A tres años de haber empezado este proceso y con mas de 200 publicaciones en este debenir contrainformativo y contracultural, les hacemos la invitacion a que se inmiscuyan en nuestra pequeña cruzada informativo (contrainformativa) enviandonos sus textos y noticias a estudiantesuptc@hotmail.com.
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Estudiantes UPTC: Desde Boyacá pa' sumercé publicando fotos,vídeos y documentos que aporten a la construcción y la organización. yeldebate en los diferentes espacios políticos por la defensa de los derechos de las clases populares y la lucha por la construcción del poder popular.
28 nov 2010
Una vía de paramilitarización y criminalizacion. Jibarización de la universidad pública en Bogotá *
Del consumo transgresor a la jibarización de la u.p.
En los años 60, al lado de la masificación universitaria se inicia la irrupción creciente del consumo de drogas entre la población estudiantil, práctica legitimada por las clases medias cultas y corrientes intelectuales, como posturas contraculturales, opuestas a las costumbres conservadoras, que encontraban “nuevas formas de expresión” en anfetaminas, LSD, marihuana, y como protesta contra los valores preestablecidos de la sociedad capitalista o simplemente como vehículo para desprenderse de cánones sociales inmersos en el conservadurismo. Desde entonces, entre los universitarios, el consumo de drogas se relaciona con los discursos de transgresión.
Pero con los años y el desarrollo de la cadena productiva del narcotráfico, el consumo universitario tendió a despolitizarse y mercantilizarse. En la despolitización del consumo operó su masificación, sobre todo el que en los 90 y lo corrido del siglo XXI aparecieron pequeños expendedores, los “jíbaros”, traficantes quizá relativamente independientes de la red jerárquica de esta economía ilícita y liderada por los carteles de la droga. Incluso, algunos jíbaros universitarios podían justificar el negocio y la ampliación del mercado a partir de combinar y reivindicar el consumo como contracultura y retos transgresores.
Claro que esta versión, difundida entre los grupos contraculturales, desconoce que, simultáneamente, una de las tácticas de contrainsurgencia y control social para desbaratar tejidos sociales rebeldes es la introducción de droga. Así fue en los 60 en los guetos urbanos de Estados Unidos con presencia de partidos de izquierda como Los Panteras Negras; también, en los 80 de Colombia, cuando numerosas experiencias de organización popular en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín fueron erosionadas por la presencia de una compleja relación entre organismos de seguridad y redes de narcotráfico.
De todos modos, la jibarización de la universidad significó la despolitización de espacios sociales y asimismo la desarticulación de los sujetos ligados a ellos, al desplazar por diversas vías (promoción del individualismo a ultranza, control impositivo del espacio, amenazas a las expresiones universitarias que cuestionaran tales prácticas) los códigos de interpretación de la sociedad, las mentalidades y el sentido con que se apreciaba el rol de la Universidad y los universitarios. Junto a tales procesos de desarticulación social y despolitización, sucumben también las formas más extendidas de apreciación académica y preocupación política que la vida colectiva universitaria tendía a realizar sobre la sociedad. Ello ocurrió ante el silencio y muchas veces los acuerdos y componendas que sectores de poder universitario tuvieron con los jíbaros, vistos como aliados y piezas claves en la dinámica política de la vida universitaria.
Nuevas formas de control urbano paramilitar y desplazamiento de los “jíbaros tradicionales”
En los últimos siete años, junto al crecimiento del consumo ilícito en los campus y el incremento de amenazas gubernamentales, militares y paras de un mayor control y disciplinamiento de las universidades públicas, está el desplazamiento o la subordinación de los antiguos jíbaros semiindependientes, por parte de las nuevas estructuras urbanas de las redes paramilitares.
La Secretaría de Gobierno (Respuesta a la Proposición 016 de 2008 presentada por el concejal Jaime Caycedo) sostiene que uno de los objetivos de los grupos paras es consolidar su poder mafioso a partir del control y la subordinación de la economía ilegal e informal de la ciudad, incluyendo el control del tráfico de drogas en barrios y universidades.
