Oyendo a los tirapiedra: [Ramiro Bejarano Guzmán]‏

En Bogotá, para no ir muy lejos, la protesta estudiantil de esta semana para muchos se reduce a que unos “muérganos” o “mamertos” pararon el tráfico perturbando la vida de industriales, banqueros, profesionales, amas de casa y, en fin, de las auto proclamadas fuerzas vivas de la sociedad.

En Medellín la enhiesta Universidad de Antioquia estuvo cerrada muchos días, hubo desórdenes y pedreas, sin que nacionalmente tal noticia mereciera un solo comentario. Los estudiantes reclamaban contra la imposición de una tarjeta que para ellos constituía una forma de persecución y control a la actividad política, académica y cultural. Semejante discusión a nadie le importó fuera del campus.

Lo mismo ocurre en el resto del país, porque los reclamos estudiantiles tienen muy pocos dolientes, sobre todo cuando provienen de universidades públicas. Yo mismo confieso que ante las gravísimas denuncias de Petro por la supuesta corrupción en la contratación en Bogotá, y las revelaciones de un testigo que compromete a José Obdulio en extrañas reuniones con las gentes del DAS que ejecutaron la campaña de desprestigio contra la Corte Suprema, dudé entre escribir sobre el drama estudiantil u ocuparme de estos escándalos. Como a lo del Distrito y a las andanzas de José Obdulio les faltan varios capítulos, ya habrá tiempo para ellos.

El alboroto que se ha armado en las universidades públicas, al cual se están sumando importantes sectores de las privadas, tiene que ver con su preocupación legítima por la reducción de aportes estatales a la educación pública. La queja es la de que en el proyecto de ley por medio del cual se pretende decretar el presupuesto nacional para la vigencia del año 2011, los recursos para la educación pública superior, en vez de incrementarse, se reducirían.

Si la cosa es como la pintan los estudiantes, no sólo tienen el derecho sino además la obligación de rebelarse, porque ya va siendo hora de que en el presupuesto nacional se refleje la voluntad política de prestarle atención a la educación superior pública.
Sabido es que los candidatos de todos los partidos pregonan como plato fuerte de sus propuestas a los potenciales electores, la intención de multiplicar la educación estatal. Pero otra historia se presenta apenas llegan al poder. Por lo menos en el anterior gobierno, todo se invirtió en la seguridad democrática, tanto que somos uno de los países que más gastan en equipos y adecuación de la Fuerza Pública, y menos en los programas educativos.

De lo que va corrido del gobierno Santos, todavía es prematuro sostener que la “prosperidad democrática” conservará los cuantiosos gastos militares, con desmedro de la inversión social y los programas educativos. Falta ver si la novel ministra de Educación, María Fernanda Campo, legitima los disparos de las tribunas intolerantes del uribismo, en particular del senador Juan Lozano, a quien por primera vez en muchos años le dio por criticar a los ministros, obviamente más por cuenta ajena que propia.

En todo caso, por ahora los estudiantes tienen razón en estar acuartelados y en protestar como lo están haciendo. ¡Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso!
Adenda. Miguel Nule prende el ventilador y su abogado, Jaime Granados Peña, le renuncia al poder. Tan tardío retiro, que se intentó justificar con un comunicado escurridizo y nada convincente del penalista, se produce sólo cuando su cliente lanza explosivas declaraciones de corrupción. Si eso no es oportunismo, entonces ¿qué será?