para tumbar al entonces presidente Samper –la Fiscalía ya dictó auto inhibitorio en su favor por este caso–, acusó al vicepresidente Francisco Santos de haber tenido que ver con la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y aseguró que el entonces senador Mario Uribe se había reunido con él –Mancuso– en dos oportunidades y que en una de ellas hablaron de una eventual coalición política con la ex congresista Eleonora Pineda, hoy en prisión.
Pero fue el propio Mancuso quien se encargó posteriormente de dejar sin piso, o por lo menos sin fuerza, esta segunda acusación. En otra de sus declaraciones, el 23 de agosto, es decir tres meses después de la primera arremetida, Mancuso bajó el tono y recordó ante una comisión de la Corte Suprema cómo fue el encuentro con el primo del Presidente: “Eleonora me dice: hice un pacto político con el senador Mario Uribe. Yo le voy a ayudar a él en unos municipios y él me va a ayudar a mí también en algunas zonas del departamento donde él tiene un caudal electoral disponible. Eleonora, ¿por qué no me haces un favor? Preséntame al senador Mario Uribe. Yo quiero hablar con él. Quiero que él entienda el proceso que estamos haciendo de contactos políticos, de avanzar buscando abrir caminos”.
Y agregó que no podía precisar la fecha del encuentro: “Eleonora se presentó con él (...) Yo lo que quería hablar con él era el tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”. Pocos días después, Eleonora Pineda también declaró ante la Corte que la reunión Mancuso-Mario Uribe sí existió, pero después de las elecciones del 10 de marzo de 2002. Es decir, una fecha en la que Mario Uribe no habría podido pedirle votos a Mancuso.
Así las cosas, queda en manos del Fiscal valorar estas pruebas. Pero desde ya, y sobre todo después de la mención hecha por José Obdulio sobre el caso, se escuchan comentarios entre sectores críticos del gobierno, que consideran que la Fiscalía no se ha detenido a investigar posibles testaferratos y a averiguar si en las reuniones con los ganaderos se discutió cómo desplazar campesinos para comprar tierras más baratas. Pero todo esto es especulación, pues hasta ahora no se conoce ni el informe final de la Fiscalía, ni el testimonio del primer desplazado que haya hecho una denuncia en ese sentido que involucre a Mario Uribe.
Más allá del tire y afloje político, e independientemente de si es asegurado o exonerado, la imagen del senador Mario Uribe ha quedado seriamente deteriorada. Desde cuando fundó el partido Colombia Democrática, en 2003, algunos de sus actos han sido muy controvertidos. Recibió en su partido, para las elecciones de 2006, a las polémicas Rocío Arias y Eleonora Pineda, a las que luego tuvo que sacar de sus listas al parecer por presiones de la Embajada de Estados Unidos. Y de los otros cuatro congresistas que salieron elegidos bajo sus banderas, dos están condenados por el escándalo de la para-política (Miguel de la Espriella y Eric Morris), uno más detenido (el senador Álvaro García) y sólo el representante antioqueño William Vélez no se ha visto salpicado.
Todo este calvario se refleja hoy en la figura de Mario Uribe. A sus 58 años, tal vez no había vivido momentos de tanto estrés como estos. En los últimos seis meses ha rebajado siete kilos. Es consciente de que lo que está en juego no sólo es su prestigio, sino también el de su primo el Presidente de la República.
En todo caso, el proceso es muy complicado porque aunque existe la posibilidad de que no haya pruebas contundentes sino simples testimonios interesados, varios parlamentarios están en la cárcel por circunstancias comparables. En el escándalo de la para-política, como sucedió en el proceso 8000, no están todos los que son ni son todos los que están.
La Fiscalía ante tal ‘papa caliente’ no tiene una salida fácil. Si absuelve, los antiuribistas le caerán encima, y si condena, lo harán los furibistas. No es de descartar una fórmula intermedia: ni dictar medida de aseguramiento que ponga tras las rejas al primo del Presidente, ni archivar de un tajo la investigación, sino abstenerse de dictar la medida de aseguramiento pero dejar abierta la investigación hasta su calificación.
Frente a esta encrucijada, el fiscal Ramiro Marín le dijo a esta revista: “Mi vida es muy elemental. Yo, con este proceso, no aspiro ni a que me reciban en clubes, ni a mejorar mi estrato social. Por eso no tengo que lagartearle nada a nadie”. Y agregó: “El país puede saber que en el proceso del doctor Mario Uribe, la decisión que tome será con base en la legalidad, la prueba y la racionalidad”.
El grado de cercanía de Mario Uribe con el Presidente más popular de la historia reciente hace que el caso del hoy ex senador sea el más complicado de las 51 investigaciones que están abiertas contra congresistas por el escándalo de la para-política. Hay todo tipo de interpretaciones mediáticas, simbólicas y políticas que van más allá de la órbita de la investigación judicial. Por eso, al fiscal Mario Iguarán se le ha convertido en una verdadera ‘papa caliente’. Con cara pierde y con sello, también.
Si decide precluir la investigación, de inmediato los opositores del gobierno o quienes, sin ser opositores, creen que hay razones para inculpar a Mario Uribe, dirán que no se podría esperar otra cosa de un fiscal que saltó de ser viceministro de Justicia del gobierno Uribe a investigador del primo del Presidente. No va a importar entonces lo que diga el expediente ni todas las muestras de independencia que Iguarán haya podido dar en los cuatro años de su gestión.
El fiscal Ramiro Marín Vásquez, que tiene en sus manos el proceso contra el ex senador Mario Uribe, es considerado como uno de los más serios del país. Mario Iguarán, lo comisionó en su momento para que capacitara a todos los fiscales de Colombia en el nuevo sistema penal acusatorio Salvatore Mancuso dio dos declaraciones contradictorias sobre una reunión que tuvo con Mario Uribe. Y se apoyó en Eleonora Pineda para aclarar las fechas. La ex congresista aseguró que, entre Mancuso y Uribe, hubo una reunión después de las elecciones de marzo de 2002 para hablar, no de votos, sino de un eventual proceso de paz con las autodefensas La sala penal de la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de abrir la investigación formal en contra del ex senador Mario Uribe. Eso sucedió el 26 de septiembre pasado, el mismo día en que el presidente Álvaro Uribe Vélez participaba en la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York . Arriba, el magistrado Iván Velásquez Gómez Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, testigo estrella de la Corte en el tema de la para-política
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Pero, por el otro lado, si el Fiscal decide dictarle una medida de aseguramiento a Mario Uribe, lo cual indicaría que hay razones para seguir investigando, tendría también que mostrar pruebas sólidas para hacerlo o, de otra manera, el malestar en la Casa de Nariño podría tener dimensiones de hecatombe.
No es la primera vez que un fiscal general se ve enfrentado a casos parecidos. A Alfonso Gómez Méndez le tocó vivir una presión similar cuando tuvo a su cargo la investigación contra tres ministros del presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000. Y ni qué decir de la época de Alfonso Valdivieso, cuando los congresistas también eran investigados a granel.
La tensión en el caso de Mario Uribe ha llegado a su momento culminante, pues en unos 15 días la Fiscalía podría tomar una decisión. En la Casa de Nariño, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en el Congreso, en las ONG, en la academia que le sigue el rastro a la para-política y hasta en La Picota, en el patio de los congresistas presos, los rumores son el pan de cada día.
Con toda razón al Fiscal General se le ha oído decir que, desde el punto de vista de las presiones, el caso de Jorge Noguera, ex director del DAS, es una pera en dulce al lado del de Mario Uribe.
La atmósfera de tensión empezó hace seis meses cuando, el 26 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe. La noticia tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe en Nueva York, donde participaba en la Asamblea de Naciones Unidas. Desde allí dijo: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”.
Un mes después se supo que la incomodidad del mandatario no paró allí. No esperó a llegar a Colombia para llamar directamente, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia. El contenido de la conversación no está claro, pues es la médula de una denuncia penal que interpuso el propio Álvaro Uribe contra el magistrado Valencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
Como se recuerda, la chispa se encendió cuando el magistrado Valencia dijo en una entrevista en El Espectador que Uribe, cuando lo llamó desde Nueva York, le preguntó por el caso de su primo Mario. La Casa de Nariño ripostó de inmediato, señaló a Valencia de no decir la verdad y, a renglón seguido, instauró una denuncia en su contra.
Ese episodio, que en otras circunstancias se habría resuelto con una simple llamada entre las dos partes para aclarar lo ocurrido, demuestra la sensibilidad del caso Mario Uribe. Pocas veces en la historia del alto poder en Colombia un rifirrafe entre tan altos dignatarios había llegado a los tribunales en términos de polígrafos.
Lo cierto es que una semana después de ser llamado a indagatoria por la justicia, Mario Uribe hizo lo que sus amigos le habían recomendado que hiciera mucho antes: renunciar a su calidad de congresista para evitar que la tenaza de la Corte Suprema lo siguiera apretando.
El ‘chicharrón’ le cayó entonces a la Fiscalía Delegada ante la Corte. Aunque nadie lo acepta públicamente, lo cierto es que prácticamente ninguno de los fiscales delegados quería echarse encima la investigación en contra del primo del Presidente. El turno le tocó entonces a Ángela Buitrago, la fiscal que desenterró la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y que entre los pasillos del búnker es considerada como ‘de línea dura’. Sin embargo, unas horas después, el fiscal Mario Iguarán –para evitar sobrecargar a Buitrago con expedientes gordos, según dijo un alto vocero de la Fiscalía– le reasignó el caso a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal que es reconocido por su seriedad, que está a punto de jubilarse y que es conocido por muchos fiscales del país como el maestro del nuevo sistema penal acusatorio.
En diciembre pasado, Mario Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía. De ahí en adelante todo ha sido un verdadero calvario para el investigado y para los investigadores. Cuanto papel se mueve en ese expediente, de inmediato queda en el ojo del huracán. Desde luego que las presiones para la decisión final en el expediente número 11499 no son públicas, pero por debajo de la mesa la cosa es en serio. Es decir, presionan los amigos y los enemigos del Presidente de la República. En sectores de la Corte y de columnistas de prensa, por ejemplo, el jalón de orejas que Álvaro Uribe Vélez les pegó –el 8 de octubre– a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se interpretó como una respuesta al llamamiento a indagatoria de su primo.
Ese día, el primer mandatario, a través de un comunicado de prensa, denunció que la Corte estaba tratando de conseguir testigos en su contra y se refirió concretamente a ‘Tasmania’, un paramilitar del suroeste antioqueño, hoy preso. Al día siguiente se supo que la queja del Presidente estaba conectada con el caso Mario Uribe, pues el abogado de ‘Tasmania’ precisó que al testigo le habrían pedido que declarara también en su contra. En ese momento, el jefe de Estado acusó como responsable de este hecho al que para muchos es la piedra angular de la investigación de la para-política: el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. La denuncia del Presidente sigue en investigación.
Pero la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha quedado quieta. Algunos magistrados, sobre todo los de la sala penal, aún no se reponen de la andanada de Uribe Vélez contra ellos, el 8 y el 9 de octubre. No parece haber otra explicación para que los magistrados, haciendo caso omiso de la autonomía de la Fiscalía, se hayan dedicado a regañar al fiscal Mario Iguarán y, en dos comunicados públicos, darle a entender que la institución a su cargo no ha mostrado la celeridad que ellos quisieran en el tema de la para-política. El llamado de atención de la Corte a Iguarán por la supuesta lentitud en el proceso contra el ex senador Jorge Castro Pacheco también parecería llevar entre líneas un mensaje sobre el caso de Mario Uribe, que lleva seis meses de investigación sin tomar una decisión de fondo. Tampoco parece gratuito el hecho de que la Corte Suprema haya empezado la redada contra los congresistas antioqueños en el momento mismo en que la Fiscalía está a punto de pronunciarse sobre el expediente de Mario Uribe. Es más, personas cercanas al fiscal Mario Iguarán han comentado que desde la Corte Suprema le han llegado voces que le dicen que “para-política sin Mario Uribe no es para-política”.