Es conocida la estrategia paramilitar de controlar todo el mercado de la droga, desde los capos de cartel y sus subordinados, traquetos, sicarios, soplones, infiltrados, hasta el lugar más bajo de la cadena: los jíbaros. Esta red incluye también a organismos de seguridad del Estado. Normalmente, los jíbaros tienen buenas relaciones con estas instancias estatales, de quienes reciben protección a cambio de información.
Ante los controles internacionales al comercio de la droga, los narcos paras se adaptan para sobrevivir, lo que implica una fuerte lucha por el control territorial y la promoción masiva del consumo de droga en mercados urbanos que fueron de pequeños jíbaros semiindependientes. En esta cadena, los jíbaros, que no han podido acceder a la exportación de drogas, se contentaban con organizar la venta al detal en calles, colegios y universidades, pero ahora empiezan a ser subordinados de grupos paramilitares.
Llama la atención lo que en Bogotá ocurre con el mundillo de la droga, a lo cual no es ajena la universidad pública. En julio de 2008, la Policía dio a conocer el ‘hallazgo’, en la denominada zona del Bronx, de una escuela de sicarios dirigida por alias ‘Gancho’ o ‘Rigo’, perteneciente al grupo La Cordillera. Este traficante administraba una red de sicarios con la que ha logrado controlar las principales ‘ollas’ de la ciudad, las redes de jíbaros, la ampliación del mercado y la monopolización de otros renglones de la economía urbana paramilitar.
El grupo La Cordillera fue la estructura sicarial y mafiosa creada por Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, en Risaralda; tras sangrienta batalla con pequeñas bandas de jíbaros y traficantes, monopolizó el mercado en Pereira y Dos Quebradas, organizando el censo de ‘ollas’ y jíbaros y estableciendo escuelas de sicarios para vigilar el negocio. La Cordillera y La Escalera tienen relaciones con las Águilas Negras en el Viejo Caldas, y al parecer decidió, como parte de la nueva estrategia para, ampliar operaciones en ciudades como Bogotá.
Esto es tan así que, por ejemplo, en la Universidad Distrital los jíbaros tradicionales hicieron circular un extraño mensaje en 2008. En él denunciaban la llegada de nuevos grupos de expendedores al campus de la Sede Macarena y la pugna territorial, con riesgo para la comunidad universitaria. En la Distrital, docentes y estudiantes se muestran alarmados, pues la batalla entre pequeñas mafias puede tender a la confrontación armada, más cuando los jíbaros (nuevos y viejos) ingresan con armas al campus para defender sus intereses.
El modo como los nuevos jíbaros paras operan en espacios públicos culturales, su intencionalidad de despolitizar para afianzar el mercado de la droga, se ejemplifica con hechos como el acontecido en el Parque del Periodista en Medellín. Allí los jíbaros les declararon la guerra a los integrantes del periódico Universo Centro por sus iniciativas de llevar exposiciones de arte popular, pintura, fotografía, lecturas y libros al Parque. Paro los jíbaros, el interés era convertirlo en ‘olla’ para que los jóvenes paisas fueran simplemente a consumir.
Lo de Medellín no es más que la confrontación entre las estructuras de la ‘oficina’ de Envigado y las del cartel del Norte del Valle, al mando de ‘Don Pedro’ por controlar los cobros por seguridad y vigilancia, y sobre todo del rentable negocio de sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y el bazuco.
¿A quién le sirve la jibarización de las u.p. en Bogotá?
La nueva modalidad de jibarización paramilitar es una estrategia multipropósito:
* Posibilita el monopolio del creciente mercado en los espacios universitarios, camino abierto por supuestos jíbaros al servicio de una supuesta transgresión cultural. Ahora, el escenario cambia y se torna favorable para los traficantes, en la medida del incremento de la oferta educativa pero al tiempo la precarización presupuestal para el sector y el desinterés institucional por densificar ofertas culturales alternativas y formativas, capaces de atraer las nuevas poblaciones.
