Sin pena ni gloria se hundió proyecto de reforma de Ley 30: Crónica de una muerte anunciada

Junio 21/10 Pese a ser parte del paquete de proyectos que el Gobierno Nacional solicitó al Congreso de la República para que se estudiaran con mensaje de urgencia, la propuesta de reforma al aspecto financiero de la Ley 30 de 1992 (proyecto de Ley 238), se cayó con el cierre de las sesiones del Senado de la República, por falta de voluntad política, asistencia de los congresistas de la Comisión VI y lobby del Ministerio de Educación Nacional.

La propuesta nació en un momento inoportuno, con el significativo rechazo de la Universidad Nacional de Colombia y la llegada de algunos oportunistas que pretendían aprovechar el momento para incluir, a manera de “micos”, algunos otros temas a la Ley. Si se quiere insistir en la iniciativa, ésta deberá volverse a tramitar en un nuevo Gobierno, con un nuevo ministro de Educación y con un nuevo Congreso de la República.


¿Por qué se cayó el proyecto?


1. Por el momento político. Pues fue radicado en abril pasado, en el último semestre, de los 16 que la administración de Cecilia María Vélez gobernó, después de un innecesario desgaste político y estratégico de este Ministerio, y ante un Congreso sin motivaciones algunas tras las elecciones de marzo pasado, cuando ya se conocí que varios de los senadores no seguirían, que no habría tampoco re-elección, ni argumentos ni escenarios suficientes para beneficiarse políticamente del proyecto.


2. Por oportunista. Pues para muchos analistas, el proyecto fue visto más como un esfuerzo del Gobierno, y concretamente de la ministra Cecilia María Vélez, de “lavarse las manos” ante la universidad pública, que siempre la ha cuestionado por su poco respaldo al patrocinio financiero de las IES del SUE, pese a su fuerte incremento de la cobertura con los mismos recursos inerciales de comienzos de la década de los 90.


La mayoría de analistas no apostaron mucho por el proyecto, ni siquiera varios de los consultores que se lucraron del mismo, pues eran conscientes que en la academia ésta no es la forma más adecuada de tramitar modificaciones de este impacto. Aunque verbalmente el texto tenía el apoyo de una mesa de Trabajo ASCUN-MEN sobre Asuntos Constitucionales y Legales, integrada por rectores representantes de ACIET, ACICAPI, ACIUP, SUE y CESU, muchos de ellos no estuvieron dispuestos a quemarse las manos en la discusión.


Por su parte, frente al tema, la ministra parece despachar tranquila sus últimas semanas, pues hizo una apuesta en la que consideró que ganaba en ambos escenarios (aprobación o hundimiento de la propuesta). Si pasaba lo podía presentar como un éxito de gestión. Si no pasaba, como ha sucedido, puede “echarle” la culpa al Congreso, argumentando que su Cartera hizo todo el esfuerzo para dar sostenibilidad financiera a la Universidad Colombiana en los próximos años, pero que fue el Legislativo quien no colaboró.


3. Por falta de gestión. Para otros, fue precisamente un comportamiento poco diligente del mismo MEN el que incidió en el hundimiento, pues no fue eficaz en las labores de lobby con los senadores de la Comisión VI, a tal punto que en los últimos días de la legislatura no hubo quórum por falta de muy pocos senadores, y no se conoció exactamente quiénes fueron los verdaderos dolientes de la propuesta.


4. Por el no respaldo de la U. Nacional, que abiertamente rechazó –a diferencia de sus instituciones pares en el SUE, la propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, por considerar que ésta no respondía efectivamente al problema real de financiamiento de la educación superior en Colombia. Aunque el proyecto les significaba en el mediano plazo recibir más transferencias, para la Unal esto no era suficiente, y públicamente se enfrentó al Ministerio, lo cual tuvo un impacto entre algunos congresistas y eco entre los del Polo Democrático, que fue la única bancada que abiertamente asumió el análisis del tema.


Para el Polo Democrático Alternativo, “los gastos adicionales en los que han incurrido las universidades públicas no fueron contemplados en la base presupuestal definida en la Ley 30 de 1992, lo que a primera vista justificaría una revisión de la actual formula definida en la Ley. De acuerdo con el informe del SUE del 2009, las universidades públicas, en cumplimiento de la normatividad expedida con posterioridad a la expedición de la Ley 30 de 1992, han destinado más de $469 mil millones de pesos con corte a diciembre de 2007, para atender los nuevos gastos de funcionamiento. En ese mismo sentido, en los últimos cinco años ha habido un crecimiento en la infraestructura, del 17 %, al pasar de 2.178.000 metros cuadrados a 2.522.000, y en cuanto a la cualificación docente, entre 2003 y 2007, el conjunto de universidades del SUE incrementó el número de docentes con título de doctorado en 47,6%, pasando de 835 profesores en Equivalente Tiempo Completo con título de doctorado a 1.233, lo que implica mayores remuneraciones a los profesores universitarios”.


5. Por los posibles “micos” y reformas que se pegarían a la Ley, y que incitaron el distanciamiento del Ministerio frente al mismo proyecto, pues según se comentó en el Congreso, la ministra prefería que el proyecto se hundiera a cambiarle una sola coma, pues algunas asociaciones y directivos de instituciones no universitarias querían incidir en el articulado con temas diferentes a los propios de legislación.


¿Qué sigue ahora?

Por el momento la situación no varía, la ministra empaca maletas, el entorno educativo entra en vacaciones y la gabinetología comienza a actuar para tratar de adivinar quién será el próximo ministro de Educación.

Mientras tanto, las IES oficiales siguen con el mismo apretón financiero y no se vislumbra en el corto plazo quién ni cómo se puede liderar un proceso de reforma real y estructural de la Ley 30, pues las otras propuestas que inicialmente pretendió estudiar el actual MEN, relacionadas con tipología institucional y articulación del sistema, entre otras, se quedaron en documentos borradores de los consultores contratados para ello.


Información de referencia: Texto del proyecto de Ley radicado por la ministra



TOMADO DE:

El Observatorio de la Universidad Colombiana