Y como si fuera poca la tensión, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria enredó más la pita hace dos semanas, al decir en el programa Hora 20 que el tema de Mario Uribe iba por buen camino en la Fiscalía. La pregunta inmediata que suscitó fue: ¿Cómo podía saber la Presidencia en qué iba el proceso? Frente a ese comentario del vocero informal de la Casa de Nariño, el propio Fiscal dijo a la revista Cambio que la actitud de José Obdulio era “perversa”.
No se había acallado el eco de esta polémica cuando se desató otra crisis por cuenta de la columnista María Elvira Samper, quien dijo que Mario Uribe había ayudado a llegar a la Fiscalía al que hoy en día es el encargado de conocer su caso por la para-política, el fiscal Ramiro Marín.
El propio Marín, que nació en Segovia (Antioquia) hace 54 años y llegó en 1992 a la Fiscalía de Medellín, le contó a SEMANA cómo lo reclutaron para la Fiscalía en Bogotá. “A mediados de 2001, en Pereira, conocí al doctor Luis Camilo Osorio. En ese momento yo era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Creo que en Pereira, el doctor Osorio se llevó una buena impresión mía. Después de eso, él fue elegido por la Corte como fiscal general y entonces les pidió referencias mías a varios magistrados. Así fue como, a principios de 2002, el doctor Luis Camilo me invitó a trabajar con él como fiscal delegado ante la Corte”.
En síntesis, el proceso de Mario Uribe está como una olla a presión. Y el vapor político contenido no ha dejado ver los argumentos jurídicos en pro y en contra, que finalmente son aquellos sobre los cuales podrá hacer su valoración la Fiscalía, y la opinión pública su juicio.
¿Qué es lo que hay?
¿Qué tiene el expediente contra Mario Uribe? SEMANA tuvo acceso al informe y básicamente son dos los líos por los cuales se investiga al primo del presidente Uribe.
El primero parte de un testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, el ex paramilitar que trabajó con congresistas como Álvaro García y que se convirtió en el ‘ventilador’ de la para-política en Sucre. Algo parecido a lo que representó Guillermo Pallomari en el proceso 8000. ‘Pitirri’ le dijo a una comisión de la Corte Suprema –que fue a Canadá a tomarle la declaración– que en alguna oportunidad vio a Mario Uribe con paramilitares tratando de hacerse a tierras baratas en Caucasia (Antioquia) y en otra ocasión en reunión en Sahagún (Córdoba), para comprar terrenos en Sucre.
En su defensa, el primo del Presidente ha dicho que no tiene tierras en Caucasia ni en Sucre. Que su única finca queda entre Sahagún y Ciénaga de Oro (Córdoba), que la compró en 1991 y que con el paso de los años lo que ha hecho es comprar otras tierras aledañas. Así mismo, los testigos de esas reuniones han declarado a favor del primo del Presidente. Los informes del CTI dirán si en efecto hay títulos a nombre de Mario Uribe en Caucasia o en Sucre.
El segundo punto de la investigación contra Mario Uribe surgió por el testimonio dado el 15 de mayo del año pasado por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en Medellín. En esa ocasión, el jefe de las Autodefensas se despachó contra figuras clave para el gobierno de Uribe: dijo que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había conspirado con los paras para tumbar al entonces presidente Samper –la Fiscalía ya dictó auto inhibitorio en su favor por este caso–, acusó al vicepresidente Francisco Santos de haber tenido que ver con la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y aseguró que el entonces senador Mario Uribe se había reunido con él –Mancuso– en dos oportunidades y que en una de ellas hablaron de una eventual coalición política con la ex congresista Eleonora Pineda, hoy en prisión.
Pero fue el propio Mancuso quien se encargó posteriormente de dejar sin piso, o por lo menos sin fuerza, esta segunda acusación. En otra de sus declaraciones, el 23 de agosto, es decir tres meses después de la primera arremetida, Mancuso bajó el tono y recordó ante una comisión de la Corte Suprema cómo fue el encuentro con el primo del Presidente: “Eleonora me dice: hice un pacto político con el senador Mario Uribe. Yo le voy a ayudar a él en unos municipios y él me va a ayudar a mí también en algunas zonas del departamento donde él tiene un caudal electoral disponible. Eleonora, ¿por qué no me haces un favor? Preséntame al senador Mario Uribe. Yo quiero hablar con él. Quiero que él entienda el proceso que estamos haciendo de contactos políticos, de avanzar buscando abrir caminos”.
Y agregó que no podía precisar la fecha del encuentro: “Eleonora se presentó con él (...) Yo lo que quería hablar con él era el tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”. Pocos días después, Eleonora Pineda también declaró ante la Corte que la reunión Mancuso-Mario Uribe sí existió, pero después de las elecciones del 10 de marzo de 2002. Es decir, una fecha en la que Mario Uribe no habría podido pedirle votos a Mancuso.
Así las cosas, queda en manos del Fiscal valorar estas pruebas. Pero desde ya, y sobre todo después de la mención hecha por José Obdulio sobre el caso, se escuchan comentarios entre sectores críticos del gobierno, que consideran que la Fiscalía no se ha detenido a investigar posibles testaferratos y a averiguar si en las reuniones con los ganaderos se discutió cómo desplazar campesinos para comprar tierras más baratas. Pero todo esto es especulación, pues hasta ahora no se conoce ni el informe final de la Fiscalía, ni el testimonio del primer desplazado que haya hecho una denuncia en ese sentido que involucre a Mario Uribe.
Más allá del tire y afloje político, e independientemente de si es asegurado o exonerado, la imagen del senador Mario Uribe ha quedado seriamente deteriorada. Desde cuando fundó el partido Colombia Democrática, en 2003, algunos de sus actos han sido muy controvertidos. Recibió en su partido, para las elecciones de 2006, a las polémicas Rocío Arias y Eleonora Pineda, a las que luego tuvo que sacar de sus listas al parecer por presiones de la Embajada de Estados Unidos. Y de los otros cuatro congresistas que salieron elegidos bajo sus banderas, dos están condenados por el escándalo de la para-política (Miguel de la Espriella y Eric Morris), uno más detenido (el senador Álvaro García) y sólo el representante antioqueño William Vélez no se ha visto salpicado.
Todo este calvario se refleja hoy en la figura de Mario Uribe. A sus 58 años, tal vez no había vivido momentos de tanto estrés como estos. En los últimos seis meses ha rebajado siete kilos. Es consciente de que lo que está en juego no sólo es su prestigio, sino también el de su primo el Presidente de la República.
En todo caso, el proceso es muy complicado porque aunque existe la posibilidad de que no haya pruebas contundentes sino simples testimonios interesados, varios parlamentarios están en la cárcel por circunstancias comparables. En el escándalo de la para-política, como sucedió en el proceso 8000, no están todos los que son ni son todos los que están.
La Fiscalía ante tal ‘papa caliente’ no tiene una salida fácil. Si absuelve, los antiuribistas le caerán encima, y si condena, lo harán los furibistas. No es de descartar una fórmula intermedia: ni dictar medida de aseguramiento que ponga tras las rejas al primo del Presidente, ni archivar de un tajo la investigación, sino abstenerse de dictar la medida de aseguramiento pero dejar abierta la investigación hasta su calificación.
Frente a esta encrucijada, el fiscal Ramiro Marín le dijo a esta revista: “Mi vida es muy elemental. Yo, con este proceso, no aspiro ni a que me reciban en clubes, ni a mejorar mi estrato social. Por eso no tengo que lagartearle nada a nadie”. Y agregó: “El país puede saber que en el proceso del doctor Mario Uribe, la decisión que tome será con base en la legalidad, la prueba y la racionalidad”.
21 abr 2008
FORTALEZCAMOS EL PARO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
El 8 de abril la asamblea triestamentaria de la sede de Bogotá aprobó por unanimidad la realización de un paro en la universidad nacional. Paulatinamente se han sumando las demás sedes de la universidad, Manizales, Palmira y Medellín, aumentando con eficacia la fuerza del movimiento universitario. Los objetivos del paro buscan frenar las nuevas medidas privatizadoras y represivas de Uribe Vélez sobre la educación superior.
El propósito inicial es el rechazo al Estatuto Estudiantil recientemente aprobado, en su parte académica, por el uribismo que conforma la mayoría en el Consejo Superior Universitario. Esta parte desarrolla lo concerniente a los estudiantes de la antidemocrática Reforma Académica: impone un “cupo de créditos”, que en concordancia con la reforma, oscilaría entre 100 y 160 créditos, sistema que implica el riesgo de cobrar por créditos y no por matrícula, aumentando los costos en la universidad, incluye la pérdida de la calidad de estudiante cuando se agote el cupo de créditos sin interesar el semestre que este cursando y existe la posibilidad de reducir la duración de las carreras mediante la nueva estructura de créditos.
A lo académico se suma una reglamentación nugatoria de libertades y derechos democráticos. Entre las medidas adoptadas esta el establecimiento de un régimen disciplinario que define como una alteración del orden, que puede dar lugar a la expulsión del estudiante, la realización de todo tipo de actividad de resistencia civil o libertad de expresión crítica en la universidad. Bajo el pretexto de la “convivencia y el orden” ahondan la política de seguridad democrática en la Universidad para tratar de acallar un tradicional frente de resistencia civil a la política imperialista. Para profundizar la política neoliberal en Colombia tienen que acallar a la Universidad Nacional.
La segunda finalidad del paro es el rechazo a un nuevo esquema de seguridad en la sede de Bogotá. Buscan hacer inversiones en tecnología que sustituyan la actual planta de celadores, para establecer un sistema de vigilancia de alta tecnología con cámaras y computadores, así como la instalación de postes de teléfonos en las 6 zonas en las que se dividiría la universidad para facilitar la represión del movimiento estudiantil.
En tercer lugar se exige una postura autónoma de la universidad para rechazar la concurrencia al pago del pasivo pensional. Mientras la totalidad de la comunidad universitaria esperaba el decreto reglamentario se profirió la Ley 1169 de 2007 –Ley de Presupuesto- que compromete 100.000 millones de los 500.000 que por Ley 30 de 1992 se destinaban para funcionamiento. Por último existe una postura crítica ante la reforma académica que implementa las competencias en los currículos de las carreras afectando la autonomía universitaria.
La Administración sólo ha recurrido a la mentira y al autoritarismo para defender sus postulados. Declaraciones de directivos de la Universidad que señalan que “se han consultado a todos los sectores de la universidad”, omiten que los estudiantes hemos organizado una consulta cercana a los 13.000 participantes que optaron por tres decisiones: rechazar el procedimiento y contenido del actual estatuto estudiantil y comprometerse en la elaboración democrática de uno nuevo. A eso se suma la orden de cierre de la sede de Bogotá que apunta con claridad a dispersar el movimiento, creemos que la universidad es de la nación colombiana y no puede ser cerrada como una empresa privada. Estas son pruebas fehacientes de la debilidad que comienza a mostrar tan ingente arremetida.