* Permite que los grupos paras ejerzan control territorial y vigilancia en la Universidad, considerada por estos grupos como ‘centro de comunismo’, instalando redes de soplones, y tejiendo lealtades a partir del miedo y el cobro de impuestos a los vendedores de cigarrillos, dulces y otras mercaderías.
* Despolitiza la vida universitaria, y atemoriza o neutraliza el activismo crítico, limitado en su acción por el temor de que los jíbaros cumplan sus amenazas.
* Incrementa la estigmatización de la universidad pública al legitimar los discursos de criminalización que el gobierno actual despliega para justificar su presencia militar en las universidades públicas de Bogotá.
En Bogotá y la u.p. en general, todo indica que el régimen quiere, a como dé lugar, controlar y disciplinar la u.p., a cuyo propósito sirve la jibarización por la consiguiente política de securitización. Ésta es la inscripción de temas en la agenda de seguridad como resultado de la incapacidad o la falta de voluntad política para abordarlos en los marcos políticos y jurídicos normales. Se trata de ampliar el concepto y la agenda de seguridad a facetas que deben ser abordadas en el ámbito político, económico, social y ambiental.
El informe de riesgo 048-06 de 2006, de la Defensoría Delegada para evaluar el riesgo de la población civil como secuela del conflicto armado, empieza a registrar las universidades públicas de Bogotá como zonas en riesgo por paramilitares, explicitando el campus de la Nacional, la sede Macarena donde funciona la Facultad de Ciencias y Educación de la Distrital, y la Universidad Pedagógica Nacional en La Porciúncula. Ello exige redefinir conceptos y prácticas de defensa de la u.p., y abrir la discusión sobre el consumo, visto no sólo desde enfoques clínicos o policivos sino además como parte de las estrategias de copamiento y control de la universidad.
* texto de 2009 pero nos brinda luces y explicaciones para los procesos en las universidades coloombianas
En los años 60, al lado de la masificación universitaria se inicia la irrupción creciente del consumo de drogas entre la población estudiantil, práctica legitimada por las clases medias cultas y corrientes intelectuales, como posturas contraculturales, opuestas a las costumbres conservadoras, que encontraban “nuevas formas de expresión” en anfetaminas, LSD, marihuana, y como protesta contra los valores preestablecidos de la sociedad capitalista o simplemente como vehículo para desprenderse de cánones sociales inmersos en el conservadurismo. Desde entonces, entre los universitarios, el consumo de drogas se relaciona con los discursos de transgresión.
Pero con los años y el desarrollo de la cadena productiva del narcotráfico, el consumo universitario tendió a despolitizarse y mercantilizarse. En la despolitización del consumo operó su masificación, sobre todo el que en los 90 y lo corrido del siglo XXI aparecieron pequeños expendedores, los “jíbaros”, traficantes quizá relativamente independientes de la red jerárquica de esta economía ilícita y liderada por los carteles de la droga. Incluso, algunos jíbaros universitarios podían justificar el negocio y la ampliación del mercado a partir de combinar y reivindicar el consumo como contracultura y retos transgresores.
Claro que esta versión, difundida entre los grupos contraculturales, desconoce que, simultáneamente, una de las tácticas de contrainsurgencia y control social para desbaratar tejidos sociales rebeldes es la introducción de droga. Así fue en los 60 en los guetos urbanos de Estados Unidos con presencia de partidos de izquierda como Los Panteras Negras; también, en los 80 de Colombia, cuando numerosas experiencias de organización popular en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín fueron erosionadas por la presencia de una compleja relación entre organismos de seguridad y redes de narcotráfico.
