Detalles del testimonio que involucra a Uribe con masacre

El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero pasado que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.

Parte de la confesión de Villalba, cuya credibilidad Uribe atacó esta semana, fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, ocurrida en el caserío El Aro en 1997, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.

Villalba no comprometió al mandatario ni a su hermano en los testimonios ante la CIDH, pero su relato fue parte de las pruebas que sirvieron al tribunal para concluir que en la matanza de El Aro agentes de la fuerza pública colaboraron con grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a sangre fría a por lo menos 15 campesinos "en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento’’, según el fallo, de 160 páginas.

El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo del hoy presidente Uribe, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente.

"Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’, expresa la sentencia del CDIH.

Hasta ahora sólo se conocían indirecta y fragmentariamente alguno aspectos de la declaración de Villalba ante la fiscalía colombiana revelados por Uribe sorpresivamente durante una entrevista radial esta semana para rechazar los señalamientos del ex paramilitar.

Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.

"[Alvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Alvaro y Santiago Uribe.

La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.

Villalba denunció la muerte de funcionarios de la fiscalía que investigaban la masacre, el asesinato de activistas de derechos humanos que colaboraban con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y tres atentados, uno de ellos con cianuro que le pusieron en una bebida de malta.

La declaración contiene por los menos dos inconsistencia: que uno de los militares que Villalba mencionó como participante en una reunión a finales de 1997 había fallecido en abril de ese año y que la fecha de la masacre no fue en noviembre, como él sostuvo, sino en octubre de ese año.

Cuando los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500 habitantes en una zona montañosa del norte del departamento de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas, relató Villalba al diario El Colombiano de Medellín.

A unos los mataron de un tiro en la nuca, bocabajo, en la plaza del pueblo; también ultimaron a un joven de 14 años, pero en el caso del dueño del almacén de abarrotes Marco Aurelio Areiza Osorio, un comerciante de 64 años, apreciado en la región por su generosidad, los paramilitares se ensañaron con una pasmosa frialdad.

Según los testimonios obtenidos por Human Rights Watch y periodistas colombianos, le ordenaron al comerciante que preparara un sancocho, y después que lo sirvió lo amarraron a un naranjo y, vivo, le sacaron el corazón, luego los ojos y después le arrancaron los testículos.

Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo vieron todo

"El bujaba [mujía] duro y luego chillaba como un niño’’, le dijo uno de los menores a los periodistas Carlos Giraldo y Miguel Garrido, de El Colombiano.

Los paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre, un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120 paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron unas 900 cabezas de ganado, según documentos judiciales.

Villalba, de 36 años, confesó que había participado en ésta y otras masacres de las AUC.

Tres meses después de los hechos de El Aro, se presentó ante las autoridades judiciales porque estaba cansado de tantas muertes y se habían planeado atentados con los que no concordaba, dijo. Hoy cumple una pena de 33 años de prisión en la penitenciaría La Picota de Bogotá.

Según sus declaraciones a la policía, el Ejército y las AUC planearon la toma de El Aro para escarmentar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y rescatar a unos ocho ganaderos y comerciantes que los rebeldes tenían secuestrados.

Villalba aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunió en una finca de un hacendado —que no identificó— en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó.

"Estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso’’, dijo el testigo.

A la pregunta de si conocía anteriormente a los Uribe, Villalba respondió que en el caso de Alvaro no, pero que Santiago "siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos’’.

Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.

"Supe que era Alvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos’’, dijo Villaba. "Ahí llegó con un escolta, de apellido Serna’’, agregó.

Los ocho secuestrados fueron liberados.

Esta semana Uribe aseguró que jamás he estado en La Caucana.

Villaba declaró a la fiscalía que años después vio de nuevo al escolta Serna, pero esta vez como guardia del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la cárcel de La Picota de Bogotá. Serna lo reconoció y lo saludó, agregó.