El objetivo fundamental del Gobierno es adecuar la educación superior al libre comercio que le dará paso a las transnacionales de la educación superior y a las universidades corporativas. Participemos masivamente en las actividades de paro, en las asambleas, movilizaciones y actividades culturales programadas por el movimiento, rechazando el modelo de una educación pobre para pobres que desean imponernos. Defendamos una universidad nacional, al servicio del país, científica al impartir los altos contenidos científicos de cada materia y democrática, puesta en beneficio de la población colombiana y en cuyo claustro se hagan eficaces las libertades y los derechos esenciales.
El propósito inicial es el rechazo al Estatuto Estudiantil recientemente aprobado, en su parte académica, por el uribismo que conforma la mayoría en el Consejo Superior Universitario. Esta parte desarrolla lo concerniente a los estudiantes de la antidemocrática Reforma Académica: impone un “cupo de créditos”, que en concordancia con la reforma, oscilaría entre 100 y 160 créditos, sistema que implica el riesgo de cobrar por créditos y no por matrícula, aumentando los costos en la universidad, incluye la pérdida de la calidad de estudiante cuando se agote el cupo de créditos sin interesar el semestre que este cursando y existe la posibilidad de reducir la duración de las carreras mediante la nueva estructura de créditos.
A lo académico se suma una reglamentación nugatoria de libertades y derechos democráticos. Entre las medidas adoptadas esta el establecimiento de un régimen disciplinario que define como una alteración del orden, que puede dar lugar a la expulsión del estudiante, la realización de todo tipo de actividad de resistencia civil o libertad de expresión crítica en la universidad. Bajo el pretexto de la “convivencia y el orden” ahondan la política de seguridad democrática en la Universidad para tratar de acallar un tradicional frente de resistencia civil a la política imperialista. Para profundizar la política neoliberal en Colombia tienen que acallar a la Universidad Nacional.
La segunda finalidad del paro es el rechazo a un nuevo esquema de seguridad en la sede de Bogotá. Buscan hacer inversiones en tecnología que sustituyan la actual planta de celadores, para establecer un sistema de vigilancia de alta tecnología con cámaras y computadores, así como la instalación de postes de teléfonos en las 6 zonas en las que se dividiría la universidad para facilitar la represión del movimiento estudiantil.
En tercer lugar se exige una postura autónoma de la universidad para rechazar la concurrencia al pago del pasivo pensional. Mientras la totalidad de la comunidad universitaria esperaba el decreto reglamentario se profirió la Ley 1169 de 2007 –Ley de Presupuesto- que compromete 100.000 millones de los 500.000 que por Ley 30 de 1992 se destinaban para funcionamiento. Por último existe una postura crítica ante la reforma académica que implementa las competencias en los currículos de las carreras afectando la autonomía universitaria.
La Administración sólo ha recurrido a la mentira y al autoritarismo para defender sus postulados. Declaraciones de directivos de la Universidad que señalan que “se han consultado a todos los sectores de la universidad”, omiten que los estudiantes hemos organizado una consulta cercana a los 13.000 participantes que optaron por tres decisiones: rechazar el procedimiento y contenido del actual estatuto estudiantil y comprometerse en la elaboración democrática de uno nuevo. A eso se suma la orden de cierre de la sede de Bogotá que apunta con claridad a dispersar el movimiento, creemos que la universidad es de la nación colombiana y no puede ser cerrada como una empresa privada. Estas son pruebas fehacientes de la debilidad que comienza a mostrar tan ingente arremetida.
El objetivo fundamental del Gobierno es adecuar la educación superior al libre comercio que le dará paso a las transnacionales de la educación superior y a las universidades corporativas. Participemos masivamente en las actividades de paro, en las asambleas, movilizaciones y actividades culturales programadas por el movimiento, rechazando el modelo de una educación pobre para pobres que desean imponernos. Defendamos una universidad nacional, al servicio del país, científica al impartir los altos contenidos científicos de cada materia y democrática, puesta en beneficio de la población colombiana y en cuyo claustro se hagan eficaces las libertades y los derechos esenciales.
¿Por qué la Nacho está en paro?
Por el debilitamiento financiero y la concurrencia en el pasivo pensional
Por el control autoritaria y antidemocrático de las universidades, con su consecuente corrupción y expoliación a través de las clientelas políticas del gobierno
Por el desconocimiento de los derechos laborales de sus empleados docentes y no docentes
Por la imposición inconsulta de reformas académicas, estatutarias, de esquemas de seguridad y administrativas
Por el control autoritaria y antidemocrático de las universidades, con su consecuente corrupción y expoliación a través de las clientelas políticas del gobierno
Por el desconocimiento de los derechos laborales de sus empleados docentes y no docentes
Por la imposición inconsulta de reformas académicas, estatutarias, de esquemas de seguridad y administrativas
20 abr 2008
Uptc marchó por la construcción de una nueva sede en Duitama ( y por la financiacion de todas sus sedes)
Aspectos de la marcha de protesta de los estudiantes de la Uptc, en la carretera central, cuando pasaban por Paipa.Más de 3 mil estudiantes de las seccionales de la Uptc le pidieron al gobierno seccional y a las directivas, sede nueva para la universidad en Duitama. La caravana caminó 65 kilómetros.
Una marcha de protesta que comenzó en Sogamoso culminó el jueves en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde se concentraron cerca de 3.500 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, luego de dos días de caminata.
El movimiento, del que se dieron los primeros pasos hace diez días con una huelga de hambre de un profesor y el bloqueo de las instalaciones por parte de los alumnos, tiene como objetivo llamar la atención de las directivas del alma mater, a cerca de la situación desventajosa en la que estudian los 3.200 alumnos matriculadosen los siete programas de pregrado en la seccional de Duitama.
"Pese a que en la primera protesta del profesor Jairo Suárez y que nosotros apoyamos, se hizo un acta de acuerdo, las soluciones que nos dieron son temporales y a medias. Por eso decidimos realizar esta marcha de protesta para exigir un compromiso serio y de fondo de parte de las directivas para solucionar el déficit presupuestal de la universidad aquí (en Duitama), donde estudian en deplorables condiciones", dijo Ernesto Leguízamo, profesor que colaboró con los coordinadores del movimiento, Andrés Amaya y Miguel Vergara.
Hacinados
Aunque el rector de la Uptc, Alfonso López, reconoció que hay algunas incomodidades en Duitama y que ya están arreglando, calificó de exagerada la denuncia de hacinamiento que hizo el estudiantado a los medios de comunicación.
Por su parte los representante estudiantiles insistieron en que sí hay hacinamiento, puesto que la universidad funciona en las instalaciones de un colegio con capacidad para unos mil estudiantes, de hace 36 años, y ahora se triplicó.
Expresaron sastisfacción con lo acordado con el Gobierno (ver recuadro).
Acuerdo de voluntades: Rozo Millán
Según Andrés Amaya, representante estudiantil al Consejo Superior de la Uptc, se percibe buena voluntad estatal para buscar soluciones, entre ellas suscribir un documento respaldado por diputados, Gobernación, alcaldía y directivas universitarias para pedir atención del Gobierno nacional a la Uptc
Rozo Millán les cederá, por ahora, las instalaciones del antiguo colegio de Paipa para trasladar allí uno de los programas.
También 'negociarán' con la Alcaldía de Duitama la cesión a la Uptc del lote que la Gobernación donó para la Terminal de Transportes.
Una marcha de protesta que comenzó en Sogamoso culminó el jueves en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde se concentraron cerca de 3.500 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, luego de dos días de caminata.
El movimiento, del que se dieron los primeros pasos hace diez días con una huelga de hambre de un profesor y el bloqueo de las instalaciones por parte de los alumnos, tiene como objetivo llamar la atención de las directivas del alma mater, a cerca de la situación desventajosa en la que estudian los 3.200 alumnos matriculadosen los siete programas de pregrado en la seccional de Duitama.
"Pese a que en la primera protesta del profesor Jairo Suárez y que nosotros apoyamos, se hizo un acta de acuerdo, las soluciones que nos dieron son temporales y a medias. Por eso decidimos realizar esta marcha de protesta para exigir un compromiso serio y de fondo de parte de las directivas para solucionar el déficit presupuestal de la universidad aquí (en Duitama), donde estudian en deplorables condiciones", dijo Ernesto Leguízamo, profesor que colaboró con los coordinadores del movimiento, Andrés Amaya y Miguel Vergara.
Hacinados
Aunque el rector de la Uptc, Alfonso López, reconoció que hay algunas incomodidades en Duitama y que ya están arreglando, calificó de exagerada la denuncia de hacinamiento que hizo el estudiantado a los medios de comunicación.
Por su parte los representante estudiantiles insistieron en que sí hay hacinamiento, puesto que la universidad funciona en las instalaciones de un colegio con capacidad para unos mil estudiantes, de hace 36 años, y ahora se triplicó.
Expresaron sastisfacción con lo acordado con el Gobierno (ver recuadro).
Acuerdo de voluntades: Rozo Millán
Según Andrés Amaya, representante estudiantil al Consejo Superior de la Uptc, se percibe buena voluntad estatal para buscar soluciones, entre ellas suscribir un documento respaldado por diputados, Gobernación, alcaldía y directivas universitarias para pedir atención del Gobierno nacional a la Uptc
Rozo Millán les cederá, por ahora, las instalaciones del antiguo colegio de Paipa para trasladar allí uno de los programas.
También 'negociarán' con la Alcaldía de Duitama la cesión a la Uptc del lote que la Gobernación donó para la Terminal de Transportes.
15 abr 2008
LA REALIDAD DE LA CRISIS EN LA UPTC
Por Luis Bernardo Díaz, Presidente Asoprofe-UPTC
Los recientes fenómenos de bloqueos de los estudiantes de Química de alimentos y la huelga de hambre del profesor Jaime Suárez en Duitama, demuestran que algo no marcha bien en la UPTC. La posición reactiva del rector que actúa sólo hasta que ocurren las cosas, demuestra la necesidad de un replanteamiento de las políticas de la Administración.
Financieramente en la UPTC no hay dinero para casi nada, la invitación del gerente (Rector) es a buscar recursos propios para realizar cualquier iniciativa, como cursos de extensión para los clientes (estudiantes), de lo contrario la UPTC no subsidiará a nadie, renunciando a su deber misional. Ya se habla incluso de liquidar programas que no ofrezcan el punto de equilibrio, como filosofía, sociales, matemáticas, física y artes. Esto corresponde al modelo neoliberal que fuera denunciado en la extraordinaria audiencia pública realizada el, pasado 3 de abril en el Congreso gracias a la iniciativa de la Federación Nacional de Profesores.
El informe financiero presentado por el miembro de Asoprofe Dr. Francisco Giraldo, devela una serie de irregularidades graves en el manejo de los recursos de la UPTC, que atraviesa por un déficit acumulado debido al desgreño y a la nómina paralela, alimentada en muchos casos por politiqueros, uno de ellos vinculado a la parapolítica. Existen recursos financieros que debería asumir el Gobierno Nacional y que no lo hace, como por ejemplo el descuento del certificado electoral del 10% en matrículas, la productividad docente (Decreto 1279), etc. Hay vigentes leyes que apoyan a la UPTC como la que destina recursos para la construcción del gran auditorio y el rector no mueve ni un dedo ante su correligionario Ministro de Hacienda para que se arbitren los mismos. No hay concurso de méritos para proveer cargos administrativos y subsiste el viejo estilo clientelista en la asignación de cargos.