De todos modos, la jibarización de la universidad significó la despolitización de espacios sociales y asimismo la desarticulación de los sujetos ligados a ellos, al desplazar por diversas vías (promoción del individualismo a ultranza, control impositivo del espacio, amenazas a las expresiones universitarias que cuestionaran tales prácticas) los códigos de interpretación de la sociedad, las mentalidades y el sentido con que se apreciaba el rol de la Universidad y los universitarios. Junto a tales procesos de desarticulación social y despolitización, sucumben también las formas más extendidas de apreciación académica y preocupación política que la vida colectiva universitaria tendía a realizar sobre la sociedad. Ello ocurrió ante el silencio y muchas veces los acuerdos y componendas que sectores de poder universitario tuvieron con los jíbaros, vistos como aliados y piezas claves en la dinámica política de la vida universitaria.
Nuevas formas de control urbano paramilitar y desplazamiento de los “jíbaros tradicionales”
En los últimos siete años, junto al crecimiento del consumo ilícito en los campus y el incremento de amenazas gubernamentales, militares y paras de un mayor control y disciplinamiento de las universidades públicas, está el desplazamiento o la subordinación de los antiguos jíbaros semiindependientes, por parte de las nuevas estructuras urbanas de las redes paramilitares.
La Secretaría de Gobierno (Respuesta a la Proposición 016 de 2008 presentada por el concejal Jaime Caycedo) sostiene que uno de los objetivos de los grupos paras es consolidar su poder mafioso a partir del control y la subordinación de la economía ilegal e informal de la ciudad, incluyendo el control del tráfico de drogas en barrios y universidades.
Es conocida la estrategia paramilitar de controlar todo el mercado de la droga, desde los capos de cartel y sus subordinados, traquetos, sicarios, soplones, infiltrados, hasta el lugar más bajo de la cadena: los jíbaros. Esta red incluye también a organismos de seguridad del Estado. Normalmente, los jíbaros tienen buenas relaciones con estas instancias estatales, de quienes reciben protección a cambio de información.
Ante los controles internacionales al comercio de la droga, los narcos paras se adaptan para sobrevivir, lo que implica una fuerte lucha por el control territorial y la promoción masiva del consumo de droga en mercados urbanos que fueron de pequeños jíbaros semiindependientes. En esta cadena, los jíbaros, que no han podido acceder a la exportación de drogas, se contentaban con organizar la venta al detal en calles, colegios y universidades, pero ahora empiezan a ser subordinados de grupos paramilitares.
Llama la atención lo que en Bogotá ocurre con el mundillo de la droga, a lo cual no es ajena la universidad pública. En julio de 2008, la Policía dio a conocer el ‘hallazgo’, en la denominada zona del Bronx, de una escuela de sicarios dirigida por alias ‘Gancho’ o ‘Rigo’, perteneciente al grupo La Cordillera. Este traficante administraba una red de sicarios con la que ha logrado controlar las principales ‘ollas’ de la ciudad, las redes de jíbaros, la ampliación del mercado y la monopolización de otros renglones de la economía urbana paramilitar.
El grupo La Cordillera fue la estructura sicarial y mafiosa creada por Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, en Risaralda; tras sangrienta batalla con pequeñas bandas de jíbaros y traficantes, monopolizó el mercado en Pereira y Dos Quebradas, organizando el censo de ‘ollas’ y jíbaros y estableciendo escuelas de sicarios para vigilar el negocio. La Cordillera y La Escalera tienen relaciones con las Águilas Negras en el Viejo Caldas, y al parecer decidió, como parte de la nueva estrategia para, ampliar operaciones en ciudades como Bogotá.
Esto es tan así que, por ejemplo, en la Universidad Distrital los jíbaros tradicionales hicieron circular un extraño mensaje en 2008. En él denunciaban la llegada de nuevos grupos de expendedores al campus de la Sede Macarena y la pugna territorial, con riesgo para la comunidad universitaria. En la Distrital, docentes y estudiantes se muestran alarmados, pues la batalla entre pequeñas mafias puede tender a la confrontación armada, más cuando los jíbaros (nuevos y viejos) ingresan con armas al campus para defender sus intereses.