En la reunión previa a la masacre estuvieron presentes los cabecillas de las AUC Carlos Castaño, entonces máximo jefe de la organización y quien fue asesinado; Salvatore Mancuso, segundo al mando, y otros que identificó con los alias ‘Noventa’’, "Cobra’’, el Negro Ricardo y Junior.

También acudió un hombre a quien identificó, vacilando, como José Ardila, de las organizaciones de autodefensas campesinas legalizadas por el gobierno y conocidas como las Convivir.

Al referirse al paradero de Ardila, Villalba dijo:

"[Ardila] estaba declarando en contra de Alvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a 60 años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’.

Mancuso fue condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión por la masacres de El Aro y La Granja. En esta última fueron torturadas y asesinadas cinco personas el 11 de julio de 1996.

Según el declarante, Alvaro Uribe "fue invitado por Carlos Castaño’’ a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes.

En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.

"‘Alvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, dijo el testigo.

En cuanto a la finca donde se realizaron las reuniones, el ex paramilitar señaló que "a mano izquierda hay unos corrales y una caballeriza, esa finca no tenía nombre pero todavía existe, nosotros llegamos un día antes [de la reunión], con mis 22 hombres’’.

Villalba declaró ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno especializado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que el encuentro ‘‘fue de día, empezó como a las 10 de la mañana y terminó [a las] 3 de la tarde, después que almorzaron y todo’’.

Según el testigo, Mancuso y Castaño llegaron "en un helicóptero gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente’’ y en la zona ‘habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía’’.

Cuando el fiscal le preguntó si los escuadrones de la muerte recibieron ayuda de de la fuerza pública, Villalba declaró: "Sí doctor, de la IV Brigada [de Ejército]. Lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión; hubieron (sic) retiradas de tropas de los retenes [de control militar en el área], suspendido los retenes de tropa en la carretera’’.

Villalba le dijo al fiscal que con anterioridad a sus declaraciones de febrero de este año había entregado a la justicia detalles de ésta y otros masacres a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Medellín.

También declaró sobre la participación de los hermanos Uribe, de lo cual quedaron grabaciones en cintas magnetofónicas, indicó.

Pero "las grabaciones resultaron en manos de Mancuso’’, explicó Villalba, y los funcionarios del CTI fueron asesinados en septiembre de 1999.

‘A ellos los mataron en Medellín, los mató la gente de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me callara’’, dijo.

La Terraza es una enorme agencia de asesinos a sueldo de Medellín que ha operado bajo la dirección de poderosos narcotraficantes y paramilitares.

Sobre la reunión en la que participaron los hermanos Uribe Vélez, dijo Villalba, también habló varias veces con el director del CTI de Medellín, "un señor de gafitas, joven, y le comenté lo de [la reunión] de La Caucana y no dijo nada, se quedó callado’’.

El testigo aseguró que también habló sobre estos temas con María Teresa Gallo, fiscal especializada de terrorismo y derechos humanos.

"Me prometió muchas cosas, como cambio de identidad, sacarme de la cárcel y mandarme a otro país’’, dijo.

En enero de 2007 Villalba trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por otra masacre cometida por paramilitares en noviembre de 1997 en La Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia.

En esa oportunidad fueron asesinadas 15 personas y entre los responsables, asegura, "también estaba el hermano de Alvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados [sicarios] para eso’’.

Villalba tiene una segunda condena de 37 años de prisión por la masacre de La Balsita. Los ‘‘pelados’’ que habría prestado el hermano del presidente Uribe, pertenecían a la banda paramilitar Los Doce Apóstoles’’, que según varias versiones judiciales comandaba directamente Santiago Uribe.

Villalba afirmó que el 13 de febrero de 1998 decidió entregarse voluntariamente a la Fiscalía, pues militares activos, narcotraficantes y paramilitares planeaban varios crímenes con los que no estaba de acuerdo.

Los planes se cumplieron. Según el testigo, este grupo asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón, al abogado Jaime Umaña y al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Valle había advertido desde 1996 que narcotraficantes, militares y escuadrones de la muerte se disponían a cometer la masacre de El Aro. En respuesta, el hoy presidente Uribe, entonces gobernador de Antioquia, acusó públicamente a Valle de ser enemigo de las fuerzas armadas y el ejército lo enjuició por calumnia.