La situación del profesorado es decadente, pues en su mayoría son ocasionales y catedráticos, y mientras el Congreso aprobó la ley para incorporar a la nómina oficial a 120 mil empleados provisionales, en las universidades públicas subsisten docentes con 15 y 20 años en esa calidad a quienes se les niega el ingreso a la planta. En la Comisión de Estatuto Profesoral se negó la posibilidad de que los ocasionales aforados tuviesen estabilidad laboral reforzada, lo cual es un gesto patronalista.
La participación democrática es una vergüenza. Después de los avatares que tienen demandado al rector en el Consejo de Estado por mi exclusión de la competencia rectoral en los últimos comicios, el Consejo Superior –como el cangrejo- deroga la figura de la revocatoria del mandato rectoral por el temor a que el incumplimiento de su programa deviniera en una revocatoria. Eso es como cambiar un articulito para hacerme reelegir presidente!
Además, persisten las retaliaciones contra los docentes y estudiantes críticos. El Secretario de la Fesad Raúl Sánchez fue destituido fulminantemente por atreverse a criticar la gestión de un Decano de ingrata recordación por sus errores y prácticas persecutorias.
La calidad académica está por el piso, fruto de improvisaciones y errores de quienes han dirigido la Vicerrectoría Académica desde hace 5 años, quizá con la excepción del actual que está en período de prueba, por lo cual la UPTC ocupa en el SUE el lugar 29 entre 32 universidades públicas, pese a recibir el cuarto presupuesto de las mismas. Esta fue la razón del paro de 2007.
Lo grave es que las opciones son estrechas, y permeadas políticamente. O se pertenece a la godarria de la derecha inepta o a la seudoizquierda cínica para ser opción de poder; ambos han tenido el poder y han fracasado, lo demuestran los indicadores. Se requiere un proceso de ruptura que impulse una tercería democrática y de calidad que saque a la UPTC del ostracismo y el marasmo.
Los recientes fenómenos de bloqueos de los estudiantes de Química de alimentos y la huelga de hambre del profesor Jaime Suárez en Duitama, demuestran que algo no marcha bien en la UPTC. La posición reactiva del rector que actúa sólo hasta que ocurren las cosas, demuestra la necesidad de un replanteamiento de las políticas de la Administración.
Financieramente en la UPTC no hay dinero para casi nada, la invitación del gerente (Rector) es a buscar recursos propios para realizar cualquier iniciativa, como cursos de extensión para los clientes (estudiantes), de lo contrario la UPTC no subsidiará a nadie, renunciando a su deber misional. Ya se habla incluso de liquidar programas que no ofrezcan el punto de equilibrio, como filosofía, sociales, matemáticas, física y artes. Esto corresponde al modelo neoliberal que fuera denunciado en la extraordinaria audiencia pública realizada el, pasado 3 de abril en el Congreso gracias a la iniciativa de la Federación Nacional de Profesores.
El informe financiero presentado por el miembro de Asoprofe Dr. Francisco Giraldo, devela una serie de irregularidades graves en el manejo de los recursos de la UPTC, que atraviesa por un déficit acumulado debido al desgreño y a la nómina paralela, alimentada en muchos casos por politiqueros, uno de ellos vinculado a la parapolítica. Existen recursos financieros que debería asumir el Gobierno Nacional y que no lo hace, como por ejemplo el descuento del certificado electoral del 10% en matrículas, la productividad docente (Decreto 1279), etc. Hay vigentes leyes que apoyan a la UPTC como la que destina recursos para la construcción del gran auditorio y el rector no mueve ni un dedo ante su correligionario Ministro de Hacienda para que se arbitren los mismos. No hay concurso de méritos para proveer cargos administrativos y subsiste el viejo estilo clientelista en la asignación de cargos.
La situación del profesorado es decadente, pues en su mayoría son ocasionales y catedráticos, y mientras el Congreso aprobó la ley para incorporar a la nómina oficial a 120 mil empleados provisionales, en las universidades públicas subsisten docentes con 15 y 20 años en esa calidad a quienes se les niega el ingreso a la planta. En la Comisión de Estatuto Profesoral se negó la posibilidad de que los ocasionales aforados tuviesen estabilidad laboral reforzada, lo cual es un gesto patronalista.
La participación democrática es una vergüenza. Después de los avatares que tienen demandado al rector en el Consejo de Estado por mi exclusión de la competencia rectoral en los últimos comicios, el Consejo Superior –como el cangrejo- deroga la figura de la revocatoria del mandato rectoral por el temor a que el incumplimiento de su programa deviniera en una revocatoria. Eso es como cambiar un articulito para hacerme reelegir presidente!
Además, persisten las retaliaciones contra los docentes y estudiantes críticos. El Secretario de la Fesad Raúl Sánchez fue destituido fulminantemente por atreverse a criticar la gestión de un Decano de ingrata recordación por sus errores y prácticas persecutorias.
La calidad académica está por el piso, fruto de improvisaciones y errores de quienes han dirigido la Vicerrectoría Académica desde hace 5 años, quizá con la excepción del actual que está en período de prueba, por lo cual la UPTC ocupa en el SUE el lugar 29 entre 32 universidades públicas, pese a recibir el cuarto presupuesto de las mismas. Esta fue la razón del paro de 2007.
Lo grave es que las opciones son estrechas, y permeadas políticamente. O se pertenece a la godarria de la derecha inepta o a la seudoizquierda cínica para ser opción de poder; ambos han tenido el poder y han fracasado, lo demuestran los indicadores. Se requiere un proceso de ruptura que impulse una tercería democrática y de calidad que saque a la UPTC del ostracismo y el marasmo.
LA REVOCATORIA DEL CONGRESO: UNA NECESIDAD IMPERIOSA
Por Luis Bernardo Díaz, presidente de Asoprofe-UPTC
Los colombianos nos estamos acostumbrando a que cada semana la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia coloca a buen recaudo en La Picota a nuevos Para-mentarios. Una circunstancia de esta naturaleza en un país civilizado llevaría a clausurar el Congreso ipso facto. Sin embargo, estamos en “Locombia” y en cabeza del actual deslegitimado Legislativo la Reforma Política, una salida a la medida de quienes hoy han perdido legitimidad ante el pueblo.
Coincido con José Cuesta en que la salida no es sólo la revocatoria del Congreso, sino además la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por la Paz y la Democracia, que vincule a todos los sectores del país y asuma el cambio de modelo hacia un auténtico Estado Social de Derecho –hoy convertido en estado antisocial de derecha-, que los representantes del modelo neoliberal han despedazado a través de más de 25 reformar a la Carta Política y que está demostrado su fracaso con más de 30 millones de pobres y 60% de desempleados o subempleados.
Si el Congreso es el escenario de la democracia por excelencia, éste debe estar rodeado de legitimidad, y el actual no la tiene. La diferencia entre legalidad y legitimidad radica en que la primera puede estar positivizada en normas, provenir de órganos legalmente constituidos y obedecer a los trámites previstos. Contrario sensu, la legitimidad es el curso tranquilo de la legalidad dentro de la comunidad de asociados, fruto del reconocimiento popular de la misma, existiendo una incardinación saludable entre norma y sociedad civil. Lo que hoy se presencia es un espectáculo de ilegitimidad de la legalidad, tanto que abundan las “paralegalidades”, lo cual induce a pensar en un cascarón que no encarna en la voluntad popular.
Por lo tanto, el llamado es a marchar ahora por la revocatoria del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por la Paz y la Democracia, para reconstruir nuestro país devastado por el conflicto político y social. En este sentido, debemos trabajar con la gente honesta y mandar a vacaciones a los corruptos politiqueros culpables de la crisis; es evidente que es la única forma para construir un Estado donde quepamos todos.
Los colombianos nos estamos acostumbrando a que cada semana la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia coloca a buen recaudo en La Picota a nuevos Para-mentarios. Una circunstancia de esta naturaleza en un país civilizado llevaría a clausurar el Congreso ipso facto. Sin embargo, estamos en “Locombia” y en cabeza del actual deslegitimado Legislativo la Reforma Política, una salida a la medida de quienes hoy han perdido legitimidad ante el pueblo.
Coincido con José Cuesta en que la salida no es sólo la revocatoria del Congreso, sino además la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por la Paz y la Democracia, que vincule a todos los sectores del país y asuma el cambio de modelo hacia un auténtico Estado Social de Derecho –hoy convertido en estado antisocial de derecha-, que los representantes del modelo neoliberal han despedazado a través de más de 25 reformar a la Carta Política y que está demostrado su fracaso con más de 30 millones de pobres y 60% de desempleados o subempleados.
Si el Congreso es el escenario de la democracia por excelencia, éste debe estar rodeado de legitimidad, y el actual no la tiene. La diferencia entre legalidad y legitimidad radica en que la primera puede estar positivizada en normas, provenir de órganos legalmente constituidos y obedecer a los trámites previstos. Contrario sensu, la legitimidad es el curso tranquilo de la legalidad dentro de la comunidad de asociados, fruto del reconocimiento popular de la misma, existiendo una incardinación saludable entre norma y sociedad civil. Lo que hoy se presencia es un espectáculo de ilegitimidad de la legalidad, tanto que abundan las “paralegalidades”, lo cual induce a pensar en un cascarón que no encarna en la voluntad popular.
Por lo tanto, el llamado es a marchar ahora por la revocatoria del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por la Paz y la Democracia, para reconstruir nuestro país devastado por el conflicto político y social. En este sentido, debemos trabajar con la gente honesta y mandar a vacaciones a los corruptos politiqueros culpables de la crisis; es evidente que es la única forma para construir un Estado donde quepamos todos.
14 abr 2008
Planeta con hambre (resultado de la globalizacion)
El hambre ataca, y la gente se levanta. Hay protestas en Guinea, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Níger y Senegal. En Camerún causan 40 muertos. En Haití, cuatro. En Costa de Marfil y Burkina Faso las manifestaciones se convierten en saqueos y violencia, mientras en Egipto siete personas mueren en peleas por recibir pan subsidiado. Uzbekistán, Yemen, Bolivia e Indonesia viven algo parecido, mientras los gobiernos de Camboya, Filipinas, Pakistán, India, Tailandia y Vietnam prohiben exportar el arroz para asegurar al menos una menguada ración a sus habitantes más vulnerables.
Los altos precios de la comida la han puesto fuera del alcance de millones, y la situación no hace más que agravarse.
Al anunciar una reunión de emergencia para junio en Roma, el secretario general de la FAO, Jacques Diouf, afirmó que en los últimos nueve meses el precio de los alimentos ha subido 80 por ciento en promedio alrededor del mundo, y que hay escasez de arroz, maíz y trigo. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo esta semana que al menos 33 países enfrentan protestas e inestabilidad debido a la carestía de la comida, y que los países más desarrollados deben contribuir de inmediato con 500 millones de dólares de ayuda de emergencia para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, unió su voz a las alarmas en los últimos días.
Parte de la culpa corresponde a factores climáticos, como las sequías que afectaron las cosechas de trigo de Australia y Canadá; y demográficos, como el aumento de la población de China e India, que unido al crecimiento de sus economías, han incrementado enormemente su consumo y, por ende, su demanda de alimentos.
Pero la siembra para producir biocombustibles como el etanol, que proviene de una decisión política, es el mayor sospechoso de ser el principal responsable de la inseguridad alimentaria que se cierne sobre millones de personas en el mundo. Investigaciones como la publicada en la edición de noviembre de la revista Environment, de la Universidad de Stanford, han demostrado que los beneficios que proporcione esa agroindustria podrían ser superados por sus inconvenientes. Y en concreto, que el estímulo a esa agroindustria ha disparado el precio de los alimentos en el mundo, y lo ha puesto por fuera del alcance de las poblaciones más pobres.
