"Incidimos en las elecciones presidenciales": Mancuso (El espectador.com)

Durante su primera audiencia virtual desde Washington, donde se encuentra detenido, el ex jefe paramilitar tocó varios temas en referencia al congresista Juan Manuel López Cabrales, el general en retiro Rito Alejo del Río, el Pacto de Ralito y sobre el apoyo de las Auc a las elecciones presidenciales.

“Sí tuvimos incidencia en las elecciones presidenciales”, manifestó Mancuso, sin embargo, no precisó a qué elección se refería. En las elecciones presidenciales de 2002 resultó elegido por primera vez el presidente Álvaro Uribe, y en las de 2006, fue reelegido. La denuncia del jefe paramilitar no precisó a que elecciones hacía mención.

Mancuso indicó que ninguno de los congresistas asistentes y firmantes del Pacto de Ralito fue obligado a hacerlo. "Julio Manzur y Zulema Jattin fueron invitados a esa reunión, no asistieron y contra ellos no hubo retaliación alguna", resaltó el ex jefe del Bloque Calima de las Autodefensas.

De igual forma fue enfático en resaltar que el texto del Pacto de Ralito fue leído en voz alta por él mismo antes de invitar a los asistentes a leerlo. Según él, en esta reunión no se tocaron temas delincuenciales, sino que por el contrario, se buscaba la paz del país.

Manifestó que firmaban actas en los encuentros con congresistas para dejar constancia “de los intentos de paz que buscábamos las Autodefensas”.

El presidente Pastrana, a través de un apoderado, le pidió a Mancuso que mantuviera la Reunión de Ralito y encuentros similares "en secreto", pues "después de la reunión que tuvo Pastrana con el comandante Castaño, las Farc rompieron por un tiempo las negociaciones. Mantuvimos las reuniones en secreto por el éxito de las negociaciones", indicó el ex jefe 'para' extraditado, en referencia a el carácter secreto que tuvo siempre el Pacto firmado.

El ex jefe paramilitar dijo también que apoyó directamente las aspiraciones políticas de Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, para las candidaturas en 2002 al Senado y Cámara.

“Esmad es responsable”, dice Fiscalía

“La persona que dio muerte a Johnny Silva fue un miembro del Esmad aún no identificado”


Johnny Silva Aranguren ingresó a la Universidad del Valle con el propósito de, algún día, ostentar dos títulos profesionales. Wilman Silva, su padre, un humilde carpintero, financiaba el sueño de su hijo como podía, pero los recursos de su hogar eran limitados. De igual forma, la consagración de Johnny a sus estudios era conocida en la institución.

“A partir del segundo semestre de 2005, él iba a recibir una beca”, recuerda Wilman Silva. Pero una bala calibre 38 en la nuca de su primogénito se atravesó en las ilusiones del estudiante. Una protesta nacional en contra del TLC, planeada con anticipación para el 22 de septiembre de 2005, finalizó en el asesinato de Johnny.

En Cali, era un secreto a voces que el disparo había salido del arma de un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La Policía, por su parte, lo negó desde el inicio. Pero ahora que la Fiscalía se pronunció al respecto, no quedó ningún lugar a dudas. “La persona que dio muerte a Johnny Silva fue un miembro del Esmad aún no identificado”, manifestó el organismo en una resolución conocida en su totalidad por El Espectador. Y aunque el rumor pasó a ser una verdad judicial, los padres y amigos de Johnny aún no se explican lo ocurrido. El sólo hecho de que un agente del Esmad portara una pistola es inaceptable para ellos, pues los integrantes del Esmad reciben instrucciones claras y permanentes de no ir armados.

“Nuestro trabajo es prevenir acciones vandálicas o terroristas”, exclama el coordinador nacional de los Esmad, coronel Jorge Enrique Cartagena. Aunque el oficial precisa que los agentes son requisados cada vez que se presenta algún disturbio, en este caso, al menos tres patrulleros testificaron ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que tal requisa no se efectuó antes de ir a la universidad.

Contrario al entonces capitán Gabriel Bonilla, cabeza del escuadrón que fue a la Univalle ese día, quien aseguró bajo juramento que él, personalmente, verificó que el personal no portara armas de fuego. “(Bonilla) no hizo nada en colaboración con la justicia”, manifiesta la Fiscalía en su documento.