Luego fue asesinado en Medellín.

A Valle, dice Villalba, "lo mató la banda de La Terraza y a mí me mandaron a que me callara [...] lo mandaron a matar por las investigaciones que llevaba sobre la masacre del Aro. Era uno de los que me ayudaba porque supo cuando yo me entregué y me iban a matar para que no dijera nada’’.

El fiscal que estaba encargado de la investigación de Valle, tuvo que salir del país, dijo.

Además del presidente Uribe y su hermano Santiago, en los expedientes judiciales figuran el ex general Carlos Alberto Ospina —comandante de las fuerzas armadas durante el primer gobierno de Uribe—, quien en el momento de los hechos era comandante de la Cuarta Brigada de Ejército, acantonada en Medellín, y el general de Ejército Alfonso Manosalva Florez, quien según testigos como Villalba y Mancuso entregó a los escuadrones de la muerte la lista de las personas que debían matar en La Granja y El Aro.

El presidente Uribe señaló como una de las inconsistencias de la declaración de Villalba que la afirmación que Manosalva estaba presente en una reunión en noviembre de 1997 con líderes paramilitares cuando éste había fallecido en abril de ese año.

Villalba relató que ha sido víctima de tres atentados. El primero ocurrió en la cárcel de la ciudad de Palmira después de haber hablado con la fiscal Gallo.

"Un muchacho de las autodefensas, Edison Parra, [condenado por un homicidio en el Llano, me dio una puñalada del lado izquierdo, a la altura del pecho’’.

Dos meses después, "en el mismo patio me hicieron otro atentado con cianuro en una Pony Malta [marca de bebida de malta]. Me la hizo Edwin Tirado, también de las AUC, que ahora está en la cárcel de Montería, él era un ex trabajador de Mancuso’’.

"Los atentados se los atribuyó a Mancuso, en esos días yo estaba declarando contra la Fuerza Pública’’, agregó.

La verdad y la guerra de Irak

Un largo reportaje del diario The New York Times, escrito por el periodista David Barstow, reveló esta semana un nuevo detalle de la enorme operación que orquestó el actual gobierno de Washington para desorientar a la opinión pública norteamericana.
La investigación fue hecha a lo largo de dos años, tras examinar más de 8000 documentos reservados del Pentágono (la secretaría de defensa de Estados Unidos) obtenidos con abogados mediante la Freedom Information Act (la norma que rije el acceso a la información oficial de Estados Unidos). Y el hallazgo es sorprendente, a pesar de que la capacidad para manipular la realidad de la actual administración ya es ampliamente conocida.

Barstow revela que desde comienzos de 2002, la subsecretaria de asuntos públicos del Pentágono, Victoria Clarke, lanzó un programa para entrenar analistas militares destinados a servir de comentaristas en las cadenas de television y radio. Aprovechaba así la costumbre de los medios electronicos, iniciada desde la primera guerra del golfo, de contratar militares retirados para ese efecto. Barstow afirma que se trataba de convertir a esos personajes en una especial de caballo de Troya, para que posando como analistas independientes, dieran una visión de los hechos acorde con los intereses de Washington.

Para empeorar las cosas, muchos de los más de 70 ex militares entrenados trabajan o tienen intereses en empresas contratistas relacionadas con el sector defensa. De tal manera que al tener acceso a las cámaras y a los microfonos, sus mensajes no solamente podían favorecer los intereses de la Administración, sino los suyos propios.

Los documentos del Pentágono se refieren a los participantes como “fuerza de multiplicadores de mensaje”. El artículo revela cómo los exmilitares eran entrevistados personalmente por el secretario de defensa Donald Rumsfeld, y atendidos con especial deferencia para asegurar su colaboración irrestricta, en reuniones en las que recibían instrucciones sobre la línea más conveniente a seguir en sus comentarios. Con frecuencia eran invitados a viajes pagados en los que obtenían acceso no solo a instalaciones y operaciones reservadas, sino a los personajes clave para sus propios intereses comerciales.