Esa no era la idea cuando, hace apenas dos años, la ONU y su agencia de agricultura y alimentos, la FAO, se unieron con entusiasmo al coro de quienes promovían esas siembras como una salida a la dependencia de los combustibles fósiles y al calentamiento global. Por primera vez en muchos años, se argumentaba además, que los productos agrícolas romperían la tendencia a la baja, y traerían un ingreso decente a millones de personas.
Un reporte de la Energy Future Coalition, una ONG compuesta por conglomerados interesados en la producción de etanol, sostenía además que “los biocombustibles atraerían inversión para mejorar la producción agraria, lo que mejoraría la producción de alimentos, aceleraría el desarrollo económico rural y aliviaría la pobreza y la migración a las ciudades”. Los defensores de la iniciativa explicaban también que ya había un superávit de producción mundial de alimentos. Pero las cosas no han salido tan bien como se esperaba.
El furor mundial por el cual los agricultores están sembrando para producir biocombustibles nació en los países desarrollados, motivado por su deseo de reemplazar los combustibles fósiles, controlar el efecto invernadero y disminuir su dependencia de los países productores de petróleo. Como ni Estados Unidos, Canadá o Europa podrían producir lo necesario para sus ambiciosas metas, lo lógico era que los países del tercer mundo entraran en el negocio.
Con el liderazgo entusiasta de Brasil, un país que lleva varios decenios produciendo grandes cantidades de etanol para sus automóviles, muchos países crearon sus propios programas. La lista incluye, según la FAO, a Argentina, Colombia, Ecuador, Indonesia, malawi, Malasia, Mozambique, Filipinas, Senegal, Suráfrica, Tailandia y Zambia.
Lo malo es que la primera generación de siembras para producir etanol incluye productos que tradicionalmente han servido a la humanidad para alimentarse, como caña de azúcar, maíz y soya, entre otros. Por eso, la esperanza de que con la creciente demanda de etanol, crecieran los ingresos de los agricultores, se vio opacada por el hecho de que, como se siembran menos alimentos, y por lo tanto hay menos oferta, el aumento del precio de estos puede contrarrestar el efecto positivo.
Porque además, en la práctica y en la gran mayoría de los casos, no son precisamente los campesinos pobres los que disponen de la tierra y la capacidad de inversión para sembrar a gran escala con destino a producir biocombustibles. De tal manera que las víctimas de los aumentos de precio no necesariamente son los mismos que se benefician con los mejores ingresos provenientes del etanol. Un estudio de la Universidad de Minnessota, realizado en 2003, predecía que si el valor de los alimentos subía por factores como la producción de biocombustibles, la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria “crecería en 16 millones por cada punto porcentual de incremento en los precios reales de los alimentos básicos”.
Y lo peor es que, tal como han comprobado los científicos, no está demostrado que el uso de etanol como ingrediente de la mezcla carburante contribuya en forma significativa a disminuir el efecto invernadero o a mejorar el medio ambiente. Entre otras cosas, porque los cultivos agroindustriales demandarán también usar enormes cantidades de fertilizantes. Y porque esos cultivos destinados a los motores igual compiten por las tierras y el agua con los alimenticios.
En todo caso, la tendencia hacia la producción de biocombustible parece ser irreversible, así una autoridad en la materia, Jean Ziegler, quien asesora a la ONU en el tema del acceso a la comida como derecho humano, la considere un “crimen contra la humanidad”. En su reporte de agosto pasado a la Asamblea General, Ziegler acuñó la famosa ecuación según la cual con la cantidad de maíz necesaria para producir suficiente etanol para llenar el tanque de un carro se podría alimentar a un niño durante todo un año.
Ziegler considera necesario acelerar al máximo la producción de biocombustibles de segunda generación, que se basan en productos vegetales no alimenticios, como la celulosa o los residuos de las cosechas, cáscaras y otros desechos. Y que los gobiernos se aseguren de que la producción de biocombustibles no esté a cargo solamente de los conglomerados agroindustriales, sino más bien, y en gran medida, de la agricultura familiar. Ello garantizaría que la bonanza de precios causada por la demanda mundial de biocombustibles como el etanol llegue a quienes más lo necesitan.
Lamentablemente, los biocombustibles de segunda generación están al menos a diez años de ser perfeccionados, por lo que la inflación mundial en los precios de los alimentos no tiene un final a la vista. Por eso, Ziegler pide en el documento urgentemente una moratoria de cinco años en los programas, para evitar una catástrofe humanitaria. Y recuerda a los gobiernos que el derecho a la alimentación, considerado como un derecho humano fundamental, significa que están obligados a no tomar ninguna acción que pueda resultar en el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.
Los altos precios de la comida la han puesto fuera del alcance de millones, y la situación no hace más que agravarse.
Al anunciar una reunión de emergencia para junio en Roma, el secretario general de la FAO, Jacques Diouf, afirmó que en los últimos nueve meses el precio de los alimentos ha subido 80 por ciento en promedio alrededor del mundo, y que hay escasez de arroz, maíz y trigo. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo esta semana que al menos 33 países enfrentan protestas e inestabilidad debido a la carestía de la comida, y que los países más desarrollados deben contribuir de inmediato con 500 millones de dólares de ayuda de emergencia para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, unió su voz a las alarmas en los últimos días.
Parte de la culpa corresponde a factores climáticos, como las sequías que afectaron las cosechas de trigo de Australia y Canadá; y demográficos, como el aumento de la población de China e India, que unido al crecimiento de sus economías, han incrementado enormemente su consumo y, por ende, su demanda de alimentos.
Pero la siembra para producir biocombustibles como el etanol, que proviene de una decisión política, es el mayor sospechoso de ser el principal responsable de la inseguridad alimentaria que se cierne sobre millones de personas en el mundo. Investigaciones como la publicada en la edición de noviembre de la revista Environment, de la Universidad de Stanford, han demostrado que los beneficios que proporcione esa agroindustria podrían ser superados por sus inconvenientes. Y en concreto, que el estímulo a esa agroindustria ha disparado el precio de los alimentos en el mundo, y lo ha puesto por fuera del alcance de las poblaciones más pobres.
Esa no era la idea cuando, hace apenas dos años, la ONU y su agencia de agricultura y alimentos, la FAO, se unieron con entusiasmo al coro de quienes promovían esas siembras como una salida a la dependencia de los combustibles fósiles y al calentamiento global. Por primera vez en muchos años, se argumentaba además, que los productos agrícolas romperían la tendencia a la baja, y traerían un ingreso decente a millones de personas.
Un reporte de la Energy Future Coalition, una ONG compuesta por conglomerados interesados en la producción de etanol, sostenía además que “los biocombustibles atraerían inversión para mejorar la producción agraria, lo que mejoraría la producción de alimentos, aceleraría el desarrollo económico rural y aliviaría la pobreza y la migración a las ciudades”. Los defensores de la iniciativa explicaban también que ya había un superávit de producción mundial de alimentos. Pero las cosas no han salido tan bien como se esperaba.
El furor mundial por el cual los agricultores están sembrando para producir biocombustibles nació en los países desarrollados, motivado por su deseo de reemplazar los combustibles fósiles, controlar el efecto invernadero y disminuir su dependencia de los países productores de petróleo. Como ni Estados Unidos, Canadá o Europa podrían producir lo necesario para sus ambiciosas metas, lo lógico era que los países del tercer mundo entraran en el negocio.
Con el liderazgo entusiasta de Brasil, un país que lleva varios decenios produciendo grandes cantidades de etanol para sus automóviles, muchos países crearon sus propios programas. La lista incluye, según la FAO, a Argentina, Colombia, Ecuador, Indonesia, malawi, Malasia, Mozambique, Filipinas, Senegal, Suráfrica, Tailandia y Zambia.
Lo malo es que la primera generación de siembras para producir etanol incluye productos que tradicionalmente han servido a la humanidad para alimentarse, como caña de azúcar, maíz y soya, entre otros. Por eso, la esperanza de que con la creciente demanda de etanol, crecieran los ingresos de los agricultores, se vio opacada por el hecho de que, como se siembran menos alimentos, y por lo tanto hay menos oferta, el aumento del precio de estos puede contrarrestar el efecto positivo.
Porque además, en la práctica y en la gran mayoría de los casos, no son precisamente los campesinos pobres los que disponen de la tierra y la capacidad de inversión para sembrar a gran escala con destino a producir biocombustibles. De tal manera que las víctimas de los aumentos de precio no necesariamente son los mismos que se benefician con los mejores ingresos provenientes del etanol. Un estudio de la Universidad de Minnessota, realizado en 2003, predecía que si el valor de los alimentos subía por factores como la producción de biocombustibles, la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria “crecería en 16 millones por cada punto porcentual de incremento en los precios reales de los alimentos básicos”.
Y lo peor es que, tal como han comprobado los científicos, no está demostrado que el uso de etanol como ingrediente de la mezcla carburante contribuya en forma significativa a disminuir el efecto invernadero o a mejorar el medio ambiente. Entre otras cosas, porque los cultivos agroindustriales demandarán también usar enormes cantidades de fertilizantes. Y porque esos cultivos destinados a los motores igual compiten por las tierras y el agua con los alimenticios.
En todo caso, la tendencia hacia la producción de biocombustible parece ser irreversible, así una autoridad en la materia, Jean Ziegler, quien asesora a la ONU en el tema del acceso a la comida como derecho humano, la considere un “crimen contra la humanidad”. En su reporte de agosto pasado a la Asamblea General, Ziegler acuñó la famosa ecuación según la cual con la cantidad de maíz necesaria para producir suficiente etanol para llenar el tanque de un carro se podría alimentar a un niño durante todo un año.
Ziegler considera necesario acelerar al máximo la producción de biocombustibles de segunda generación, que se basan en productos vegetales no alimenticios, como la celulosa o los residuos de las cosechas, cáscaras y otros desechos. Y que los gobiernos se aseguren de que la producción de biocombustibles no esté a cargo solamente de los conglomerados agroindustriales, sino más bien, y en gran medida, de la agricultura familiar. Ello garantizaría que la bonanza de precios causada por la demanda mundial de biocombustibles como el etanol llegue a quienes más lo necesitan.
Lamentablemente, los biocombustibles de segunda generación están al menos a diez años de ser perfeccionados, por lo que la inflación mundial en los precios de los alimentos no tiene un final a la vista. Por eso, Ziegler pide en el documento urgentemente una moratoria de cinco años en los programas, para evitar una catástrofe humanitaria. Y recuerda a los gobiernos que el derecho a la alimentación, considerado como un derecho humano fundamental, significa que están obligados a no tomar ninguna acción que pueda resultar en el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.
12 abr 2008
Marcha por UPTC
Queridos amigos, en este momento los compañeros de la seccional Duitama emprenden una lucha muy importante para conseguir por medio de la gestión de estos, una nueva sede, por cuanto los problemas de hacinamiento y de infraestructura física, han llegado a un límite inaceptable, lo que hace que se tomen medidas por parte de los Estudiantes para lograr conseguir estas herramientas totalmente necesarias para el desarrollo de la formación integral de nuestra apreciada sede de Duitama.
Se va ha emprender una marcha histórica, en forma de protesta por el abandono administrativo en que se tiene a esta sede; la cual arrancará el martes desde la sede de Sogamoso, se encontraran en Duitama con los compañeros de esta sede el día miércoles y la sede central los recibirá el jueves a la entrada de Tunja en el barrio los muiscas, para luego llegar a la Universidad y emprender la consecución de esta lucha y que tendrá como único objetivo que se incluya en el plan cuatrienal de la UPTC resolver la situación de la infraestructura de la sede Duitama y agitar la situación presupuestal de la Universidad.
