Feriando el patrimonio público

Muy equivocada, apresurada y tal vez ilícita, la forma como el Gobierno ha adelantado el proceso de privatización de las electrificadoras de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca. Además con el grave riesgo de producir un detrimento del patrimonio público, tal como lo denunció el Contralor General de la República.

La historia comenzó en el 2004, bajo Uribe I, cuando el Conpes, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario, aprobó la venta de las acciones de propiedad de la Nación en estas cinco electrificadoras regionales y se oficializó en julio del año pasado, bajo Uribe II, con la expedición de los decretos que definieron el programa de enajenación de las mismas, incluyendo la aprobación del avalúo ‘técnico’ de las empresas, según el cual el valor de las acciones estatales ascendía a $946.000 millones, siendo este el precio base para ofrecerlas en venta.

Desde el comienzo hubo críticas a estas privatizaciones. En esta misma columna denuncié que se estaba haciendo una trastada a los fondos de pensiones al prohibirles comprar más del tres por mil del total de acciones de cada empresa; el ex ministro Hommes coincidió en esta crítica y alertó sobre el peligro de fortalecer los monopolios en el sector eléctrico en desmedro del sector social. La mayoría de los parlamentarios de esas regiones, incluyendo los de los partidos uribistas, se opusieron a la privatización, lo mismo que los gobernadores de las regiones involucradas, quienes le plantearon al Gobierno la posibilidad de que las electrificadoras fueran vendidas a los entes territoriales.

La objeción más contundente a esta venta provino del contralor Julio César Turbay, quien en diciembre del 2007 formuló un “control de advertencia” y pidió al Ministro de Minas suspender el proceso de enajenación por considerar que la valoración estaba mal hecha. “Continuar el proceso bajo esas condiciones implicaría el riesgo de menores ingresos para el Estado, lo que podría configurar detrimento patrimonial”, afirmó en su documento y añadió que la Contraloría encontró “serias dificultades para obtener la información necesaria sobre los ejercicios de valoración adelantados por las bancas de inversión contratadas por ese Ministerio (…), lo cual va en detrimento de la transparencia que un proceso de esta magnitud debe tener”. Son críticas muy similares a las que hizo la misma Contraloría, cuando el presidente Uribe quiso entregarle Telecom a un empresario mexicano.

Inicialmente el Gobierno desestimó todas las objeciones y críticas, inclusive las del Contralor, y decidió seguir adelante con la privatización que debía culminarse a finales del año pasado. Sin embargo, no pudo hacerlo en ese mes, gracias a la afortunada intervención de jueces de la República que aceptaron las tutelas interpuestas contra la venta de las electrificadoras de Norte de Santander y Meta. Otra acción judicial en el caso de la empresa de Boyacá todavía está bajo estudio.

Lo extraño es que después de haber rechazado las críticas a la valoración de las electrificadoras y de haber estado listo a venderlas a los bajos precios definidos el año pasado, el Gobierno cambió súbitamente de posición y expidió los Decretos 242 a 246 del 2008, mediante los cuales subió el precio de venta de sus acciones, el cual ahora es de $1.157 millones, es decir $211.000 millones más que en el avalúo anterior.

El tardío reconocimiento de sus equivocaciones no exime al Gobierno de la responsabilidad política de las mismas. ¿Qué hubiera pasado si las acciones populares no hubieran demorado la subasta de las electrificadoras y éstas se hubieran hecho a un precio más bajo que su valor? ¿Quién hubiera respondido por el detrimento del patrimonio público?

Subsisten otros interrogantes sobre este oscuro proceso. ¿Por qué la prisa de vender estos bienes públicos y no esperar a que se definan todos los procesos judiciales? ¿Por qué no entregar la información necesaria a la Contraloría? ¿Por qué los límites ilegales a la compra por parte de los fondos de pensiones?. Ojalá el Congreso tome cartas en el asunto para evitar que se siga feriando el patrimonio público.


Mauricio Cabrera Galvis, El País, Cali, febrero 10 de 2008

Convocan a movilización contra el paramilitarismo este 6 de marzo

Sectores afectados por las acciones de los paramilitares y los parapolíticos colombianos convocan a una movilización contra estos grupos el próximo 6 de marzo, anunció el presidente del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, Iván Cepeda.

Asimismo, la organización envió una carta al director de Noticias RCN, canal de noticias colombiano, en la que solicitan la cobertura de esta actividad “con la misma vehemencia” con la cual han difundido informaciones sobre la movilización de este lunes 4 de febrero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En entrevista transmitida por TeleSUR, Cepeda explicó que la actividad impulsada por la organización que dirige se desarrolla ante la unidimensionalidad en el abordaje de los crímenes en Colombia, que obvia las acciones de los paramilitares.