Revelaciones como esta tendrían que haber desatado en otras épocas un escándalo de grandes proporciones. Pero ello no ha sido así, porque los medios norteamericanos están muy ocupados cubriendo la competencia demócrata por la candidatura presidencial, y porque las mentiras y manipulaciones del gobierno actual, a pesar de lo graves, ya no son una novedad.

Pero sobre todo, porque las mismas cadenas de television y radio, no contentas con cargar con buena parte de la responsabilidad por lo ocurrido, le han aplicado un bloqueo informativo. Eso se entiende, porque fueron ellas quienes abrieron la puerta a que ex militares posaran como “analistas independientes”, haciéndose los de la vista gorda ante los obvios conflictos de intereses.

Tampoco ayuda que sea un periodista de The New York Times quien hace la denuncia, pues ese diario, considerado por muchos como el mejor del mundo, tampoco demostró independencia alguna cuando el gobierno de Bush se preparaba para llevar a cabo su viejo designio de invadir a Irak contra viento y marea. ¿O es que ya se les olvidó a sus directivos, para mencionar apenas uno de una lista enorme de ejemplos, el escándalo de la espía Valerie Plame? En esa ocasión quedó claro cómo el periódico neoyorquino contribuyó a difundir la falsa idea de que agentes de Saddam Hussein trataban de comprar uranio en Níger para producir las supuestas bombas atómicas para destruir a Estados Unidos y su ”american way of life”.

Porque la realidad es que, más allá de los esfuerzos que hoy hagan para limpiar su imagen, la inmensa mayoría de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos participaron por acción u omisión en ese inmenso complot informativo, ya fuera por su propia posición ideologica, o al menos por no quedar como antipatrióticos o “un-American”.

Pero no importa que hayan muerto más de un millón de civiles, ni más de 4000 soldados estadounidenses en Irak, en un conflicto inventado cuyas consecuencias aún son impredecibles. El juicio de responsabilidades ante la historia tal vez nunca se produzca.

Fiscalía ordena captura de primo del Presidente. ( tomado de noticias uno.com

El ex senador Mario Uribe pide asilo en la Embajada de Costa Rica en Bogotá, para evadir su detención.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, halló méritos para ordenar la medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, al ex presidente del Senado, Mario Uribe Escobar, investigado por concierto para delinquir dentro del proceso de la llamada parapolítica.

Mario Uribe, primo y aliado político del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, está sindicado del delito de concierto para delinquir.

Dentro de la investigación se encontraron algunas pruebas de la reunión entre Uribe Escobar y el desmovilizado ex-jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, para la compra de unas tierras.

El ex presidente del congreso había sido vinculado por la Corte Suprema, pero debido a su renuncia a su investidura, determinó que el proceso pasara a la justicia ordinaria. La fiscalía considera que hay suficientes indicios para ordenar la detención de Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe y fundador junto con él del llamado sector democrático del liberalismo en Antioquia.

El ente acusador tiene pruebas de dos reuniones en las que presuntamente Mario Uribe acordó una estrategia para beneficiarse políticamente del apoyo de paramiliatares, una de ellas con Mancuso en el 2006, y la otra a principios del 2000 con miembros de las llamadas autodefensas de Sucre y Córdoba, según la Fiscalía.

El ente acusador acogió la versión de Jairo Castillo, alias 'Pitirri', exparamilitar y testigo estrella en el proceso actualmente asilado en Canadá.

Tan pronto se conoció la orden de detención, el ex senador Mario Uribe Escobar fue a la Embajada de Costa Rica, en Bogotá, para solicitar asilo diplomático con el propósito de evadir su captura.

Uno de sus abogados, José del Carmen Ortega, le dijo a periodistas que Mario Uribe solicitará el asilo porque considera que no tiene garantías para ser procesado en Colombia.