Claro que sí, Compañeros de Duitama, tienen el apoyo y acompañamiento de la sede central, en ésta, también nuestra lucha. Convoco igualmente a los compañeros de la apreciada sede Chiquinquirá y FESAD para que apoyemos a nuestros compañeros.
Se va ha emprender una marcha histórica, en forma de protesta por el abandono administrativo en que se tiene a esta sede; la cual arrancará el martes desde la sede de Sogamoso, se encontraran en Duitama con los compañeros de esta sede el día miércoles y la sede central los recibirá el jueves a la entrada de Tunja en el barrio los muiscas, para luego llegar a la Universidad y emprender la consecución de esta lucha y que tendrá como único objetivo que se incluya en el plan cuatrienal de la UPTC resolver la situación de la infraestructura de la sede Duitama y agitar la situación presupuestal de la Universidad.
Claro que sí, Compañeros de Duitama, tienen el apoyo y acompañamiento de la sede central, en ésta, también nuestra lucha. Convoco igualmente a los compañeros de la apreciada sede Chiquinquirá y FESAD para que apoyemos a nuestros compañeros.
11 abr 2008
¿UN NUEVO PINOCHET?
Recordando los años de la dictadura en chile y sus acciones en contra del movimiento estudiantil nos damos cuenta que no son muy diferentes a nuestra realidad nacional, las aberraciones cometidas por el gobierno frente a los estudiantes libre-pensadores que defendían sus derechos y manifestaban su inconformismo. En aquellos años el estado y grupos al margen de la ley a órdenes del mismo aprehendían ilegalmente sin órdenes, sin pruebas sólo con un odio visceral cualquier reducto de resistencia, apoyados por el mayor sistema genocida, el gobierno yankee.
El caso colombiano en estos momentos no es muy diferente con un presidente fascista que gobierna únicamente para las oligarquías existentes en el país y para los intereses imperialistas, enmascarando su desfachatez en una política de seguridad democrática que solo alienta el odio entre compatriotas y la brutal represión policial a las personas del común que demuestran su inconformismo; la universidad pública ha sido directamente golpeada por el aparato asesino del gobierno y sus aliados Paramilitares, en casos puntuales como los vistos en los últimos meses en los cuales han sido amenazados en las universidades del Valle, del Tolima y de Antioquia miembros y hasta movimientos estudiantiles completos por parte de los asesinos a sueldo autodenominados AGUILAS NEGRAS (nuevo grupo paramilitar).
Pero no han sido sólo amenazas de grupos irregulares, el estado por medio del ESMAD ha allanado arbitrariamente las universidades del valle y Tecnológica de Pereira judicializando estudiantes sin ninguna prueba que los vincule con los cargos imputados.
¿Hasta cuando permitiremos estos ataques?
¿Cuántos compañeros deben desaparecer o simplemente morir?
¿Cuanto más tendremos que aguantar?
……….. Y finalmente, ¿Quién luchará por nosotros?
Los jóvenes no somos el futuro, somos el Presente y en nuestras manos está darle otro rumbo al país, la violencia no se ataca con violencia, es momento de despertar, de luchar y hacer sentir nuestra voz de protesta para decir:
¡NO MÁS¡
www.estudiantesuptc.tk
estudiantesuptc@hotmail.com
El caso colombiano en estos momentos no es muy diferente con un presidente fascista que gobierna únicamente para las oligarquías existentes en el país y para los intereses imperialistas, enmascarando su desfachatez en una política de seguridad democrática que solo alienta el odio entre compatriotas y la brutal represión policial a las personas del común que demuestran su inconformismo; la universidad pública ha sido directamente golpeada por el aparato asesino del gobierno y sus aliados Paramilitares, en casos puntuales como los vistos en los últimos meses en los cuales han sido amenazados en las universidades del Valle, del Tolima y de Antioquia miembros y hasta movimientos estudiantiles completos por parte de los asesinos a sueldo autodenominados AGUILAS NEGRAS (nuevo grupo paramilitar).
Pero no han sido sólo amenazas de grupos irregulares, el estado por medio del ESMAD ha allanado arbitrariamente las universidades del valle y Tecnológica de Pereira judicializando estudiantes sin ninguna prueba que los vincule con los cargos imputados.
¿Hasta cuando permitiremos estos ataques?
¿Cuántos compañeros deben desaparecer o simplemente morir?
¿Cuanto más tendremos que aguantar?
……….. Y finalmente, ¿Quién luchará por nosotros?
Los jóvenes no somos el futuro, somos el Presente y en nuestras manos está darle otro rumbo al país, la violencia no se ataca con violencia, es momento de despertar, de luchar y hacer sentir nuestra voz de protesta para decir:
¡NO MÁS¡
www.estudiantesuptc.tk
estudiantesuptc@hotmail.com
9 abr 2008
La muerte de una Ilusión
"Jorge Eliecer Gaitán (Bogotá, 23 de enero de 1903 - 9 de abril de 1948) Político y abogado colombiano, alcalde, ministro, congresista y popular candidato del partido liberal a la Presidencia de la República con muchísimas probabilidades de ser elegido presidente en los comicios de 1949 debido a su apabullante apoyo popular, en particular de la clase media y baja. Su asesinato en Bogotá produjo enormes protestas populares conocidas como el bogotazo. "Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal." "GAITAN".
Escándalo de la 'parapolítica' completó 51 congresistas involucrados y 29 presos
La crisis del Legislativo no se puede ocultar. La plenaria del Senado hará un debate para discutir una salida institucional a un escándalo que ya supera al proceso 8.000.
En el 8.000 fueron condenados 26 congresistas.
La situación tiene al Congreso en una evidente inactividad. Cada vez que se anuncia la detención de uno de sus legisladores, los ánimos se bajan y la agenda legislativa queda aplazada.
Solo el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Mira no tiene congresistas involucrados en este escándalo.
Otros partidos tienen una situación más dramática. Por ejemplo, ninguno de los cuatro senadores titulares elegidos por Colombia Democrática, está hoy en su curul. Tres de ellos están en la cárcel y el cuarto (Mario Uribe), está a la espera de una decisión de la Fiscalía General de la Nación que resuelva su situación jurídica.
Otro caso especial es el de Colombia Viva, que ha visto pasar a tres de sus miembros por la misma curul. Hoy uno está detenido y los dos restantes en espera de decisión de la Fiscalía.
No hay antecedentes de un fenómeno similar que hiciera desgranar de sus curules, uno por uno, semana tras semana, a decenas de senadores y representantes, para ir directamente a la cárcel.
Al menos la justicia no se había metido tan hondo a indagar las relaciones pecaminosas de los partidos políticos y sus dirigentes con la que es considerada hasta ahora la masacre colectiva más grande de la historia reciente del país: 300 mil crímenes confesados por sus autores (asesinatos, secuestros, violaciones, desapariciones, entre otros).
Lo que ha quedado al descubierto, tras las pesquisas de la justicia, en las que se han obtenido confesiones de sus responsables, es que el fenómeno paramilitar permeó a la clase dirigente de la mayoría de los partidos. Y que muchos de ellos, unos más que otros, realizaron acuerdos con los criminales o consintieron sus acciones, a cambio de votos para permanecer activos en la arena política. Otros, inclusive, intentaron a través de esa vía, 'refundar' la nación, como ocurrió en el pacto secreto de Ralito, firmado en julio del 2001.
No solo congresistas
Aunque el fenómeno ha cobrado sus principales víctimas en el Congreso, también han caído decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios.
Y lo más grave: el fenómeno amenaza con seguir carcomiendo a los partidos, llegando a otros rincones del país e impactando nuevos sectores de la sociedad.
Aunque los partidos de la coalición de gobierno son los más golpeados por las decisiones judiciales, pues representan la mayor suma de procesados, individualmente es el liberalismo, bastión de la oposición, el que ha llevado la mayor parte: 10 de sus congresistas están vinculados al proceso y seis de ellos están presos.
Magdalena es el departamento con el mayor número de congresistas involucrados en este escándalo con siete legisladores. Antioquia y Córdoba le siguen con seis.
Luego vienen Bolívar, Cesar y Sucre con cuatro legisladores involucrados.
De todos los legisladores llamados por la justicia, 21 renunciaron a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y a sus curules, y sus procesos fueron asumidos por Fiscalía.
Cuatro de los congresistas privados de la libertad han sido condenados hasta ahora: Erik Morris, Dieb Maloof, Miguel de la Espriella y Alfonso Campo Escobar.
Once ex congresistas también estáh vinculados por la misma razón. Algunos de ellos condenados, otros apenas privados de la libertad y unos más en preliminares.
Este fenómeno ha permitido que políticos que obtuvieron votaciones mínimas en diversas regiones detenten hoy curules en el Congreso. Como el caso de Víctor Vargas Polo, del departamento del Magdalena, quien goza de su fuero de representante a la Cámara con tan solo 2.907 votos.
Legitimidad en discusión
Cada nueva detención trae a colación la discusión sobre la legitimidad del Congreso. Mientras algunos proponen el anticipo de elecciones, otros insisten en que no se debe romper la institucionalidad y sugieren que se apruebe la reforma política que incluye castigos para los partidos que inscriban candidatos que tengan vínculos con grupos ilegales.
Hoy, en la plenaria de Senado se debatirá la crisis que atraviesa el Congreso a raíz de la captura de Builes y de los otros 28 congresistas que lo antecedieron en esa penosa situación.
Reacciones de congresistas
Nancy Patricia Gutiérrez. Cambio Radical.
"Hay que buscar mecanismos de salida, para fortalecer la democracia y garantizar que sea una democracia real y limpia. Es la oportunidad para que los partidos políticos concreten sus propuestas. También le hago un llamado a los partidos de oposición para que se sumen a estas reformas.
"Sobre la posibilidad de reducir el Congreso a una sola cámara, es una propuesta que hizo el Presidente Uribe, al país le gustó y por eso votamos por él.
Jorge Visbal. Partido de 'La U'
"Todavía no se puede hablar de una profunda crisis, porque se establece en la Constitución que los senadores ausentes, son reemplazados por otros existentes en una lista. No se puede pensar que por una euforia de unos medios y algunos congresistas, se quiera revocar el congreso. Eso no se puede hacer. Eso no lo quiere el pueblo, ni el Congreso, ni el presidente Uribe.
Camilo Sánchez. Liberal
"Quedó claro que no se puede hacer la revocatoria y si se hiciera sería también para el presidente que fue elegido con los mismos votos. Las salidas tienen que ver con impulsar partidos fuertes".
Juan Fernando Cristo. Liberal
"No es conveniente anticipar elecciones en este momento, sino avanzar en la reforma política, profundizar las sanciones para los partidos que se contempla en la reforma política y tratar de recuperar en los dos años que quedan la legitimidad que ha perdido el Congreso por cuenta de la parapolítica.
Lo que sería una equivocación, sería limitar la reforma solo a las sanciones y no hacer una reforma estructural, no solo el aumento del umbral, sino eliminar el voto preferente para que haya listas cerradas y así los partidos asuman plenamente la responsabilidad política".
Cifras de la 'parapolítica'
21 es el número de legisladores que renunciaron a su fuero para ser juzgados por la Fiscalía General de la Nación.
3 son los congresistas de Antioquia detenidos: Humberto Builes, Guillermo Gaviria y Rubén Darío Quintero.