El modo como los nuevos jíbaros paras operan en espacios públicos culturales, su intencionalidad de despolitizar para afianzar el mercado de la droga, se ejemplifica con hechos como el acontecido en el Parque del Periodista en Medellín. Allí los jíbaros les declararon la guerra a los integrantes del periódico Universo Centro por sus iniciativas de llevar exposiciones de arte popular, pintura, fotografía, lecturas y libros al Parque. Paro los jíbaros, el interés era convertirlo en ‘olla’ para que los jóvenes paisas fueran simplemente a consumir.
Lo de Medellín no es más que la confrontación entre las estructuras de la ‘oficina’ de Envigado y las del cartel del Norte del Valle, al mando de ‘Don Pedro’ por controlar los cobros por seguridad y vigilancia, y sobre todo del rentable negocio de sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y el bazuco.
¿A quién le sirve la jibarización de las u.p. en Bogotá?
La nueva modalidad de jibarización paramilitar es una estrategia multipropósito:
* Posibilita el monopolio del creciente mercado en los espacios universitarios, camino abierto por supuestos jíbaros al servicio de una supuesta transgresión cultural. Ahora, el escenario cambia y se torna favorable para los traficantes, en la medida del incremento de la oferta educativa pero al tiempo la precarización presupuestal para el sector y el desinterés institucional por densificar ofertas culturales alternativas y formativas, capaces de atraer las nuevas poblaciones.
* Permite que los grupos paras ejerzan control territorial y vigilancia en la Universidad, considerada por estos grupos como ‘centro de comunismo’, instalando redes de soplones, y tejiendo lealtades a partir del miedo y el cobro de impuestos a los vendedores de cigarrillos, dulces y otras mercaderías.
* Despolitiza la vida universitaria, y atemoriza o neutraliza el activismo crítico, limitado en su acción por el temor de que los jíbaros cumplan sus amenazas.
* Incrementa la estigmatización de la universidad pública al legitimar los discursos de criminalización que el gobierno actual despliega para justificar su presencia militar en las universidades públicas de Bogotá.
En Bogotá y la u.p. en general, todo indica que el régimen quiere, a como dé lugar, controlar y disciplinar la u.p., a cuyo propósito sirve la jibarización por la consiguiente política de securitización. Ésta es la inscripción de temas en la agenda de seguridad como resultado de la incapacidad o la falta de voluntad política para abordarlos en los marcos políticos y jurídicos normales. Se trata de ampliar el concepto y la agenda de seguridad a facetas que deben ser abordadas en el ámbito político, económico, social y ambiental.
El informe de riesgo 048-06 de 2006, de la Defensoría Delegada para evaluar el riesgo de la población civil como secuela del conflicto armado, empieza a registrar las universidades públicas de Bogotá como zonas en riesgo por paramilitares, explicitando el campus de la Nacional, la sede Macarena donde funciona la Facultad de Ciencias y Educación de la Distrital, y la Universidad Pedagógica Nacional en La Porciúncula. Ello exige redefinir conceptos y prácticas de defensa de la u.p., y abrir la discusión sobre el consumo, visto no sólo desde enfoques clínicos o policivos sino además como parte de las estrategias de copamiento y control de la universidad.
* texto de 2009 pero nos brinda luces y explicaciones para los procesos en las universidades coloombianas
26 nov 2010
La contralora denuncia nuevos casos de contratación paralela
La Contralora General de la República, Sandra Morelli, denunció el jueves que escándalos por nóminas paralelas en las entidades del Estado, como el que se detectó en el Inpec, también ocurren en la Defensoría del Pueblo y en algunas universidades del país.
Morelli indicó que en el Inpec se registran 1.112 contratos paralelos por fuera de las nóminas oficiales, 2.307 en la Defensoría, 1.495 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja) y 1.221 por parte de la Universidad de Amazonas (en el Caquetá).
“Me demoré un poco haciendo la tarea (de investigar sobre las nóminas) porque el tema de esta contratación de servicios de personal, incluso para cumplir funciones que ordinariamente cumple la planta, que es lo que se llama nómina paralela y está prohibido, aparece en los rubros de inversión y entonces toca hacer una labor de ‘cirugía’ para identificar con toda exactitud el tema”, señaló la Contralora.