La papa calienteLa papa caliente (tomado de semana)

Mario Uribe no es un primo cualquiera para el presidente Álvaro Uribe. Es más, a pesar de que en realidad son primos segundos, la vida política los ha convertido en hermanos de la vida pública. No sólo llegaron juntos al Congreso en 1986 –la fórmula era Álvaro al Senado y Mario a la Cámara–, sino que compartieron el mismo apartamento en Bogotá. Y, después, cuando Álvaro dejó su curul para lanzarse a la gobernación de Antioquia, Mario heredó toda su fuerza electoral.

El grado de cercanía de Mario Uribe con el Presidente más popular de la historia reciente hace que el caso del hoy ex senador sea el más complicado de las 51 investigaciones que están abiertas contra congresistas por el escándalo de la para-política. Hay todo tipo de interpretaciones mediáticas, simbólicas y políticas que van más allá de la órbita de la investigación judicial. Por eso, al fiscal Mario Iguarán se le ha convertido en una verdadera ‘papa caliente’. Con cara pierde y con sello, también.

Si decide precluir la investigación, de inmediato los opositores del gobierno o quienes, sin ser opositores, creen que hay razones para inculpar a Mario Uribe, dirán que no se podría esperar otra cosa de un fiscal que saltó de ser viceministro de Justicia del gobierno Uribe a investigador del primo del Presidente. No va a importar entonces lo que diga el expediente ni todas las muestras de independencia que Iguarán haya podido dar en los cuatro años de su gestión.

El fiscal Ramiro Marín Vásquez, que tiene en sus manos el proceso contra el ex senador Mario Uribe, es considerado como uno de los más serios del país. Mario Iguarán, lo comisionó en su momento para que capacitara a todos los fiscales de Colombia en el nuevo sistema penal acusatorio Salvatore Mancuso dio dos declaraciones contradictorias sobre una reunión que tuvo con Mario Uribe. Y se apoyó en Eleonora Pineda para aclarar las fechas. La ex congresista aseguró que, entre Mancuso y Uribe, hubo una reunión después de las elecciones de marzo de 2002 para hablar, no de votos, sino de un eventual proceso de paz con las autodefensas La sala penal de la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de abrir la investigación formal en contra del ex senador Mario Uribe. Eso sucedió el 26 de septiembre pasado, el mismo día en que el presidente Álvaro Uribe Vélez participaba en la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York . Arriba, el magistrado Iván Velásquez Gómez Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, testigo estrella de la Corte en el tema de la para-política
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Pero, por el otro lado, si el Fiscal decide dictarle una medida de aseguramiento a Mario Uribe, lo cual indicaría que hay razones para seguir investigando, tendría también que mostrar pruebas sólidas para hacerlo o, de otra manera, el malestar en la Casa de Nariño podría tener dimensiones de hecatombe.

No es la primera vez que un fiscal general se ve enfrentado a casos parecidos. A Alfonso Gómez Méndez le tocó vivir una presión similar cuando tuvo a su cargo la investigación contra tres ministros del presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000. Y ni qué decir de la época de Alfonso Valdivieso, cuando los congresistas también eran investigados a granel.

La tensión en el caso de Mario Uribe ha llegado a su momento culminante, pues en unos 15 días la Fiscalía podría tomar una decisión. En la Casa de Nariño, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en el Congreso, en las ONG, en la academia que le sigue el rastro a la para-política y hasta en La Picota, en el patio de los congresistas presos, los rumores son el pan de cada día.

Con toda razón al Fiscal General se le ha oído decir que, desde el punto de vista de las presiones, el caso de Jorge Noguera, ex director del DAS, es una pera en dulce al lado del de Mario Uribe.
La atmósfera de tensión empezó hace seis meses cuando, el 26 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe. La noticia tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe en Nueva York, donde participaba en la Asamblea de Naciones Unidas. Desde allí dijo: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”.