8 es el número de políticos del Partido Cambio Radical involucrados en el escándalo de la 'parapolítica'.
10 son los congresistas que el liberalismo tiene en este escándalo. Solo el Polo y Mira se libran de la 'parapolitica'.
Humberto Builes, tercer congresista de Antioquia capturado y séptimo de Cambio Radical
Hasta el Congreso llegó ayer el CTI de la Fiscalía para hacer efectiva la captura del senador Humberto Builes Correa. No obstante, al percatarse del dispositivo, el ex diputado concertó ir voluntariamente hasta la Fiscalía convirtiéndose así en el tercer político paisa preso por supuestos nexos con las Auc, y en el séptimo de Cambio Radical.
El cargo por el que se le indaga es concierto para delinquir agravado. Según el expediente que cursa en la Corte, testigos lo vinculan a él y a Rubén Darío Quintero con 'paras' que operaban en la región del Urabá antioqueño y dicen que pactaron apoyos electorales con el 'para' Freddy Rendón, 'El Alemán.
Los presuntos pactos se habrían materializado en la adhesión al movimiento político Urabá Grande y Unida que llevó al Congreso a cuatro políticos en las elecciones del 2001. La Corte también decidió dictarles medida de aseguramiento a los congresistas Luis Fernando Velasco y Alonso Ramírez, capturados hace 8 días.
En el 8.000 fueron condenados 26 congresistas.
La situación tiene al Congreso en una evidente inactividad. Cada vez que se anuncia la detención de uno de sus legisladores, los ánimos se bajan y la agenda legislativa queda aplazada.
Solo el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Mira no tiene congresistas involucrados en este escándalo.
Otros partidos tienen una situación más dramática. Por ejemplo, ninguno de los cuatro senadores titulares elegidos por Colombia Democrática, está hoy en su curul. Tres de ellos están en la cárcel y el cuarto (Mario Uribe), está a la espera de una decisión de la Fiscalía General de la Nación que resuelva su situación jurídica.
Otro caso especial es el de Colombia Viva, que ha visto pasar a tres de sus miembros por la misma curul. Hoy uno está detenido y los dos restantes en espera de decisión de la Fiscalía.
No hay antecedentes de un fenómeno similar que hiciera desgranar de sus curules, uno por uno, semana tras semana, a decenas de senadores y representantes, para ir directamente a la cárcel.
Al menos la justicia no se había metido tan hondo a indagar las relaciones pecaminosas de los partidos políticos y sus dirigentes con la que es considerada hasta ahora la masacre colectiva más grande de la historia reciente del país: 300 mil crímenes confesados por sus autores (asesinatos, secuestros, violaciones, desapariciones, entre otros).
Lo que ha quedado al descubierto, tras las pesquisas de la justicia, en las que se han obtenido confesiones de sus responsables, es que el fenómeno paramilitar permeó a la clase dirigente de la mayoría de los partidos. Y que muchos de ellos, unos más que otros, realizaron acuerdos con los criminales o consintieron sus acciones, a cambio de votos para permanecer activos en la arena política. Otros, inclusive, intentaron a través de esa vía, 'refundar' la nación, como ocurrió en el pacto secreto de Ralito, firmado en julio del 2001.
No solo congresistas
Aunque el fenómeno ha cobrado sus principales víctimas en el Congreso, también han caído decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios.
Y lo más grave: el fenómeno amenaza con seguir carcomiendo a los partidos, llegando a otros rincones del país e impactando nuevos sectores de la sociedad.
Aunque los partidos de la coalición de gobierno son los más golpeados por las decisiones judiciales, pues representan la mayor suma de procesados, individualmente es el liberalismo, bastión de la oposición, el que ha llevado la mayor parte: 10 de sus congresistas están vinculados al proceso y seis de ellos están presos.
Magdalena es el departamento con el mayor número de congresistas involucrados en este escándalo con siete legisladores. Antioquia y Córdoba le siguen con seis.
Luego vienen Bolívar, Cesar y Sucre con cuatro legisladores involucrados.
De todos los legisladores llamados por la justicia, 21 renunciaron a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y a sus curules, y sus procesos fueron asumidos por Fiscalía.
Cuatro de los congresistas privados de la libertad han sido condenados hasta ahora: Erik Morris, Dieb Maloof, Miguel de la Espriella y Alfonso Campo Escobar.
Once ex congresistas también estáh vinculados por la misma razón. Algunos de ellos condenados, otros apenas privados de la libertad y unos más en preliminares.
Este fenómeno ha permitido que políticos que obtuvieron votaciones mínimas en diversas regiones detenten hoy curules en el Congreso. Como el caso de Víctor Vargas Polo, del departamento del Magdalena, quien goza de su fuero de representante a la Cámara con tan solo 2.907 votos.
Legitimidad en discusión
Cada nueva detención trae a colación la discusión sobre la legitimidad del Congreso. Mientras algunos proponen el anticipo de elecciones, otros insisten en que no se debe romper la institucionalidad y sugieren que se apruebe la reforma política que incluye castigos para los partidos que inscriban candidatos que tengan vínculos con grupos ilegales.
Hoy, en la plenaria de Senado se debatirá la crisis que atraviesa el Congreso a raíz de la captura de Builes y de los otros 28 congresistas que lo antecedieron en esa penosa situación.
Reacciones de congresistas
Nancy Patricia Gutiérrez. Cambio Radical.
"Hay que buscar mecanismos de salida, para fortalecer la democracia y garantizar que sea una democracia real y limpia. Es la oportunidad para que los partidos políticos concreten sus propuestas. También le hago un llamado a los partidos de oposición para que se sumen a estas reformas.
"Sobre la posibilidad de reducir el Congreso a una sola cámara, es una propuesta que hizo el Presidente Uribe, al país le gustó y por eso votamos por él.
Jorge Visbal. Partido de 'La U'
"Todavía no se puede hablar de una profunda crisis, porque se establece en la Constitución que los senadores ausentes, son reemplazados por otros existentes en una lista. No se puede pensar que por una euforia de unos medios y algunos congresistas, se quiera revocar el congreso. Eso no se puede hacer. Eso no lo quiere el pueblo, ni el Congreso, ni el presidente Uribe.
Camilo Sánchez. Liberal
"Quedó claro que no se puede hacer la revocatoria y si se hiciera sería también para el presidente que fue elegido con los mismos votos. Las salidas tienen que ver con impulsar partidos fuertes".
Juan Fernando Cristo. Liberal
"No es conveniente anticipar elecciones en este momento, sino avanzar en la reforma política, profundizar las sanciones para los partidos que se contempla en la reforma política y tratar de recuperar en los dos años que quedan la legitimidad que ha perdido el Congreso por cuenta de la parapolítica.
Lo que sería una equivocación, sería limitar la reforma solo a las sanciones y no hacer una reforma estructural, no solo el aumento del umbral, sino eliminar el voto preferente para que haya listas cerradas y así los partidos asuman plenamente la responsabilidad política".
Cifras de la 'parapolítica'
21 es el número de legisladores que renunciaron a su fuero para ser juzgados por la Fiscalía General de la Nación.
3 son los congresistas de Antioquia detenidos: Humberto Builes, Guillermo Gaviria y Rubén Darío Quintero.
8 es el número de políticos del Partido Cambio Radical involucrados en el escándalo de la 'parapolítica'.
10 son los congresistas que el liberalismo tiene en este escándalo. Solo el Polo y Mira se libran de la 'parapolitica'.
Humberto Builes, tercer congresista de Antioquia capturado y séptimo de Cambio Radical
Hasta el Congreso llegó ayer el CTI de la Fiscalía para hacer efectiva la captura del senador Humberto Builes Correa. No obstante, al percatarse del dispositivo, el ex diputado concertó ir voluntariamente hasta la Fiscalía convirtiéndose así en el tercer político paisa preso por supuestos nexos con las Auc, y en el séptimo de Cambio Radical.
El cargo por el que se le indaga es concierto para delinquir agravado. Según el expediente que cursa en la Corte, testigos lo vinculan a él y a Rubén Darío Quintero con 'paras' que operaban en la región del Urabá antioqueño y dicen que pactaron apoyos electorales con el 'para' Freddy Rendón, 'El Alemán.
Los presuntos pactos se habrían materializado en la adhesión al movimiento político Urabá Grande y Unida que llevó al Congreso a cuatro políticos en las elecciones del 2001. La Corte también decidió dictarles medida de aseguramiento a los congresistas Luis Fernando Velasco y Alonso Ramírez, capturados hace 8 días.
6 abr 2008
Con huelga de hambre profesor reclama por abandono de directivas con la sede de la Uptc en Duitama
Foto: Luis Dídimo Díaz
En el patio central (Plaza 10 de Mayo) se concentró la protesta en la Uptc-Duitama. Profesor Jaime Suárez (centro) hace huelga de hambre. Varios profesores y alumnos apoyan la huelga de hambre que hace uno de ellos, para protestar contra directivas. Reclaman más recursos, atención y respeto por la seccional.
Desde el pasado miércoles hay protestas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, seccional Duitama.
El acto es una manifestación por parte de algunos docentes que reclaman mayor atención de la dirección central de la Universidad.
Uno de los coordinadores del movimiento es el profesor de menús y sistemas de servicios, Jaime Arturo Suárez Vargas, también director del programa de Administración Turística y Hotelera de la institución, quien hace huelga de hambre desde las 10 de la mañana del pasado miércoles.
Asegura Suárez que se sienten atropellados por cuanto las directivas del alma mater no les prestan la atención debida a sus peticiones, por lo que considera que reciben un trato de tercera categoría.
Al movimiento de Suárez se unieron estudiantes y docentes de otras áreas de la universidad, en la que se declaró receso académico y asamblea permanente.
Las entradas a oficinas y otras dependencias de la edificación fueron bloqueadas por los alumnos, de los que hay cerca de un centenar en cese de actividades.
El rector de la Uptc, Alfonso López Díaz, consultado por este periódico el jueves (ayer), manifestó que hasta ahora se iba a reunir con el personal de la Seccional para conocer en detalle la situación, y por esta razón no podía pronunciarse sobre el tema, pero que la idea es la de solucionar de inmediato la suspensión de clases.
Por su parte, el decano de la entidad en Duitama, Oliverio García Palencia, no respondió a los llamados telefónicos que Boyacá 7 días hizo a sus oficinas debido a que el acceso a éstas está bloqueado.
En el área del Cread (educación a distancia), indicaron que por la misma razón no era posible trasladarse a la Plaza 10 de Mayo (patio central del claustro) donde se concentró todo el personal de la universidad.
Al cierre de esta edición se reunían el rector López, directivos locales de la seccional y representantes del movimiento de protesta, con el fin de discutir la situación.
En el patio central (Plaza 10 de Mayo) se concentró la protesta en la Uptc-Duitama. Profesor Jaime Suárez (centro) hace huelga de hambre. Varios profesores y alumnos apoyan la huelga de hambre que hace uno de ellos, para protestar contra directivas. Reclaman más recursos, atención y respeto por la seccional.
Desde el pasado miércoles hay protestas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, seccional Duitama.
El acto es una manifestación por parte de algunos docentes que reclaman mayor atención de la dirección central de la Universidad.
Uno de los coordinadores del movimiento es el profesor de menús y sistemas de servicios, Jaime Arturo Suárez Vargas, también director del programa de Administración Turística y Hotelera de la institución, quien hace huelga de hambre desde las 10 de la mañana del pasado miércoles.