Silva, quien tenía 21 años de edad, estaba en la universidad cuando comenzaron las protestas. Hacia las 2:00 p.m., los estudiantes bloquearon la Avenida Pasoancho y la Calle Quinta, las dos vías principales sobre las que se ubica la Universidad del Valle; y en menos de una hora, los policías, quienes ya estaban alertados de posibles disturbios, llegaron al claustro universitario. Con el paso del tiempo, la jornada se convirtió en un enfrentamiento con la Fuerza Pública en el que reinaron los gases lacrimógenos. Los estudiantes no mermaban en sus pretensiones y los agentes del Esmad procuraban que la protesta no pasara a mayores.

Hacia las 6:15 de la tarde, un grupo de agentes cortaron un pedazo de alambre y, en medio de la oscuridad que se empezaba a asomar, ingresaron a la institución, en contravía de la orden impuesta por el entonces comandante de la Policía Metropolitana, el general (r) Jesús Antonio Gómez Méndez. Entre las 6:20 y las 6:45 p.m., estudiantes y vigilantes, incluso de edificios cercanos a la universidad, vieron a los uniformados dentro del campus, sintieron un par de disparos y minutos después, escucharon un grito: “¡Hay un estudiante herido!”. Era Johnny, quien no había logrado huir, como el resto de jóvenes que vieron a los agentes, por una enfermedad congénita en sus piernas.

Uno de los dos disparos, realizado a 23,7 metros de distancia, alcanzó la nuca de Silva y segó su vida cuando una ambulancia lo trasladaba a la sala de Urgencias de la Clínica Valle del Lili, que se encuentra a pocos minutos de la Univalle. Al menos 19 testimonios fueron oídos por la Fiscalía para reconstruir este episodio.

Por su parte la Policía, en la voz del entonces comandante metropolitano Gómez Méndez, nunca dejó de negar el ingreso de sus hombres en el claustro. La muerte de Johnny subió los ánimos en la ciudad, y los estudiantes se lanzaron a las calles, e incluso se tomaron la catedral de La Ermita, para exigir que se investigara la muerte de Silva y se sancionaran a los responsables.


La discusión continúa

Lo insólito de la decisión de la Fiscalía es que, si bien se determinó la participación del Esmad en la muerte de Silva, el ente se abstiene de dictar medida de aseguramiento contra el hoy mayor de la Policía Gabriel Bonilla y los dos suboficiales que estaban cerca del lugar donde Johnny fue herido. Es decir, en este proceso, el Esmad es responsable, pero individualmente nadie lo es. Wilman Silva le aseguró a El Espectador que en la Fiscalía le dijeron que nadie sería castigado por tratarse de oficiales con carreras promisorias. “Estoy seguro de que la justicia colombiana no va a actuar. Esperamos lograr algo con la Comisión Interamericana, a donde ya pasamos el caso”.

En su pronunciamiento, la Fiscalía es enfática al manifestar que la autonomía universitaria no exime a ninguna institución de ser objeto de operativos de la Fuerza Pública. Afirmación que alimenta la polémica de los últimos días, luego de que se divulgaran unos videos de encapuchados dentro de la Universidad Distrital de Bogotá.

Recientemente, Cecilia María White, ministra de Educación, aseveró que la Policía seguirá ingresando a las universidades si es necesario, que ése es el mandato del presidente Álvaro Uribe desde antes del incidente con los videos. El coronel Cartagena también aclara que no es decisión de la Policía, sino de las autoridades civiles (alcaldes, gobernadores), permitir el ingreso de los uniformados a los claustros.

“Es que los estudiantes no son ningunas palomas. Yo tengo hombres a los que han herido, hasta los quemado con ácido”, dice el coronel Cartagena, quien afirma que los agentes del Esmad son capacitados por Cruz Roja, Personerías y Defensoría en cuanto al respeto por los Derechos Humanos. No obstante, éstas son las tesis que en los ámbitos estudiantiles son rechazadas con vehemencia.

“¿Por qué la Policía pide que se individualice en casos como los de Silva, pero en cambio, ni ésta ni agencias como el DAS dudan en generalizar cuando se trata de los estudiantes? En Colombia se está cercenando ese escenario natural del debate que es la universidad”, expresa Jaime Arévalo, vocero del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep).