Un mes después se supo que la incomodidad del mandatario no paró allí. No esperó a llegar a Colombia para llamar directamente, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia. El contenido de la conversación no está claro, pues es la médula de una denuncia penal que interpuso el propio Álvaro Uribe contra el magistrado Valencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

Como se recuerda, la chispa se encendió cuando el magistrado Valencia dijo en una entrevista en El Espectador que Uribe, cuando lo llamó desde Nueva York, le preguntó por el caso de su primo Mario. La Casa de Nariño ripostó de inmediato, señaló a Valencia de no decir la verdad y, a renglón seguido, instauró una denuncia en su contra.
Ese episodio, que en otras circunstancias se habría resuelto con una simple llamada entre las dos partes para aclarar lo ocurrido, demuestra la sensibilidad del caso Mario Uribe. Pocas veces en la historia del alto poder en Colombia un rifirrafe entre tan altos dignatarios había llegado a los tribunales en términos de polígrafos.

Lo cierto es que una semana después de ser llamado a indagatoria por la justicia, Mario Uribe hizo lo que sus amigos le habían recomendado que hiciera mucho antes: renunciar a su calidad de congresista para evitar que la tenaza de la Corte Suprema lo siguiera apretando.
El ‘chicharrón’ le cayó entonces a la Fiscalía Delegada ante la Corte. Aunque nadie lo acepta públicamente, lo cierto es que prácticamente ninguno de los fiscales delegados quería echarse encima la investigación en contra del primo del Presidente. El turno le tocó entonces a Ángela Buitrago, la fiscal que desenterró la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y que entre los pasillos del búnker es considerada como ‘de línea dura’. Sin embargo, unas horas después, el fiscal Mario Iguarán –para evitar sobrecargar a Buitrago con expedientes gordos, según dijo un alto vocero de la Fiscalía– le reasignó el caso a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal que es reconocido por su seriedad, que está a punto de jubilarse y que es conocido por muchos fiscales del país como el maestro del nuevo sistema penal acusatorio.

En diciembre pasado, Mario Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía. De ahí en adelante todo ha sido un verdadero calvario para el investigado y para los investigadores. Cuanto papel se mueve en ese expediente, de inmediato queda en el ojo del huracán. Desde luego que las presiones para la decisión final en el expediente número 11499 no son públicas, pero por debajo de la mesa la cosa es en serio. Es decir, presionan los amigos y los enemigos del Presidente de la República. En sectores de la Corte y de columnistas de prensa, por ejemplo, el jalón de orejas que Álvaro Uribe Vélez les pegó –el 8 de octubre– a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se interpretó como una respuesta al llamamiento a indagatoria de su primo.

Ese día, el primer mandatario, a través de un comunicado de prensa, denunció que la Corte estaba tratando de conseguir testigos en su contra y se refirió concretamente a ‘Tasmania’, un paramilitar del suroeste antioqueño, hoy preso. Al día siguiente se supo que la queja del Presidente estaba conectada con el caso Mario Uribe, pues el abogado de ‘Tasmania’ precisó que al testigo le habrían pedido que declarara también en su contra. En ese momento, el jefe de Estado acusó como responsable de este hecho al que para muchos es la piedra angular de la investigación de la para-política: el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. La denuncia del Presidente sigue en investigación.

Pero la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha quedado quieta. Algunos magistrados, sobre todo los de la sala penal, aún no se reponen de la andanada de Uribe Vélez contra ellos, el 8 y el 9 de octubre. No parece haber otra explicación para que los magistrados, haciendo caso omiso de la autonomía de la Fiscalía, se hayan dedicado a regañar al fiscal Mario Iguarán y, en dos comunicados públicos, darle a entender que la institución a su cargo no ha mostrado la celeridad que ellos quisieran en el tema de la para-política. El llamado de atención de la Corte a Iguarán por la supuesta lentitud en el proceso contra el ex senador Jorge Castro Pacheco también parecería llevar entre líneas un mensaje sobre el caso de Mario Uribe, que lleva seis meses de investigación sin tomar una decisión de fondo. Tampoco parece gratuito el hecho de que la Corte Suprema haya empezado la redada contra los congresistas antioqueños en el momento mismo en que la Fiscalía está a punto de pronunciarse sobre el expediente de Mario Uribe. Es más, personas cercanas al fiscal Mario Iguarán han comentado que desde la Corte Suprema le han llegado voces que le dicen que “para-política sin Mario Uribe no es para-política”.