Del mismo modo, señaló que la marcha convocada por partidarios uribistas para este lunes “tiene la intención de generar una reacción desde la manipulación con las imágenes”; sin embargo, destacó que una franja importante de la sociedad colombiana cree en un acuerdo humanitario.

Asimismo, consideró razonable la postura de los familiares de los retenidos por las FARC, quienes no acudieron a la actividad convocada por el gobierno de Álvaro Uribe y la derecha colombiana, “porque ellos son plenamente concientes de los mensajes que se quieren vehicular”.

Human Rights Watch acusa a Álvaro Uribe de 'socavar' a la Corte Suprema de Justicia

La ONG con sede en Washington rechazó la visión del Gobierno que reclama progresos en la protección y defensa de los derechos humanos en el país.

Según HRW, Uribe, personalmente, ha socavado el esfuerzo de la Corte Suprema por investigar los crímenes de la "parapolítica" al lanzar ataques contra la institución y acusarla de tener un tinte ideológico.

Según el reporte, incluido en la evaluación anual que hace HRW sobre los derechos humanos en el mundo, ha llegado hasta a llamar personalmente a miembros de la Corte para averiguar por el estado de investigaciones. Lo dijo en directa alusión al caso de su primo Mario Uribe, investigado por supuestos nexos con 'paras'.

Aunque el Presidente lo niega y en el momento existe un proceso judicial en curso, la organización lo menciona como un hecho. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de HRW, catalogó las acciones de Uribe como "intimidatorias" a lo menos.

Volvió sobre viejas críticas

En un cuestionamiento que no es nuevo, la organización rechaza la tesis del Gobierno según la cual terminó con el paramilitarismo y cita reportes de la OEA y la ONU de acuerdo con los cuales 'paras' de rango medio continúan delinquiendo.

También recoge un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el cual muchos de los desmovilizados no eran si quiera 'paras'.

"El problema -dijo Kenneth Roth, director de HRW- es que los esfuerzos del Gobierno no son serios y la impunidad sigue siendo la norma".

Roth insistió en que el Congreso de E.U. condicione la firma del TLC a que Uribe adopte las medidas necesarias. Muchas de ellas, incluidas en una extensa carta que envió recientemente al Gobierno de E.U. y que se puede consultar en su sitio web www.hrw.org.

Por otro lado, menciona un "preocupante" incremento de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. Y aunque reconoce una reducción en la muerte de sindicalistas, sostiene que el país sigue siendo el más peligroso del mundo para ellos.

Como positivo menciona la creación de una subunidad en la Fiscalía para investigar esos crímenes y los avances en las investigaciones sobre la desaparición de 10 personas en la toma del Palacio de Justicia, en 1985.

Finalmente, HRW acusó de secuestro y otros abusos contra la población civil a las Farc y al Eln. Y expresó alarma por el incremento de uso de minas antipersonales que "elevaron dramáticamente el número de víctimas".

Fuentes del Gobierno dijeron ayer que no se referirían al nuevo pero siempre duro informe de HRW sobre Colombia, porque no lo conocían.

¡NO MARCHAMOS EL 4 DE FEBRERO!

esde el dolor que viven miles de familias por la perdida de sus seres queridos en forma violenta, desde la indignación que produce escuchar las arengas de la extrema derecha, que asesina sindicalistas, desaparece, tortura, masacra, desplaza forzadamente y legisla para apoderarse de las tierras de los desplazados, mientras entrega el oro, el gas y el petróleo a las transnacionales; desde la vergüenza que nos causa este gobierno cuya única consigna es a “sangre y fuego” y que ha sepultado a cientos de colombianos. ¡NO MARCHAREMOS EL 4 DE FEBRERO!

La violencia y el terror en Colombia no se pueden reducir sólo a las prácticas de la guerrilla. Tampoco se pueden desconocer las causas que dieron origen al conflicto armado, ni mucho menos ocultar los genocidios, las masacres, el desplazamiento forzado, y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado y los poderes económicos. Pretender ocultarlo por medio de sofismas, es otra agresión contra cada uno de los habitantes de este país. La barbarie mafiosa a manos de paramilitares, parapolíticos, altos oficiales y narcotráfico, a nombre de intereses capitalistas es cada vez peor. Mientras, usurpan las arcas del país, el patrimonio público, las especies naturales, y en el TLC subastan como si fuera suyo el trabajo y la soberanía de los colombianos, aniquilando todo lo que se interponga. Por eso ¡NUNCA LE MARCHAREMOS A ESTE RÉGIMEN!

Parece que algunos sectores de la sociedad no toleran el diálogo, y en cambio apoyan frenéticamente las políticas de guerra del régimen. Con su asolapado sesgo ideológico buscan que se olvide que son los pueblos indígenas, afros y campesinos, las comunidades y los sindicatos, los que han puesto la cuota más alta de este conflicto, LA VIDA!.