La presencia de Fuerza Pública en las universidades, así como la de encapuchados, no son discusiones de hoy. Son temas que llevan mucho tiempo sobre la mesa, en espera de que las partes lleguen a algún acuerdo. Carlos Ossa, director de la Universidad Distrital, que tanto ha sido cuestionada por el tema de los encapuchados, opina: “La misión de los Esmad es ofrecer garantías durante las protestas, y para eso se debe coordinar con las autoridades universitarias, para que los jóvenes tengan seguridad. Pero cuando, por ejemplo, el DAS señala a toda una organización estudiantil, lo que se está haciendo es abrir camino para intervenir militarmente las universidades, o para asegurar que éstas son focos de terroristas. Y no lo son”.

Derecho a la protesta (tomado de estudiantesuis.org)

Llegó por correo, léanlo y reflexionen

Voy a decirlo de una vez para que no haya confusión: no creo en la lucha armada, no creo en sus métodos de guerra, no creo en la combinación de todas las formas de lucha. La criminalidad de sus actos para conquistar sus objetivos los iguala en fechoría al bando que combaten: un estado mafioso y corrupto que elimina con ayuda de sus compinches paramilitares a todo aquel que haga oposición. No creo en la lucha armada, pero tampoco creo en el estado colombiano. Ambos son iguales: secuestran y asesinan para perpetuarse cada uno en su poder.
En mi opinión, ninguna ideología merece un cadáver. Pero que unos estudiantes se pongan capuchas para hablar en público a sus compañeros e invitarlos a la rebelión, a la insurrección me parece perfectamente legítimo. Primero, porque de eso se trata la democracia (y como esta democracia es imperfecta hay que usar capucha); segundo, porque tenemos un estado ilegítimo, asociado con la mafia y el paramilitarismo que ha llevado a las cáceles a militares, políticos y parientes del presidente de la república y al cementerio a millares de colombianos. Invitar a sublevarse frente a ese estado de cosas es bueno para todos. Y tercero, porque si los estudiantes no se ponen capuchas simplemente los desaparecen, como pasó en Cúcuta con Edwin López y Gerson Gallardo. En la mayoría de las universidades públicas desaparecen siempre al líder que da la cara. Al que no usa capucha.
Desde que existe la Universidad Pública los estudiantes ocultan sus rostros para que no los identifiquen porque ningún gobierno ofrece garantías a sus críticos. Pero que se arme por esto un escándalo sólo muestra que Gina Parodi es una gomelita que estudió en universidad privada y no sabe que en las universidades públicas los estudiantes se encapuchan hasta para pedir rebaja en la matrícula.
La ministra de educación, Cecilia María Vélez White, reconoció en entrevista con Yamid Amad, que en su época de estudiante en la Universidad de Antioquia participó en protestas y tiró piedra. Eso forma parte de la cultura universitaria y lo sabe todo el mundo. Recuerdo una fotografía del genetista Emilio Yunis tirándole piedras al diario El tiempo en el fragor del tropel estudiantil. Deducir de ahí que esos estudiantes son terroristas y autorizar a la fuerza pública a ingresar a la universidad es simplemente una forma de penalizar la protesta, establecer la censura y desaparecer estudiantes.
Dijo el presidente Uribe refiriéndose a los estudiantes encapuchados de la Universidad Distrital: “esos bandidos deben estar en la cárcel”. Entonces recordé a su primo Mario Uribe, a sus compinches del congreso, a Fabio Valencia Cossio, a Juan Manuel Santos (que clamaba por un Fujimori colombiano y se le cumplió el sueño con Álvaro Uribe), recordé los apellidos de todos los que están en el servicio diplomático y me di cuenta que ninguno de ellos está en la cárcel. Entonces, por primera vez estoy de acuerdo con Uribe: “esos bandidos deben estar en la cárcel”.

Escrito por: Renson Said de la Revista Vía libre

Depronto voy a resultar siendo subversivo, porque me permito que muchachos en la Universidad expresen sus puntos de vista"Carlos Ossa Rector U distrit

El rector de la Universidad Distrital, Carlos Ossa Escobar, defendió el derecho a la protesta y libre expresión de los estudiantes siempre y cuando se den bajo el marco de la Ley.

"Yo valoro la protesta, siempre y cuando sea con palabras, no con violencia, y estos muchachos tienen todo el derecho a manifestarse", apuntó Ossa.

El catedrático, se mostró preocupado por los posibles señalamientos que puedan darse a raiz del hecho.

"Me preocupa el Macartismo que estamos viviendo en este país, depronto voy a resultar siendo subversivo, porque me permito que muchachos en la Universidad expresen sus puntos de vista", concluyó Ossa.