Y como si fuera poca la tensión, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria enredó más la pita hace dos semanas, al decir en el programa Hora 20 que el tema de Mario Uribe iba por buen camino en la Fiscalía. La pregunta inmediata que suscitó fue: ¿Cómo podía saber la Presidencia en qué iba el proceso? Frente a ese comentario del vocero informal de la Casa de Nariño, el propio Fiscal dijo a la revista Cambio que la actitud de José Obdulio era “perversa”.

No se había acallado el eco de esta polémica cuando se desató otra crisis por cuenta de la columnista María Elvira Samper, quien dijo que Mario Uribe había ayudado a llegar a la Fiscalía al que hoy en día es el encargado de conocer su caso por la para-política, el fiscal Ramiro Marín.

El propio Marín, que nació en Segovia (Antioquia) hace 54 años y llegó en 1992 a la Fiscalía de Medellín, le contó a SEMANA cómo lo reclutaron para la Fiscalía en Bogotá. “A mediados de 2001, en Pereira, conocí al doctor Luis Camilo Osorio. En ese momento yo era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Creo que en Pereira, el doctor Osorio se llevó una buena impresión mía. Después de eso, él fue elegido por la Corte como fiscal general y entonces les pidió referencias mías a varios magistrados. Así fue como, a principios de 2002, el doctor Luis Camilo me invitó a trabajar con él como fiscal delegado ante la Corte”.

En síntesis, el proceso de Mario Uribe está como una olla a presión. Y el vapor político contenido no ha dejado ver los argumentos jurídicos en pro y en contra, que finalmente son aquellos sobre los cuales podrá hacer su valoración la Fiscalía, y la opinión pública su juicio.

¿Qué es lo que hay?
¿Qué tiene el expediente contra Mario Uribe? SEMANA tuvo acceso al informe y básicamente son dos los líos por los cuales se investiga al primo del presidente Uribe.

El primero parte de un testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, el ex paramilitar que trabajó con congresistas como Álvaro García y que se convirtió en el ‘ventilador’ de la para-política en Sucre. Algo parecido a lo que representó Guillermo Pallomari en el proceso 8000. ‘Pitirri’ le dijo a una comisión de la Corte Suprema –que fue a Canadá a tomarle la declaración– que en alguna oportunidad vio a Mario Uribe con paramilitares tratando de hacerse a tierras baratas en Caucasia (Antioquia) y en otra ocasión en reunión en Sahagún (Córdoba), para comprar terrenos en Sucre.

En su defensa, el primo del Presidente ha dicho que no tiene tierras en Caucasia ni en Sucre. Que su única finca queda entre Sahagún y Ciénaga de Oro (Córdoba), que la compró en 1991 y que con el paso de los años lo que ha hecho es comprar otras tierras aledañas. Así mismo, los testigos de esas reuniones han declarado a favor del primo del Presidente. Los informes del CTI dirán si en efecto hay títulos a nombre de Mario Uribe en Caucasia o en Sucre.

El segundo punto de la investigación contra Mario Uribe surgió por el testimonio dado el 15 de mayo del año pasado por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en Medellín. En esa ocasión, el jefe de las Autodefensas se despachó contra figuras clave para el gobierno de Uribe: dijo que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había conspirado con los paras para tumbar al entonces presidente Samper –la Fiscalía ya dictó auto inhibitorio en su favor por este caso–, acusó al vicepresidente Francisco Santos de haber tenido que ver con la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y aseguró que el entonces senador Mario Uribe se había reunido con él –Mancuso– en dos oportunidades y que en una de ellas hablaron de una eventual coalición política con la ex congresista Eleonora Pineda, hoy en prisión.