Morelli indicó que en el Inpec se registran 1.112 contratos paralelos por fuera de las nóminas oficiales, 2.307 en la Defensoría, 1.495 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja) y 1.221 por parte de la Universidad de Amazonas (en el Caquetá).
“Me demoré un poco haciendo la tarea (de investigar sobre las nóminas) porque el tema de esta contratación de servicios de personal, incluso para cumplir funciones que ordinariamente cumple la planta, que es lo que se llama nómina paralela y está prohibido, aparece en los rubros de inversión y entonces toca hacer una labor de ‘cirugía’ para identificar con toda exactitud el tema”, señaló la Contralora.
16 nov 2010
Boyacá sigue siendo uno de los departamentos más pobres del país
Se ubica en el puesto 15 de pobreza extrema con un 22,1%, cuando el promedio nacional es del 16%.
Mientras sus vecinos habitan lujosas residencias y cenan a diario alimentos frescos y recién preparados, Concepción Contreras, de 78 años de edad, muchas veces tiene que comer las sobras que le regalan en los restaurantes del norte de Tunja.
Ella es natural de Chivatá, vive en inmediaciones de la vereda Pirgua, a un costado de la avenida Universitaria, entre los barrios Arboleda y Santa Helena, cerca del colegio Cristo Rey, y es una de las personas que engrosa las vergonzosas cifras de pobreza en Boyacá.
"Todos los días de mi vida son de pobreza extrema. Yo vivo de lo que me regala la gente, la ropa, la comida y hasta el calzado. A diario salgo a las 8:00 de la mañana a buscar comida para mí y para mi esposo que tiene 91 años de edad, está muy enfermo, no se puede parar de la cama y no puede trabajar", dijo Concepción Contreras.
Este es tan solo uno de los casos que se observan en las principales ciudades del departamento, pero la pobreza extrema en el campo es aún más alarmante y golpea a muchas más familias, quienes no cuentan con ingresos fijos y solo dependen de lo que les dé las cosechas de pan coger que están a merced del estado del tiempo.
Gustavo Tobo Rodríguez, defensor del Pueblo para Boyacá señaló que en sectores como el occidente del departamento, donde muchas personas viven de la minería, actividad que está en decadencia, la situación es aún peor y mencionó que actualmente muchos niños y jóvenes escasamente reciben a diario la alimentación que les ofrecen en los restaurantes escolares.
El problema es de tal magnitud que el propio presidente de la República Juan Manuel Santos, reconoció en el Acuerdo para la Prosperidad celebrado en Tunja que mientras el promedio nacional de pobreza es del 45,5 por ciento Boyacá supera ampliamente esa cifra al 53,3 por ciento.
"En materia de pobreza extrema el promedio nacional es de 16,4 por ciento y el departamento de Boyacá tiene 22,1 por ciento", mencionó Santos.
Por su parte el gobernador de Boyacá, José Rozo Millán, indicó que en el trabajo conjunto entre la Nación, el departamento y la red Juntos ya se identificaron cuántos son, cuáles son y dónde están los pobres más pobres y encontraron que este flagelo afecta, en mayor proporción, a las provincias de La Libertad, Valderrama, Norte, Gutiérrez y Occidente.
Diego Molano Aponte, alto Consejero Presidencial y Director de Acción Social, apuntó que las principales causas son desnutrición, analfabetismo, desempleo y mínimas condiciones de habitabilidad en áreas rurales.
Los alcaldes y la pobreza
José Roldán Maldonado Pérez, alcalde de Paya, mencionó que la pobreza en su municipio es consecuencia del abandono al que han sido sometidos por parte del estado.
"La falta de atención del gobierno nacional, especialmente en el tema de infraestructura vial, es uno de los problemas que genera que la gente no pueda comercializar sus productos y por lo cual se presenta pobreza. Aunque en este periodo el Gobernador nos ha ayudado con recursos para construir la vía a Morcote", dijo el Mandatario de Paya.
