La decisión fue provocada por el testimonio de Jorge Luis Salgado, un ex paramilitar que acusó a los uniformados de asesinar, en asocio con las Auc, a los 3 niños y 8 adultos.
"Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro (...) 'Cobra' tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta", afirmó Salgado, oriundo de Carepa (Antioquia), a las autoridades el pasado 30 de enero.
La masacre en la comunidad de paz ocurrió el 21 de febrero del 2005.
Ese día, los cuerpos mutilados y decapitados quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio tapar.
Todas las víctimas eran miembros de un grupo que se declaró neutral dentro del conflicto armado colombiano y que venía pidiendo afanosamente protección especial.
Aunque, desde un comienzo, testimonios indicaron que los responsables de estos hechos eran miembros de la Brigada XVII del Ejército y hombres bajo el mando de Diego Murillo, 'Don Berna', esta es la primera vez que alguien que estuvo en las filas de los verdugos narra la historia.
"Ninguno de nosotros sabíamos hasta dónde llegábamos, solo que teníamos que ir a la vereda La Resbalosa y recorrer la zona en compañía del Ejército", dice el ex 'para'.
En la mira, tres subtenientes
Su testimonio, acaba de precipitar varias decisiones de fondo en este caso emblemático que ya llegó a tribunales internacionales.
Hace 12 días, la Fiscalía le envió una comunicación al comandante del Ejército, general Mario Montoya, en la que le solicita que ordene, a quien corresponda, las capturas de 15 miembros activos de ese cuerpo armado que en el 2005 estaban asignados al área de los hechos.
En la carta, la Fiscalía advierte que inicialmente los uniformados serán escuchados en indagatoria.
Pero uno de los in vestigadores le aseguró a EL TIEMPO que se ordenó su detención "porque existen indicios suficientes para presumir su responsabilidad en los hechos de Apartadó".
En la lista que recibió el general Montoya hay tres subtenientes, cuatro sargentos y ocho cabos.
Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El oficial, varias veces mencionado dentro del expediente, optó por guardar silencio durante toda la diligencia de indagatoria que se le adelantó hace unos meses.
Y aunque su defensa alegó plena inocencia, la Fiscalía optó por acusarlo de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo, en calidad de coautor.
El operador de radio del Héroes de Tolová, Adriano José Cano Arteaga, le aseguró a la Fiscalía que el grupo de Gordillo había salido a patrullar varias veces con los paramilitares.
Cayó 'Cobra'
Su testimonio y el de Jorge Luis Salgado David permitieron que, hace diez días, un fiscal especializado les dictara medida de aseguramiento a los dos ex jefes 'paras' señalados de participar activamente en la masacre.
Se trata de Joel José Vargas Flórez y de José Clímaco Falco, alias 'Cobra', el hombre que supuestamente degolló a la pequeña Natalia, de 5 años.
Y mientras la Fiscalía les define la situación jurídica a los militares implicados, abogados de familiares de las víctimas están pidiendo acceso a los testimonios 'paras' sobre los desgarradores hechos de hace tres años.
Salgado David, por ejemplo, cuenta que el padre de la niña degollada les suplicaba de rodillas que no mataran a los menores.
Además, que la niña creyó que se trataba de un paseo y le guardó a su hermanito una muda de ropa para el viaje.
"Le decía adiós con la manito", recuerda el ex 'para'.
Y añade que la violencia del ataque fue con tal sevicia que cuando se topó con el cadáver de un hombre, presunto guerrillero, casi trasboca.
"Quedó partido, destrozado por el estómago (...) se le veian las tripas y una cosa blanca. Yo me había comido una jamoneta y me dieron ganas de vomitar".
Protección para testigo
Hoy, paradójicamente, Jorge Salgado David, está pidiendo protección.
Un grupo de desmovilizados ha intentado asesinarlo en al menos dos ocasiones porque se está negando a entrar a 'las Águilas Negras', grupo paramilitar emergente con tentáculos en todo el país.
Por suerte, las autoridades ya están tras la pista de los hombres que lo quieren matar.
San José: una comunidad de paz
La masacre ocurrida en el 2005 en San José de Apartadó, y la situación de señalamiento y de estigmatización que derivó de ese hecho en esta comunidad de paz, es uno de los casos que ONG han llevado ante estrados internacionales para acusar al Estado colombiano de no trabajar por la defensa de los derechos humanos.
De hecho, desde el 2002, esta comunidad del Urabá antioqueño tenía medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El organismo internacional le había exigido al Gobierno colombiano medidas para preservar la vida e integridad de los miembros de esa comunidad de paz.
Hoy, más de tres años después de los hechos, este caso y el de otros 170 asesinatos cometidos desde 1997 en San José de Apartadó, se encuentran en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
El caso deberá pasar luego a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, que deberá fallar.
Además, informes de algunos de esos crímenes han sido enviados a la Corte Penal Internacional, al Parlamento Europeo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a otros organismos internacionales.
Los uniformados requeridos
En la carta enviada al general Mario Montoya, la Fiscalía solicita las capturas inmediatas de los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán.
También figuran los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González. Además, los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.
Extraoficialmente se supo que ya se hicieron efectivas cinco capturas.
Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El oficial tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al Batallón Vélez de Carepa (Antioquia), que realizaron la operación 'Fénix' durante los días en los que ocurrió la masacre.
Para el organismo investigador "es claro e innegable su presencia en circunstancias de tiempo y lugar".
Por eso, se le negó la libertad provisional y permanece tras las rejas desde noviembre del año pasado.
En su contra rezan varios testimonios que señalan que el oficial acordó patrullajes conjuntos con 'paras' del bloque 'Héroes de Tolová', que se desmovilizó en medio del proceso de paz con el Gobierno.
Uno de los testigos es Adriano José Cano, quien fue radioperador de esa facción 'para', quien contó a la Fiscalía que, luego de la masacre, el capitán recriminó a los 'paras' por lo que habían hecho.
"Les dijo que fue una embarrada muy grande", sostuvo, y agregó que los militares no hicieron nada para evitar el crimen ni para perseguir a los responsables.
El ahora ex 'para' aseguró que los miembros de las Auc eran los guías del Ejército, pero cuando llegaron a las viviendas de los campesinos "entraron a las casas, intimidaron, torturaron y mataron" usando machetes y armas de fuego.
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