Pero fue el propio Mancuso quien se encargó posteriormente de dejar sin piso, o por lo menos sin fuerza, esta segunda acusación. En otra de sus declaraciones, el 23 de agosto, es decir tres meses después de la primera arremetida, Mancuso bajó el tono y recordó ante una comisión de la Corte Suprema cómo fue el encuentro con el primo del Presidente: “Eleonora me dice: hice un pacto político con el senador Mario Uribe. Yo le voy a ayudar a él en unos municipios y él me va a ayudar a mí también en algunas zonas del departamento donde él tiene un caudal electoral disponible. Eleonora, ¿por qué no me haces un favor? Preséntame al senador Mario Uribe. Yo quiero hablar con él. Quiero que él entienda el proceso que estamos haciendo de contactos políticos, de avanzar buscando abrir caminos”.

Y agregó que no podía precisar la fecha del encuentro: “Eleonora se presentó con él (...) Yo lo que quería hablar con él era el tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”. Pocos días después, Eleonora Pineda también declaró ante la Corte que la reunión Mancuso-Mario Uribe sí existió, pero después de las elecciones del 10 de marzo de 2002. Es decir, una fecha en la que Mario Uribe no habría podido pedirle votos a Mancuso.
Así las cosas, queda en manos del Fiscal valorar estas pruebas. Pero desde ya, y sobre todo después de la mención hecha por José Obdulio sobre el caso, se escuchan comentarios entre sectores críticos del gobierno, que consideran que la Fiscalía no se ha detenido a investigar posibles testaferratos y a averiguar si en las reuniones con los ganaderos se discutió cómo desplazar campesinos para comprar tierras más baratas. Pero todo esto es especulación, pues hasta ahora no se conoce ni el informe final de la Fiscalía, ni el testimonio del primer desplazado que haya hecho una denuncia en ese sentido que involucre a Mario Uribe.

Más allá del tire y afloje político, e independientemente de si es asegurado o exonerado, la imagen del senador Mario Uribe ha quedado seriamente deteriorada. Desde cuando fundó el partido Colombia Democrática, en 2003, algunos de sus actos han sido muy controvertidos. Recibió en su partido, para las elecciones de 2006, a las polémicas Rocío Arias y Eleonora Pineda, a las que luego tuvo que sacar de sus listas al parecer por presiones de la Embajada de Estados Unidos. Y de los otros cuatro congresistas que salieron elegidos bajo sus banderas, dos están condenados por el escándalo de la para-política (Miguel de la Espriella y Eric Morris), uno más detenido (el senador Álvaro García) y sólo el representante antioqueño William Vélez no se ha visto salpicado.

Todo este calvario se refleja hoy en la figura de Mario Uribe. A sus 58 años, tal vez no había vivido momentos de tanto estrés como estos. En los últimos seis meses ha rebajado siete kilos. Es consciente de que lo que está en juego no sólo es su prestigio, sino también el de su primo el Presidente de la República.

En todo caso, el proceso es muy complicado porque aunque existe la posibilidad de que no haya pruebas contundentes sino simples testimonios interesados, varios parlamentarios están en la cárcel por circunstancias comparables. En el escándalo de la para-política, como sucedió en el proceso 8000, no están todos los que son ni son todos los que están.

La Fiscalía ante tal ‘papa caliente’ no tiene una salida fácil. Si absuelve, los antiuribistas le caerán encima, y si condena, lo harán los furibistas. No es de descartar una fórmula intermedia: ni dictar medida de aseguramiento que ponga tras las rejas al primo del Presidente, ni archivar de un tajo la investigación, sino abstenerse de dictar la medida de aseguramiento pero dejar abierta la investigación hasta su calificación.

Frente a esta encrucijada, el fiscal Ramiro Marín le dijo a esta revista: “Mi vida es muy elemental. Yo, con este proceso, no aspiro ni a que me reciban en clubes, ni a mejorar mi estrato social. Por eso no tengo que lagartearle nada a nadie”. Y agregó: “El país puede saber que en el proceso del doctor Mario Uribe, la decisión que tome será con base en la legalidad, la prueba y la racionalidad”.