Celso Miguel Mendieta Navas, alcalde de San Pablo de Borbur, mencionó que la disminución en la producción de las minas de esmeraldas en el corregimiento de Coscuez es el factor que genera más pobreza en su municipio.
"Estamos buscando alternativas para implementar proyectos productivos agrícolas para que la gente tenga otras alternativas de ingreso diferentes a la minería. También estamos trabajando en el fortalecimiento de los cultivos de cacao y frutales para acceder a otros ingresos", apuntó el Alcalde de San Pablo de Borbur.
A su turno, Samuel Bohórquez Vásquez, alcalde de Cubará sostuvo que la pobreza en su municipio se puede dividir en dos sectores: la de los colonos y la de los indígenas Uwa.
"La pobreza de los indígenas se debe a un nivel alto de abandono del Estado con ellos, pues no existen una política clara y definida para protegerlos como población vulnerable", puntualizó el Mandatario de Cubará, quien agregó que la pobreza de los colonos se puede atribuir al desplazamiento de los habitantes por el conflicto armado que se vive en Arauca.
"La falta de oportunidades y el poco apoyo del nivel central que hace que los recursos se centralice a las ciudades donde hay más poder electoral, causa un nivel de desarrollo muy bajo en nuestro municipio", dijo.
'Falta política publica', Defensor del Pueblo
"Hay que empezar a trabajar para garantizar empleo digno, educación y alimentación de buena calidad, salud y vivienda digna. Aún estamos lejos del deber ser".
Con estas palabras el defensor del Pueblo, Gustavo Adolfo Tobo Rodríguez, aseguró que en Boyacá aún hace falta una política pública contundente y definitiva que conduzca a garantizarle a la gente ingresos dignos para superar los altos índices de pobreza que registra el departamento.
"En el occidente, por ejemplo, la pobreza raya a niveles casi de de miseria. Allí hay familias que le roban un pedazo de tierra a una montaña, arman 'cambuche' y se meten a vivir de lo que puedan", mencionó Tobo.
El Defensor del Pueblo apuntó que el problema de la pobreza en el departamento es grave y es un problema confirmado.
"El hecho de que se pretenda seguir mostrando los programas de Presidencia como la panacea, aunque sí ayudan y de alguna manera alivian la situación de pobreza, no son la solución a los problemas", sostuvo Tobo Rodríguez.
Mientras sus vecinos habitan lujosas residencias y cenan a diario alimentos frescos y recién preparados, Concepción Contreras, de 78 años de edad, muchas veces tiene que comer las sobras que le regalan en los restaurantes del norte de Tunja.
Ella es natural de Chivatá, vive en inmediaciones de la vereda Pirgua, a un costado de la avenida Universitaria, entre los barrios Arboleda y Santa Helena, cerca del colegio Cristo Rey, y es una de las personas que engrosa las vergonzosas cifras de pobreza en Boyacá.
"Todos los días de mi vida son de pobreza extrema. Yo vivo de lo que me regala la gente, la ropa, la comida y hasta el calzado. A diario salgo a las 8:00 de la mañana a buscar comida para mí y para mi esposo que tiene 91 años de edad, está muy enfermo, no se puede parar de la cama y no puede trabajar", dijo Concepción Contreras.
Este es tan solo uno de los casos que se observan en las principales ciudades del departamento, pero la pobreza extrema en el campo es aún más alarmante y golpea a muchas más familias, quienes no cuentan con ingresos fijos y solo dependen de lo que les dé las cosechas de pan coger que están a merced del estado del tiempo.
Gustavo Tobo Rodríguez, defensor del Pueblo para Boyacá señaló que en sectores como el occidente del departamento, donde muchas personas viven de la minería, actividad que está en decadencia, la situación es aún peor y mencionó que actualmente muchos niños y jóvenes escasamente reciben a diario la alimentación que les ofrecen en los restaurantes escolares.