Asegura Suárez que se sienten atropellados por cuanto las directivas del alma mater no les prestan la atención debida a sus peticiones, por lo que considera que reciben un trato de tercera categoría.
Al movimiento de Suárez se unieron estudiantes y docentes de otras áreas de la universidad, en la que se declaró receso académico y asamblea permanente.
Las entradas a oficinas y otras dependencias de la edificación fueron bloqueadas por los alumnos, de los que hay cerca de un centenar en cese de actividades.
El rector de la Uptc, Alfonso López Díaz, consultado por este periódico el jueves (ayer), manifestó que hasta ahora se iba a reunir con el personal de la Seccional para conocer en detalle la situación, y por esta razón no podía pronunciarse sobre el tema, pero que la idea es la de solucionar de inmediato la suspensión de clases.
Por su parte, el decano de la entidad en Duitama, Oliverio García Palencia, no respondió a los llamados telefónicos que Boyacá 7 días hizo a sus oficinas debido a que el acceso a éstas está bloqueado.
En el área del Cread (educación a distancia), indicaron que por la misma razón no era posible trasladarse a la Plaza 10 de Mayo (patio central del claustro) donde se concentró todo el personal de la universidad.
Al cierre de esta edición se reunían el rector López, directivos locales de la seccional y representantes del movimiento de protesta, con el fin de discutir la situación.
1 abr 2008
COMUNICADO ESTUDIANTES DE QUIMICA DE ALIMENTOS- UPTC-
Los estudiantes de QUIMICA DE ALIMENTOS de la UPTC, reunidos en asamblea general No 003 el día jueves 27 de marzo de 2008, permiten aclarar lo siguiente respecto a la problemática que se viene presentando a raíz del cambio de titilación del programa.
1. Rechazar lo estipulado en el acta borrador No 10 de comité curricular ampliado del programa química de alimentos llevado a cabo el día 25 de marzo del año en curso debido a que lo planteado con los representantes estudiantiles LEIDI PAOLA PAEZ, CARLOS ROMARIO NIEVES, DIANA MARCELA OSUNA, JORGE ALBERTO GUZMAN, GINA VANESA COY y SANDRA MILENA DAZA no fue tenido en cuenta, basándose en:
• La no comunicación por escrito de la fecha y hora en la cual se iba a realizar el primer comité de currículo ampliado y el incumplimiento por parte de los profesores de la escuela de Ciencias químicas constituidos en comité curricular con el compromiso adquirido en la asamblea 002 de los estudiantes en presencia del señor vicerrector académico Wilson Valenzuela donde se estipuló que en el comité de currículo ampliado asistirán 4 estudiantes de la carrera elegidos en dicha asamblea, 2 egresados y únicamente los profesores pertenecientes al comité de currículo.
Contrario a esto se presentaron la mayoría de profesores sin restricción alguna a este comité de currículo ampliado y no se permitió el acceso a los egresados, se vio durante la reunión una total manipulación de los directivos del programa QUIMICA DE ALIMENTOS
• En el acta no se registró el planteamiento de trabajar la creación del nuevo programa de Química junto con el proceso de lograr el registro calificado que otorga el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para QUIMICA DE ALIMENTOS como requisito fundamental para la continuación del programa
• Los representantes estudiantiles en ningún momento plantearon la idea de certificar el énfasis de alimentos para los egresados, se mantiene la posición de que el programa continúe con la denominación de QUIMICA DE ALIMENTOS y de igual forma que se otorgue el titulo de QUIMICO DE ALIMENTOS, de esta forma se exige como corresponde en nuestro derechos fundamentales que la universidad gestione ante el ministerio de educación la certificación de dicho programa siendo obligación del ministerio y universidad, corrigiendo las deficiencias para no perjudicar el futuro profesional de los estudiantes actuales y egresados
2. El estudiantado se opone al punto numero 6 del comunicado presentado por los profesores del comité de currículo ampliado el día 25 de marzo de 2008 donde se menciona: “ El comité de currículo ampliado en sus reuniones de los días 10, 11, 14 y 25 de marzo, considera pertinente aceptar todas las recomendaciones de la sala de Ciencias Biológicas, Agronomía, Veterinaria y afines del MEN y solicitar a la dirección de la universidad adelantar lo requerido para que el programa obtenga el registro calificado en las condiciones de favorabilidad que señala el concepto.”
• NO se realizó ningún comité de currículo ampliado los días 10,11 y14 de marzo. Los días 10 y 11 de marzo los estudiantes no tenían ninguna información oficial del cambio de titulación del programa
La decisión de realizar un comité de currículo ampliado se tomó el día jueves 13 de marzo en horas del la tarde del año en curso en presencia del señor vicerrector académico. Teniendo en cuenta que esta decisión se tomó en la fecha mencionada no es valido afirmar que los días 10 y 11 de marzo se realizó un comité curricular ampliado con presencia de los estudiantes. Tampoco es cierto que este comité se realizó el día 14 de marzo como lo afirma el comunicado emitido por los profesores ya que la primera reunión oficial de comité de currículo ampliado se realizo el 25 de marzo de 2008.
3. El cuerpo estudiantil del programa de QUIMICA DE ALIMENTOS exige una explicación concreta de lo emitido en el punto numero 4 párrafo 2 del comunicado presentado por los profesores de la escuela de Ciencias Químicas de la UPTC donde se señala: “hasta la fecha la profesión de QUIMICA DE ALIMENTOS no se ha reconocido de forma oficial. Por lo general las normas que rigen cada profesión prevén la creación de colegios, consejos o tribunales profesionales encargados de la inspección, control y vigilancia de la profesión. Los colegios, consejos o tribunales profesionales cuentan con la participación de las entidades públicas relacionadas con la profesión, las entidades de educación superior y los gremios relevantes y tienen poderes disciplinarios. El reconocimiento de la profesión de QUIMICO DE ALIMENTOS implica la realización de estos para lograr que la profesión sea incluida como una nueva en Colombia y los profesionales logren el reconocimiento legal”.
• ¿Por qué se afirma ahora que la carrera ofrecida por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no cuenta con el reconocimiento legal si lleva ofreciéndose por 14 años?
4. La mayor parte de egresados que se encuentran ejerciendo en diferentes áreas de agricultura e industrias de alimentos y los estudiantes que se hayan a punto de recibir el título de QUIMICO DE ALIMENTOS requieren justificación del articulo publicado en el periódico de circulación departamental Boyacá 7 días el día 28 de marzo de 2008 (pagina 7), en donde se expone a la población boyacense que los egresados del programa ofrecido por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no cuentan con la capacidad para manejar alimentos y ejercer su titulo otorgado, y de ser una información veraz se exige a la universidad asumir la responsabilidad al respecto.
1. Rechazar lo estipulado en el acta borrador No 10 de comité curricular ampliado del programa química de alimentos llevado a cabo el día 25 de marzo del año en curso debido a que lo planteado con los representantes estudiantiles LEIDI PAOLA PAEZ, CARLOS ROMARIO NIEVES, DIANA MARCELA OSUNA, JORGE ALBERTO GUZMAN, GINA VANESA COY y SANDRA MILENA DAZA no fue tenido en cuenta, basándose en:
• La no comunicación por escrito de la fecha y hora en la cual se iba a realizar el primer comité de currículo ampliado y el incumplimiento por parte de los profesores de la escuela de Ciencias químicas constituidos en comité curricular con el compromiso adquirido en la asamblea 002 de los estudiantes en presencia del señor vicerrector académico Wilson Valenzuela donde se estipuló que en el comité de currículo ampliado asistirán 4 estudiantes de la carrera elegidos en dicha asamblea, 2 egresados y únicamente los profesores pertenecientes al comité de currículo.
Contrario a esto se presentaron la mayoría de profesores sin restricción alguna a este comité de currículo ampliado y no se permitió el acceso a los egresados, se vio durante la reunión una total manipulación de los directivos del programa QUIMICA DE ALIMENTOS
• En el acta no se registró el planteamiento de trabajar la creación del nuevo programa de Química junto con el proceso de lograr el registro calificado que otorga el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para QUIMICA DE ALIMENTOS como requisito fundamental para la continuación del programa
• Los representantes estudiantiles en ningún momento plantearon la idea de certificar el énfasis de alimentos para los egresados, se mantiene la posición de que el programa continúe con la denominación de QUIMICA DE ALIMENTOS y de igual forma que se otorgue el titulo de QUIMICO DE ALIMENTOS, de esta forma se exige como corresponde en nuestro derechos fundamentales que la universidad gestione ante el ministerio de educación la certificación de dicho programa siendo obligación del ministerio y universidad, corrigiendo las deficiencias para no perjudicar el futuro profesional de los estudiantes actuales y egresados
2. El estudiantado se opone al punto numero 6 del comunicado presentado por los profesores del comité de currículo ampliado el día 25 de marzo de 2008 donde se menciona: “ El comité de currículo ampliado en sus reuniones de los días 10, 11, 14 y 25 de marzo, considera pertinente aceptar todas las recomendaciones de la sala de Ciencias Biológicas, Agronomía, Veterinaria y afines del MEN y solicitar a la dirección de la universidad adelantar lo requerido para que el programa obtenga el registro calificado en las condiciones de favorabilidad que señala el concepto.”
• NO se realizó ningún comité de currículo ampliado los días 10,11 y14 de marzo. Los días 10 y 11 de marzo los estudiantes no tenían ninguna información oficial del cambio de titulación del programa
La decisión de realizar un comité de currículo ampliado se tomó el día jueves 13 de marzo en horas del la tarde del año en curso en presencia del señor vicerrector académico. Teniendo en cuenta que esta decisión se tomó en la fecha mencionada no es valido afirmar que los días 10 y 11 de marzo se realizó un comité curricular ampliado con presencia de los estudiantes. Tampoco es cierto que este comité se realizó el día 14 de marzo como lo afirma el comunicado emitido por los profesores ya que la primera reunión oficial de comité de currículo ampliado se realizo el 25 de marzo de 2008.
3. El cuerpo estudiantil del programa de QUIMICA DE ALIMENTOS exige una explicación concreta de lo emitido en el punto numero 4 párrafo 2 del comunicado presentado por los profesores de la escuela de Ciencias Químicas de la UPTC donde se señala: “hasta la fecha la profesión de QUIMICA DE ALIMENTOS no se ha reconocido de forma oficial. Por lo general las normas que rigen cada profesión prevén la creación de colegios, consejos o tribunales profesionales encargados de la inspección, control y vigilancia de la profesión. Los colegios, consejos o tribunales profesionales cuentan con la participación de las entidades públicas relacionadas con la profesión, las entidades de educación superior y los gremios relevantes y tienen poderes disciplinarios. El reconocimiento de la profesión de QUIMICO DE ALIMENTOS implica la realización de estos para lograr que la profesión sea incluida como una nueva en Colombia y los profesionales logren el reconocimiento legal”.
• ¿Por qué se afirma ahora que la carrera ofrecida por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no cuenta con el reconocimiento legal si lleva ofreciéndose por 14 años?
4. La mayor parte de egresados que se encuentran ejerciendo en diferentes áreas de agricultura e industrias de alimentos y los estudiantes que se hayan a punto de recibir el título de QUIMICO DE ALIMENTOS requieren justificación del articulo publicado en el periódico de circulación departamental Boyacá 7 días el día 28 de marzo de 2008 (pagina 7), en donde se expone a la población boyacense que los egresados del programa ofrecido por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no cuentan con la capacidad para manejar alimentos y ejercer su titulo otorgado, y de ser una información veraz se exige a la universidad asumir la responsabilidad al respecto.
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