El problema es de tal magnitud que el propio presidente de la República Juan Manuel Santos, reconoció en el Acuerdo para la Prosperidad celebrado en Tunja que mientras el promedio nacional de pobreza es del 45,5 por ciento Boyacá supera ampliamente esa cifra al 53,3 por ciento.
"En materia de pobreza extrema el promedio nacional es de 16,4 por ciento y el departamento de Boyacá tiene 22,1 por ciento", mencionó Santos.
Por su parte el gobernador de Boyacá, José Rozo Millán, indicó que en el trabajo conjunto entre la Nación, el departamento y la red Juntos ya se identificaron cuántos son, cuáles son y dónde están los pobres más pobres y encontraron que este flagelo afecta, en mayor proporción, a las provincias de La Libertad, Valderrama, Norte, Gutiérrez y Occidente.
Diego Molano Aponte, alto Consejero Presidencial y Director de Acción Social, apuntó que las principales causas son desnutrición, analfabetismo, desempleo y mínimas condiciones de habitabilidad en áreas rurales.
Los alcaldes y la pobreza
José Roldán Maldonado Pérez, alcalde de Paya, mencionó que la pobreza en su municipio es consecuencia del abandono al que han sido sometidos por parte del estado.
"La falta de atención del gobierno nacional, especialmente en el tema de infraestructura vial, es uno de los problemas que genera que la gente no pueda comercializar sus productos y por lo cual se presenta pobreza. Aunque en este periodo el Gobernador nos ha ayudado con recursos para construir la vía a Morcote", dijo el Mandatario de Paya.
Celso Miguel Mendieta Navas, alcalde de San Pablo de Borbur, mencionó que la disminución en la producción de las minas de esmeraldas en el corregimiento de Coscuez es el factor que genera más pobreza en su municipio.
"Estamos buscando alternativas para implementar proyectos productivos agrícolas para que la gente tenga otras alternativas de ingreso diferentes a la minería. También estamos trabajando en el fortalecimiento de los cultivos de cacao y frutales para acceder a otros ingresos", apuntó el Alcalde de San Pablo de Borbur.
A su turno, Samuel Bohórquez Vásquez, alcalde de Cubará sostuvo que la pobreza en su municipio se puede dividir en dos sectores: la de los colonos y la de los indígenas Uwa.
"La pobreza de los indígenas se debe a un nivel alto de abandono del Estado con ellos, pues no existen una política clara y definida para protegerlos como población vulnerable", puntualizó el Mandatario de Cubará, quien agregó que la pobreza de los colonos se puede atribuir al desplazamiento de los habitantes por el conflicto armado que se vive en Arauca.
"La falta de oportunidades y el poco apoyo del nivel central que hace que los recursos se centralice a las ciudades donde hay más poder electoral, causa un nivel de desarrollo muy bajo en nuestro municipio", dijo.
'Falta política publica', Defensor del Pueblo
"Hay que empezar a trabajar para garantizar empleo digno, educación y alimentación de buena calidad, salud y vivienda digna. Aún estamos lejos del deber ser".
Con estas palabras el defensor del Pueblo, Gustavo Adolfo Tobo Rodríguez, aseguró que en Boyacá aún hace falta una política pública contundente y definitiva que conduzca a garantizarle a la gente ingresos dignos para superar los altos índices de pobreza que registra el departamento.
"En el occidente, por ejemplo, la pobreza raya a niveles casi de de miseria. Allí hay familias que le roban un pedazo de tierra a una montaña, arman 'cambuche' y se meten a vivir de lo que puedan", mencionó Tobo.
El Defensor del Pueblo apuntó que el problema de la pobreza en el departamento es grave y es un problema confirmado.
"El hecho de que se pretenda seguir mostrando los programas de Presidencia como la panacea, aunque sí ayudan y de alguna manera alivian la situación de pobreza, no son la solución a los problemas", sostuvo Tobo Rodríguez.
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